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A 30 años del
golpe en la Argentina de 1976, la participación de Estados Unidos Luiz Alberto Moniz
Bandeira* Marzo 2006 Henry Kissinger, asesor
de Seguridad Nacional del presidente Richard Nixon (1969/1974) y después
secretario de Estado hasta el final del gobierno del presidente Gerald Ford
(1974/1977), diferenciaba entre el “agressive totalitarianism and other
governments that, with all their imperfections, are trying to resist foreign
pressure or subversion and that thereby help preserve the balance of power in
behalf of all free peoples”. Los gobiernos, “with all their imperfeccions”, eran las
dictaduras militares, cuya implantación estimulaba Estados Unidos, para
preservar el equilibrio de poder a favor de “all free peoples”(1), aunque esos
pueblos no fuesen libres, como en el caso de Chile, aunque, sí, la comunidad de
los hombres de negocios norteamericanos y sus asociados, de otras
nacionalidades. Tal argumentación llevó a Kissinger no sólo a tolerar sino también
a estimular la sangrienta represión en la Argentina. A pesar de que la CIA
–cuyas actividades en Chile investigaba el Church Committee– mantuviese,
aparentemente, cierta distancia del golpe de Estado que derribó al gobierno de
Maria Estela Martínez de Perón (Isabelita), el 24 de Marzo de 1976 (2), el
Departamento de Estado estaba perfectamente informado sobre la conspiración y
no tomó ninguna iniciativa para abortarla. Sabía
que el Congreso argentino sería clausurado y que “the military government would
be conservative one and would have as its most urgent goals the crushing of
terrorism, the elimination of corruption from the government and the labor
movement”(3). Esperaba que el gobierno militar en la Argentina fuese “friendly
toward the United States” y previó que, con la intensificación de la lucha
contra las guerrillas él “would be almost certain to engage in human right
violations”, provocando “internacional criticism”, y generando en la
opinión pública de Estados Unidos presiones que “would complicate our relation
with the new regime”(4) . Finalmente, el report del Bureau of Inter-American
Affairs observó que el reconocimiento del nuevo régimen no presentaría ningún
problema para Estados Unidos, que podía hacerlo, de acuerdo con sus normas,
tras recibir una nota del gobierno militar argentino y reconocerlo “preferably
after several Latin American states had done so”(5). Como lo anticipara el Bureau of Inter-American Affairs, las
ejecuciones no sólo de argentinos, sino también de disidentes políticos
exiliados –chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños y paraguayos–
recrudecieron en la Argentina después de la caída de Isabelita Perón. Hasta dos
ciudadanas norteamericanas, Gwenda Loken López y Mercedes Naveiro Bender,
residentes en Buenos Aires, fueron capturadas y salvajemente torturadas. El
19/20 de Mayo, fueron asesinados dos parlamentarios uruguayos, el senador
Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Tales hechos
repercutieron en Estados Unidos, donde las revelaciones del Church Committee
sobre el papel de la CIA en el golpe de Chile y los asesinatos de líderes
políticos iban a impactar la conciencia democrática de gran parte de la
población. Robert Hill, embajador norteamericano en Buenos Aires, le trasmitió
entonces al subsecretario de la presidencia de la Argentina, Ricardo Yofre, las
preocupaciones existentes en Estados Unidos en referencia a la violación de los
derechos humanos que estaban ocurriendo en Argentina. Yofre declaró que el
general Jorge Rafael Videla, presidente de la Junta Militar, también quedó
alterado con los secuestros y asesinatos, pero explicó que la Argentina estaba
envuelta en “an all-out war against subversion” y que, al calor de la batalla,
habría “inevitably be some violations of human rights". Añadió que el
gobierno tenía planes para incrementar drásticamente la campaña “against
the terrorists very shortly”(6) . Alegó que el problema era aun más
complicado, dado que había numerosos grupos operando sin su control, y que
probablemente fueron ésos los que raptaron y asesinaron al senador Michelini y
al diputado Gutiérrez Ruiz(7) . No obstante, en la definición del general
Videla, “el terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o
colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a
nuestra civilización occidental y cristiana”(8). Pocos días después de la conversación del embajador Robert Hill
con el subsecretario de la Presidencia, la situación se agravó todavía más,
cuando otra ciudadana norteamericana Élida Beatriz Messina, coordinadora en
Buenos Aires de la Fulbright Commission, fue raptada y torturada por las
fuerzas de seguridad de la Argentina(9) . El embajador Hill tuvo que hacer
diligencias junto al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina,
almirante César Augusto Guzzetti. Empero, las violencias prosiguieron, cada vez
con mayor intensidad. El 3 de Junio apareció el cadáver del general Juan José
Torres, que había sido depuesto del gobierno en Bolivia(10) . El embajador Hill
informó al Departamento de Estado que había “considerable circumstantial
evidence” de que las fuerzas de seguridad de la Argentina habían ejecutado a
los parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez, así como al general
boliviano Torres, y en otro telegrama remarcó que “(1)
that Armed forces and intelligence services of all these countries cooperate to
some extent, (2) That all these governments are capable of covert
killing(11).” En la misma época, con el conocimiento de la CIA, los servicios de
inteligencia de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago
de Chile, y crearon un sistema computadorizado, bajo el código de Cóndor, y
determinaron establecer una red internacional de comunicaciones y expandirla,
inclusive en Europa. También decidieron emprender una serie de acciones
conjuntas, en varias fases, apuntando a coordinar la represión y eliminar a los
adversarios de los regímenes dictatoriales existentes en los países del
Cono Sur. La tercera fase y la más secreta de la Operación Cóndor, según el
documento desclasificado por la Defense Intelligence Agency (DIA), del Ejército
norteamericano, consistió en formar equipos especiales de los países miembros a
fin de que viajasen por todo el mundo y ejecutasen sanciones, que incluían
hasta asesinatos, contra supuestos terroristas o contra quienes apoyasen sus
organizaciones, o sea, contra adversarios políticos de los regímenes militares
instalados en el Cono Sur. Esos adversarios no eran sólo los que recurrían a la
lucha armada, indistintamente acusados de ser “terroristas”, sino también los
que se oponían políticamente a la dictadura. Si un adversario político o uno
que apoyase a la organización adversa estuviese en Europa, un equipo especial
de la Operación Cóndor sería enviado para localizarlo y vigilarlo. Cuando
culminase la localización y la vigilancia, un segundo equipo de la Operación
Cóndor sería enviado para aplicar la sanción efectiva contra aquél adversario.
Un país proveería documentación falsa al equipo de asesinos, formado por
agentes de otro país. Una de las primeras víctimas fue el general
chileno, Carlos Prats, que se rebeló contra el golpe de Pinochet y
estaba exiliado en Buenos Aires. En la madrugada del 7 de Septiembre de 1974,
cuando salía del automóvil donde viajaban él y su esposa, explotó una bomba,
matándolos a ambos. Los documentos desclasificados en Estados Unidos evidenciaron que
la CIA y otros servicios de inteligencia estimularon y apoyaron la integración
de las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y
Bolivia, iniciativa aplaudida en Washington y percibida como necesaria para
contraponerse al “international terrorism”, representada por las organizaciones
políticas de izquierda, que recurrieron a la lucha armada contra los regímenes
militares y formaron la Junta Coordinadora Revolucionaria en 1974(12). “The political tragedy of this story is that the military leaders
who carried out the assassinations and mass murders looked to the
United States for technical assistance and strategic leadership” – escribió el
periodista norteamericano John Dinges(13). Diplomáticos, agentes de los servicios de
inteligencia y militares norteamericanos estuvieron íntimamente asociados con
las instituciones que ejecutaban la represión. Los servicios de inteligencia de
Estados Unidos proporcionaron entrenamiento, material de apoyo,
informaciones y sistemas de comunicaciones a los agentes de la Operación Cóndor
y diseminaron inteligencia sobre secuestros y torturas, que éstos
ejecutaban(14). Tanto la CIA como el Departamento de Estado tenían
bastantes informaciones, pero nada hicieron para desalentar e impedir las
sistemáticas violaciones de los derechos humanos y frustrar los planes de
asesinato de la Operación Cóndor(15). El propio contralmirante César
Augusto Guzzetti(16) , ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, que
se había referido, en Santiago de Chile, a la necesidad de coordinar las
actividades de los diversos servicios de seguridad, le dijo a Kissinger, el día
10 de Junio de 1976, que el “main problem in Argentina is terrorism” y
que liquidarlo era la primera prioridad del gobierno. Después resaltó que el problema del terrorismo era general en todo
el Cono Sur y que el gobierno de la Argentina iba a apoyar los esfuerzos
conjuntos, para integrar a los países vecinos(17) . Kissinger, a su vez, le declaró
que la situación política en Estados Unidos era “crazy”, estaba claro que James
Earl Carter sería el candidato del partido Demócrata a la sucesión de Ford y
que había fuertes presiones domésticas para que se hiciese alguna cosa sobre
los derechos humanos. “A curious time, when
political, criminal, and terrorist activities tend to merge without any clear
separations – comentó (18). Y, complacientemente, observó que “if there are
things that have to be done, you should be done, you should do them quickly”,
para volver rápidamente a los “normal procedures.” Kissinger explicó que,
en Estados Unidos había presiones por causa de los derechos humanos, y
reconfortó a Guzzetti, diciendo: “We want you to succeed.
We do not want to harass [sic] you. I will do what
I can(19).” Dado que las constantes violaciones de los derechos humanos en la
Argentina, inclusive por causa de la prisión y tortura de tres ciudadanas
norteamericanas, iban a repercutir en la opinión pública de Estados Unidos, el
embajador Hill, el 17 Septiembre de 1976, volvió a hablar sobre el asunto con
el almirante Guzzetti y éste le retrucó, diciendo que Kissinger esperaba que el
gobierno de la Argentina terminase “as quickly as possible” con el problema de
los terroristas, como eran llamados quienes resistían y se alzaban contra el
régimen militar(20). El gobierno militar argentino entendía que Kissinger
les daba pleno apoyo y estaba en lo cierto. Algunas semanas después de la
conversación del embajador Hill con Guzzetti y el asesinato de Orlando
Letelier, ex-embajador de Chile (gobierno de Allende) en Estados Unidos, y su
secretaria, Ronni Moffit (21 de Septiembre), en la tercera fase de la Operación
Cóndor(21) , el subsecretario de Estado, Charles W. Robinson, acompañado por el
secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Harry
Shlaudeman, recibió en Washington al almirante Guzzetti y dijo que era
posible entender que el gobierno argentino fuese duro, al principio, pero
era importante avanzar hacia una postura moderada. Estados Unidos era “an
idealistic and moral country”, cuyos ciudadanos tenían gran dificultad en
comprender el tipo de problema que estaba enfrentando la Argentina. Añadió que
la tendencia era aplicar “our moral standards” y la Argentina debía entender la
reacción del Congreso en referencia a los préstamos y la asistencia
militar. Según Robinson, el pueblo norteamericano, “right or wrong”,
tenía la percepción de que en la Argentina había “a pattern of gross violations
of human rights”, y bajo la legislación vigente la Administración podría ser
impedida de votar a favor de financiamientos en el Banco Interamericano de
Desarrollo. “The government is placed in a difficult
position” – acentuó, indicando algunos motivos, entre otros, el hecho de
que “many well meaning people in the United States, though perhaps
somewhat naïve, who indiscriminately take the side of those imprisoned in
Argentina”. Ese
pensamiento era reforzado cuando el gobierno argentino negaba rápido acceso
consular a sus ciudadanos presos (22) . Kissinger envió a las Embajadas señales de que la defensa de los
derechos humanos era de baja prioridad, subordinada a los objetivos
estratégicos de Estados Unidos y desanimó los informes sobre las violencias y
abusos cometidos por los regímenes militares, en los países de América del sur.
Quería evitar que se reavivaran las protestas en Washington. Al recibir al
almirante Guzzetti en una suite del Waldorf Astoria Hotel (7 de Octubre), en
Nueva York, recomendó que el gobierno argentino se apresurase en terminar la
dirty war antes de que el Congreso norteamericano se reuniese y cortase la
ayuda militar. De acuerdo con el Memorandum of
Conversation, desclasificado por requerimiento del National Security Archive,
Kissinger le dijo: “Look, our basic attitude is that we would like you to
succeed. I have an old-fashioned view that friends ought to be supported. What
is not understood in the United States is that you have a civil war. We read
about human rights problems but not the context. The quicker you succeed the better…
The human rights problem is a growing one. Your Ambassador can apprise you. We
want a stable situation. We won't cause you unnecessary difficulties. If you
can finish before Congress gets back, the better. Whatever freedoms you could
restore would help (23).” El almirante Guzzetti informó que las “terrorist organizations”
serían desmanteladas y que, si continuasen así, el peligro estaría resuelto
alrededor de fin de año, aunque pudiesen producirse atentados aislados. Kissinger insistió: “When will they be overcome? Next Spring?” Guzzetti
aclaró que sería alrededor del final de aquel año, 1976, y Kissinger manifestó
una vez más su comprensión y apoyo a lo que ocurría en la Argentina. Esa
“guerra sucia” contra la “subversión” y el “terrorismo”, a la cual Kissinger y
otras autoridades de la administración de Gerald Ford dieron su beneplácito,
dejó, entre 1976 y 1983, por lo menos 8.960 argentinos “desparecidos”, en su
gran mayoría trabajadores (30,2%) y estudiantes (21%) (24) , que fueron
secuestrados, torturados, clandestinamente ejecutados, muchos de los cuales
fueron arrojados vivos al medio del Río de la Plata, mientras cerca de 8.625
personas permanecieron presas por largos anos, durante el régimen militar (25)
. El número de muertos, según algunos cálculos,
llegaría a cerca de 30.000, contando a los guerrilleros del
Ejército Revolucionario del Pueblo (de origen trotskista) y de las Formaciones
Especiales de la Juventud Peronista (Montoneros), muertos en el interior de la
Argentina. * Luiz Alberto Moniz Bandeira,
cientista político y profesor titular de Historia de Política Exterior de
Brasil en la Universidad de Brasilia (retirado) y autor de varias obras, entre
ellas Formación del Imperio Norteamericano (De la guerra contra España a la
guerra en Irak), del cual fue extraído el texto aquí publicado. Notas 1)The Washington Post, 25/9/1977. Apud Schoultz, 1987, p. 116. Dinges,
2004, p. 158. 2)Sáenz Quesada, 2003,
p. 424. 3)Report. Secret. 13 February 1976. From: Bureau of
Inter-American Affairs – William Rogers. To: Secretary of State – Henry
Kissinger. Subject/Title: Possible Coup in Argentina. Agency: Department of
State. Source: U.S. Government Chile De-Classification Project. National
Security Archive. 4) Ibid. 5) Ibid. 6) Secret – EXDIS. Document Number 1976 - Buenos03460. Info –
OCT-01 - ISO-000 SS-00 – 065165 – P 251156z May 76 – From Amembassy
Buenos Aires to Sec, State WashDC – Piority 5774 – Secret – Section 1 of
Buenos Aires 3460. National Security Archive. 7) Ibid. 8) Apud Sáenz Quesada,
2004, p. 659. 9) Esas organizaciones
fueron Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Chile), Ejército
Revolucionario del Pueblo (Argentina), Frente de Liberación Nacional –
Tupamaros (Uruguay), Frente de Liberación Nacional de Bolivia, entre otras. 10) Dinges, 2004, p. 2. 11) Id., ibid., p. 250. 12) Esas organizaciones
fueron Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Chile), Ejército
Revolucionario del Pueblo (Argentina), Frente de Liberación Nacional –
Tupamaros (Uruguay), Frente de Liberación Nacional de Bolivia, entre otras. 13) Dinges, 2004, p. 2. 14) Id., ibid., p. 250. 15) Id., ibid., p. 2. 16) El
contralmirante Guzzetti sufrió, posteriormente, un atentado con bomba y quedó
paralizado. Participants:The United States: The Secretary, the Under Secretay
Roger et alt. Argentina: Foreign Minister Guzzetti, Ambassador Carasales,
Ambassador Pereyra et lat. Distribution: ARA, S/P. . State Department Opens
Files on Argentina's Dirty War. National Security Archive. 18) Memorandum of Conversation. Santiago Chile, June 6, 1976.
Secretary’s Suite. 8:10 a.m. – 9:15 a.m. Participants:The United States: The Secretary, the Under Secretay
Roger et alt. Argentina: Foreign Minister Guzzetti, Ambassador
Carasales, Am,bassador Pereyra et lat. Distribution: ARA, S/P. Ibid. El
encuentro de Kissinger con Guzzetti ocurrió el 10 de Junio, durante una reunión
en Santiago de Chile, pero el Memorandum of Conversation, por error, fue
fechado el 6 de Junio. 19) Ibid. 20) Document Number: 1976Buenos06130. Case Number: 200000044 - Buenos
Aires 06130 202213Z Action SS-25 P 202115Z – From: Amembassy Buenos Aires. To:
SecState WashDC Priority – 7180. Subject: Other aspects of September 17
conversations with Foreign Minister Ref: Buenos Aires 6100. 21) El general
Alejandro Fretes Davalos, jefe del Estado Mayor das Forças Armadas do Paraguay,
informó al embajador norteamericano Robert White que todos los jefes de
los servicios de inteligencia de los
países de América del Sur en la Operación Cóndor se mantenían en contacto uno
con otro a, través de las instalaciones de comunicación de Estados Unidos en la
Zona del Canal de Panamá que cubrían toda América Latina Esas instalaciones
eran empleadas para coordinar las informaciones de inteligencia en los países
del Cono Sur. State Department
Cable, U.S. Ambassador Robert White (Paraguay) to Secretary of State Cyrus
Vance, Subject: Second Meeting with Chief of Staff. Letelier Case, October 20,
1978, Confidential. Ese telegrama fue descubierto por el
profesor J. Patrice McSherry, de la Universidad de Long Island, y publicado por
el New York Times, el 6 de Marzo de 2001. http://www.gwu.edu/-nsarchiv/mews/20010306/.
Department of State of
State – Memorandum of Conversations. Date: Oct. 7, 1976. Secret – NODIS.
Subject: Secretary’s Meeting with Argentine Foreign Minister Guzzetti. Date,
Time and Place: October 7, 1976; 5:15 P.M., Secretary’s Suite Waldorf Astoria
Hotel, New York. Participants: Argentina - Foreign Minister Cesar Augusto
Guzzetti, Ambassador to The United States Arnaldo T. Musich, Ambassador to the
United Nations Carlos Ortiz: U.S. – The Secretary, Under Secretary Philip Babib
et alt.. Source: Freedom of Information Act request by the National Security
Archive, released November 2003. National Security Archive. Ese
Memorandum no está entre los 4700 desclasificados en Agosto de 2002 por
Argentina Declassification Project of the U.S. Department of State. Informe de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas: Nunca Más, pp. 479/481. Vide
también Boccia Paz et alt., 2002, p. 188. Verbitsky, 2003, p.
El gobierno de Juan
José Torres, de carácter militar-nacionalista, fue derribado en Agosto de 1971
por el general Hugo Banzer, golpe estimulado también por el Brasil. 22) Ibid. 23) Department of State of State – Memorandum of Conversations. Date:
Oct. 7, 1976. Secret – NODIS. Subject: Secretary’s Meeting with Argentine
Foreign Minister Guzzetti. Date, Time and Place: October 7, 1976; 5:15 P.M.,
Secretary’s Suite Waldorf Astoria Hotel, New York. Participants: Argentina
- Foreign Minister Cesar Augusto Guzzetti, Ambassador to The United
States Arnaldo T. Musich, Ambassador to the United Nations Carlos Ortiz: U.S. –
The Secretary, Under Secretary Philip Babib et alt.. Source: Freedom of
Information Act request by the National Security Archive, released November
2003. National Security Archive. Ese Memorandum no está
entre los 4700 desclasificados en Agosto de 2002 por Argentina
Declassification Project of the U.S. Department of State. 24) Informe de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas: Nunca Más, pp. 479/481.
Vide también Boccia Paz et alt., 2002, p. 188. Verbitsky, 2003, p. 25) Informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas: Nunca Más, pp. 408/409. 25 Stateman, May 27, 1976. Elida Beatriz
Messina to George S. Beckett, Security Officer of the U.S. Departament of
State. Witnessess: Charles R. Meyer, Cultural Affairs Officer – USIS –
28/05/1976. State Department Opens Files on Argentina's Dirty War.
National Security Archive. Los documentos de la Argentina’s
Dirty War fueron editados por el historiador Carlos Osorio, director del
Southern Cone Documentation Project en el National Security Archive. |