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ACUERDO DE
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN ARGENTINO –BRASILEÑO Alberto J. Sosa Febrero de 1989 1.- Introducción. Las nuevas tendencias del
sistema internacional a nivel económico nos indican que está en vías de
consolidarse un proceso de internacionalización del capital que involucra sus
aspectos comerciales (desde los ´50 – Acuerdo General de Tarifas y
Comercio-GATT), productivos (’60 –
Empresas transnacionales-Ets) y financieros (mediados ’70 – Banca Internacional
Privada-BIP). Este fenómeno de internacionalización creciente se refleja en la
emergencia y consolidación de actores
transnacionales financieros y productivos de capital privado. Por otra
parte, los Estados nacionales se organizan o reúnen en torno de mercados de
grandes dimensiones como Estados Unidos de América (EUA), Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), Japón, República Popular China, Comunidad
Económica Europea (CEE), Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecom), Asociación del Sudeste Asiático de Naciones
(Asean), etc. Asimismo, dentro del sistema
capitalista a nivel internacional se está produciendo un desplazamiento del eje
de predominancia económica desde el Atlántico Norte hacia el Pacifico Sur. El
noroeste anglosajón es desplazado por la pujanza, productividad y creciente
innovación tecnológica de Japón que
proyecta su influencia sobre los países recientemente industrializados( siglas
en inglés Nics) asiáticos y
aparentemente sobre la nueva dirigencia de la República Popular China. Sin
embargo, debemos señalar que la correlación de fuerzas en el eje militar se
mantiene dentro de los tradicionales cauces de la bipolaridad. A nivel político, las
oleadas descolonizadoras de la segunda posguerra y de los ’60 produjeron la
emergencia de un Tercer Mundo que se organizó a nivel global en el Movimiento
de No Alineados (Monoal) y en el Grupo de los Setenta y Siete (G-77) y a nivel
Regional en la Liga de los Estados Arabes, la Organización de la Unidad
Africana y la Conferencia Islámica. América Latina, como parte del Tercer Mundo, se intentó organizar a nivel
económico a través del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), de
Alalc-Aladi, Pacto Andino, etc. A pesar de estos avatares el
Tercer Mundo no logró traducir su gravitación numérica en organización política
ya que el plexo de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas,
sistematizadas en el Derecho de los Pueblos y en el Derecho Internacional del
Desarrollo, carecen de coactividad jurídica. La revolución
científico-tecnológica que se desenvuelve en los laboratorios de las Ets, con
sede central en países industrializados de economía de mercado, produce una
mutación profunda en las técnicas y estilos productivos que aumenta la brecha
existente entre los países centrales y los del Tercer Mundo. Dicha brecha,
amenaza la sobrevivencia de las mayorías nacionales de los países
subdesarrollados, especialmente los monoproductores. La respuesta de los Estados
latinoamericanos a este proceso de internacionalización del capital ha sido
inadecuada e insuficiente, ya que no logró regular la penetración e
interiorización de sus mercados. La no convergencia entre la acumulación
internacional del capital y la hegemonía doméstica del Estado latinoamericano,
engendra una serie de contradicciones y desbordes, ya que un reducido, pero
concentrado número de actores transnacionales privados (financieros y
productivos), no se encuentran sometidos al control y regulación gubernamental
local. La estatalidad
latinoamericana resulta ineficaz e impotente para controlar los desbordes y
soportar las colisiones con actores y procesos transnacionales que evaden su
coercibilidad ya que sus centros
decisionales se encuentran situados en los países industrializados de economía
de mercado. El Estado argentino, a través de su
sector dirigente, debería brindar adecuada respuesta no sólo al proceso de
acumulación de capital a nivel mundial y al surgimiento de actores que
desbordan los limites de su jurisdicción doméstica, sino que debería replantear
la inserción económica internacional del país. Dicha inserción basada en la comercialización de su producción
agraria se halla amenazada por los avances logrados por la biotecnología,
produciendo artículos sucedáneos de la producción alimentaria. Por otra parte, los
exportables agrarios argentinos se hallan sometidos a una serie de
circunstancias que degradan su valorización internacional ya que el deterioro
de los términos del intercambio, el proteccionismo y el dumping de los
gobiernos de EUA y de la CEE, en resguardo de sus excedentes agrícolas,
vulneran la capacidad de maniobra del gobierno argentino para conseguir las
divisas necesarias, que le permitan satisfacer sus necesidades de importación,
de inversión, así como el servicio de su abultado endeudamiento. La crisis del modelo agroexportador, la impotencia e ineficacia del aparato estatal, sea para controlar actores de dimensión transnacional operantes en su mercado doméstico, sea para negociar en el ámbito internacional con Estados efectivamente soberanos y otros actores transnacionales, indican la necesidad de que Argentina se integre con Estados vecinos para mejorar su capacidad de desempeño. La economía argentina, a diferencia de la
brasileña, que tiene en el sector industrial privado y en el sector
empresarial público, a sus principales
proveedores de divisas, continua subordinada a la producción agraria para
proveerse de divisas. Las opciones que
se le ofrecen a los sectores dirigentes para sacar al país del atolladero en
que se debate pueden resumirse
en las siguientes. La primera es la receta mercado-internista ortodoxa,
ya ensayada y aparentemente agotada no sólo en Argentina sino en casi toda
América Latina. Una segunda, es la
apertura indiscriminada de la economía que se instrumentó, a la par que
el terrorismo de Estado, en Argentina, Uruguay y Chile. La tercera posibilidad, es
instrumentar una apertura reglamentada, de la economía que nos integre con
países con los que podemos mantener vínculos simétricos y no con aquéllos con
los que nos ligan lazos de subordinación. La primera de las opciones implica
una solución regresiva, que pretende solucionar la crisis a través de un modelo
autárquico que segregaría al país de la revolución tecnológica en curso. La
segunda y tercera reivindican (a nivel discursivo) una nueva inserción dentro
del sistema mundial. La apertura indiscriminada de corte neoliberal-monetarista
pretende resolver la crisis a través de un retorno al modelo agro-exportador hegemonizado
por una burguesía agrario-financiera que condena a las mayorías nacionales a
condiciones de exclusión política y de marginalidad económica y social. Por
ultimo, la apertura discriminada y selectiva reivindica una inserción activa,
sustantivando la integración al mercado mundial, mediada por la previa
integración con países de la vecindad geográfica, sustituyendo importaciones y
promoviendo exportaciones industriales competitivas, dentro de mercados
ampliados. Habiendo desarrollando sumariamente el
por qué de la necesidad de la integración deberíamos interrogarnos acerca del cómo?
y con quién? nos integramos. América Latina es el área inmediata de
concentración y de proyección de nuestras relaciones exteriores. Ab initio
deberíamos escoger entre un proceso de cooperación e integración multilateral
o un proceso de cooperación e
integración gradual y concertado que seleccione, los países con los cuales
iniciar la experiencia de acumulación de poder Regional. Para resolver el dilema es apropiado
efectuar un brevísimo análisis acerca de la situación general de los países de
América Latina, partiendo del supuesto de que existen cuatro problemas
centrales además, de la situación de crisis orgánica que afecta a toda la
Región: deuda externa, conflicto centroamericano, narcotráfico y guerrilla. Por la índole de los problemas que
afectan a las unidades nacionales de América Latina ¿hay una América Latina o
existen varias América Latina? Comenzando por el septentrión nos encontramos con
un México agobiado por el endeudamiento externo y con status geopolítico
especial derivado de su vecindad con Estados Unidos, que se trasunta en el
nivel de intercambio bilateral y en las inversiones de la potencia hemisférica
en territorio azteca. La zona centroamericana, se encuentra
involucrada en un conflicto en el que no están excluidas las dos
superpotencias. A pesar del encuentro de Esquípulas II y del acogimiento del
Plan Arias, un manto de escepticismo cubre a la pacificación, debido a la renovada actitud intervencionista de la
nueva derecha norteamericana. El área andina, es víctima de un complejo
proceso que añade al agobio financiero
derivado del endeudamiento, la perfomance de grupos armados irregulares y la
acción de narcotraficantes. Perú, Colombia y Ecuador, éste último en menor
medida, son víctimas de un complejo
proceso de deterioro de la credibilidad institucional. Bolivia, si bien soporta
el agobio financiero de su endeudamiento y el crecimiento del poder del
narcotráfico, no es víctima de la acción de grupos armados irregulares. En Chile y Paraguay sus poblaciones son
víctimas de sendos gobiernos dictatoriales. Argentina,
Brasil y Uruguay con sus regímenes de transición hacia la democracia
tienen, junto con Venezuela, una situación comparativamente más desahogada ya
que comparten como principal problema el agobio financiero del endeudamiento . La democracia (o mejor dicho la
transición a ella) denominador común de
Argentina, Brasil y Uruguay es conditio sine qua non para emprender un proceso
de cooperación e integración con vistas a la industrialización
eficiente y competitiva, desenvuelta dentro de un mercado ampliado. 2 . Programa de cooperación e
integración económica Los gobiernos de Brasil y de Argentina
comparten una serie de acciones en materia de relaciones exteriores. Aquí
mencionaremos las que consideramos más destacadas. Los gobiernos constitucionales de
Argentina y Brasil acordaron, con relación a los problemas que amenazan la paz
y seguridad en América Central y en el Atlántico Sur, posturas comunes, a
través de la creación del Grupo de Apoyo a Contadora y del copatrocinio de la
resolución de la XLI Asamblea General
de Naciones Unidas que declaró al Atlántico Sur zona de paz y cooperación,
respectivamente. Con el propósito de proteger sus
respectivos procesos de democratización,
trataron infructuosamente de politizar el tema endeudamiento externo
mediante la creación del Consenso de Cartagena, para neutralizar el impacto
negativo que la restricción financiera produce sobre las transiciones
democráticas. En este contexto y en un orden
estrictamente económico, los gobiernos de Brasil y Argentina impulsan y
desarrollan un proceso de cooperación e integración a través del Acta de julio
de 1986 (Argentina) y de los encuentros de diciembre de 1986 (Brasil) y de
julio de 1987(Argentina). Ambos países firmaron un Acuerdo marco
que se complementa con un conjunto de Protocolos que sirven de vehículo para la
instrumentación de un proceso que se caracteriza por su gradualidad,
flexibilidad e intrasectorialidad. No
hay especialización productiva ya que los dos países intercambian iguales
productos y servicios (v.g. bien de capital por bien de capital , trigo por
café , etc.). El Acta es una especie de documento
doctrinario de la integración binacional que alude a prerrequisitos,
instrumentos que viabilicen el proyecto y objetivos. Los prerrequisitos son la consolidación
de los respectivos procesos de democratización y la paz y la seguridad Regional. El planeamiento y supervisión de la
evolución empírica del Acta y los Protocolos, está a cargo de la Comisión de
Ejecución del Programa (del lado brasileño, a diferencia de la contraparte argentina, intervienen las FFAA, a través
del Consejo de Seguridad Nacional). El objetivo del proceso de cooperación e
integración es maximizar la capacidad de desempeño de ambos
gobiernos. Para el logro del objetivo final y el cumplimiento de los prerrequisitos
indicados se recurre a la modernización tecnológica y al crecimiento
conjunto. Para materializar la primera se escogen áreas prioritarias en
las que uno u otro país tenga ventajas comparativas, que le permitan asistir y
transferir tecnología al otro. Los aspectos seleccionados son el desarrollo
tecnológico del sector bienes de capital, la
informática, la biotecnología y la energía. Brasil presenta ventajas comparativas
respecto de Argentina, en bienes de capital y en informática; Argentina, en
biotecnología y energía nuclear. 2.1 Modernización tecnológica
El sector bienes de capital (Protocolo I)
es importante por el impacto que podría ejercer sobre el conjunto del aparato
productivo ya que su eficiencia y menores costes, coadyuvarían a la
productividad de la economía en su conjunto. Este sector es uno de los más
dinámicos de la economía mundial y el volumen de sus intercambios es
creciente. Los bienes de capital se
pueden fabricar también en unidades empresariales pequeñas y medianas que
operan menos con capital y trabajos intensivos que con inteligencia intensiva,
circunstancia que posibilita un aprovechamiento de la capacidad productiva
brasileño-argentina. En dicho sector, se proyecta crear una unión aduanera de
modo que los productos incluidos en la nómina conjunta tengan un arancel
externo común en ambos países. Sin embargo, dentro del mercado binacional
tendrán arancel cero y tratamiento de producto local. América Latina importa anualmente
alrededor de veinte mil millones de dólares (U$S 20.000 millones) en bienes de
capital, mientras que el intercambio intrarregional es de aproximadamente mil
millones de dólares( U$S 1.000 millones), es decir el cinco por ciento (5%) del
total comercializado. Las posibilidades de desarrollo y de intercambio de este
sector dentro del mercado ampliado argentino-brasileño no es desdeñable. Ambos países, en el año 1985, se crearon una
sociedad anónima
–Latinequip- dentro del marco normativo de la ley de sociedades de
Panamá, cuyo capital accionario se repartió, por partes iguales entre tres
entidades financieras publicas de América Latina: Nacional Financiera de México
Banco del Estado de San Pablo y Banco de la Provincia de Buenos Aires. El
propósito de la “multilatina” es el financiamiento de la comercialización de
bienes de capital producidos en la Región. El Protocolo 12 “Cooperación aeronáutica“ prevé
la cofabricación de un prototipo en el que un tercio del montaje corresponderá
a la Fuerza Aérea Argentina, otro tercio al Ministerio de Aeronáutica de Brasil
y el treinta y tres por ciento restante a la Empresa Brasileña de Aeronáutica.
La cooperación en el campo de la industria aeronáutica, constituye un caso de
desarrollo conjunto de un bien de capital, en la búsqueda de un crecimiento
tecnológico y productivo compartidos. Los gobiernos de Brasil y Argentina
suscribieron (enero 1985) un memorando de entendimiento con el
propósito de explorar e identificar posibilidades de cooperación en la
investigación, desarrollo y capacitación binacional de recursos humanos en el sector
de la informática. Este sector fue excluido en las negociaciones de los
Protocolos ya que se consideró que no era oportuno incluirlo dentro del Acta
porque se suponía a un proyecto en ejecución. La constitución y funcionamiento de la
Escuela Argentino-Brasileña de Informática con sus cursos en Campinas (San
Pablo 1986) y otro en Tandil (Buenos Aires 1987), es el logro más importante en
este ámbito. Simultáneamente se efectuó un simposio binacional que contó con la
presencia de cincuenta (50) investigadores de ambos países, el primero de este
tipo en la Región, que permitió definir proyectos conjuntos de investigación. Brasil está más avanzado que Argentina en
el área hardware, ya que registra más de diez años de experiencia en la
aplicación de una política de fomento,
con relación a un sector industrial que se desarrolló en un mercado más amplio.
Sin embargo, en el área de software no existe una brecha significativa en favor
de Brasil. Otros proyectos debatidos en este sector
son la creación de una Asociación Latinoamericana de Servicios Informáticos
(ALASEI), que reúna a los productores de software que abastezcan no sólo el
mercado binacional sino el Regional. La biotecnología (Protocolo 9), es un
sector industrial que utiliza, a través de procesos tecnológicos, organismos
vivos con el propósito proveer productos de alto interés económico. El producto
biotecnológico final desmaterializa la producción, disminuyendo o desplazando
la importancia de materias primas (v.g. alimentos). El desarrollo biotecnológico conjunto en
las áreas de hormonas vegetales, vacunas animales, cultivo de tejidos y
plantas, hormonas reguladoras de la producción animal y manipulaciones
genéticas con embriones animales fue priorizado en las negociaciones hasta
ahora realizadas. Se crearon el Centro Argentino –
Brasileño de Biotecnología y la Escuela Biotecnológica binacional . El Centro
se integró a través de los núcleos de investigación existentes en ambos países
. El propósito es apoyar proyectos de desarrollo y aplicación biotecnológica
que involucren a universidades e institutos oficiales de investigación, con los
empresarios de capital local del sector, con el objeto de producir bienes y
servicios comercializables. La opción es clara: o se produce esta asociación o
el desarrollo biotecnológico se concentrará
en los laboratorios de las Ets. El mercado binacional para este sector
alcanza actualmente los cien millones dólares (U$S 100 millones). El sector energético está desdoblado en
sendos Protocolos el “8” de energía, lato sensu, y el “11” y “17” relacionados
con la energía nuclear. Dentro de la hidroelectricidad se acuerda
la construcción de la represa de Garabí en el trecho del río Uruguay común a
ambos países y la de Pichi-Picún Leufú en la Cuenca del río Limay, en la
provincia del Neuquén. La primera de las obras es binacional por su destino, la
segunda argentina por su emplazamiento y destino, pero la ejecución de las
obras civiles estará a cargo de un consorcio binacional brasileño-argentino. La
contraparte brasileña del consorcio financiará el ochenta por ciento (80%) del
proyecto y participará en el cincuenta y seis por ciento (56%) de las obras,
mientras que la contraparte argentina cumplirá con los porcentajes restantes en
financiamiento y ejecución de la obra. El gas natural es un sector en el que
la complementariedad puede articularse con provecho mutuo ya que Brasil importa
este producto y la Argentina lo ventea. Para transportar gas argentino hasta
territorio de Brasil se están analizando dos proyectos de gasoductos,
alternativamente. Uno que uniría la provincia de Salta con el Gran San Pablo
-pasando por Foz de Iguazú- con un costo estimado de doscientos cuarenta
millones de dólares (U$S 240 millones). El segundo, que vincularía San Jerónimo
del Sur (Santa Fe) con Porto Alegre, con un costo de ciento veinte millones de
dólares(U$S 120 millones) . En el área petrolífera, se prevé la
colaboración de Petrobrás con YPF en una unión empresarial transitoria que
desarrollará actividades en territorio argentino. Asimismo, se distingue un
posible intercambio de máquinas y equipos petrolíferos, mediante exenciones
tributarias a la exportaciones e importaciones. Sin lugar a dudas, el área de la energía
nuclear es la más importante del sector energético. Argentina aquí
mantiene un liderazgo, a través de la continuidad institucional y operacional
de la CONEA. Pilcaniyeu y el centro de excelencia académico de Bariloche
(Balseiro) son datos irrecusable del desarrollo alcanzado por Argentina en este
sector, sin perjuicio de las dificultades financieras en que se debate el ente
promotor de la política nuclear argentina. Las posibilidades de desarrollo conjunto
de la energía nuclear para fines pacíficos no son desdeñables y la visita del
presidente Sarney a Pilcaniyeu puede ser el embrión de un desarrollo
compartido. El fortalecimiento de la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE) y el consecuente abastecimiento energético
de América Latina, son otros objetivos del Protocolo Energético. 2.2. Crecimiento Conjunto El otro objetivo enunciado en el Acta de
Cooperación e Integración Económica para lograr el “bienestar de los pueblos “
y la potenciación de “las autonomías” nacionales es el CRECER JUNTOS. Los Protocolos 5 y 7 se refieren a las Empresas
Binacionales y al Fondo Común de Inversiones, respectivamente. Un primer paso para materializar la
creación de empresas binacionales es la redacción de un estatuto tipo que
permita la integración productiva de empresas públicas, privadas o mixtas de
ambos países ya que los consorcios existentes a la fecha son Uniones
Empresariales Transitorias que, en la República Argentina están reguladas por
la ley de sociedades comerciales (cf. Capitulo III, sección II). Dichas uniones
son efímeras ya que se constituyen para el desarrollo o ejecuciones de una
obra, servicio o suministro concreto. El Grupo de Trabajo Encargado de la
redacción del estatuto deberá resolver -a través de un tratado- temas
relacionados con la inversión de capitales de un país en el otro, transferencia
de tecnología, remesa de utilidades, etc. La experiencia de países del Tercer
Mundo en este tipo de emprendimientos multinacionales es rica y variada
(Itaipú, Ente Binacional Yaciretá, Comisión Técnica Mixta del Salto Grande,
Decisión 46 del Pacto Andino, Namucar S.A., Latinequip S.A., Cia. Arabe de
Servicios Petroleros, East African Airways Corporation, etc. ). El Fondo Común de Inversiones que se
constituye con un capital de doscientos millones de dólares(U$S 200 millones),
suscrito por partes iguales, por los respectivos Bancos Centrales, tiene como
objetivo promover la creación de empresas binacionales priorizando el sector
bienes de capital. Este Fondo operaría como un mercado
binacional de capitales destinados a financiar proyectos productivos
binacionales, estimulando la participación del sector financiero privado de
ambos países. Asimismo, el Fondo equilibrará las balanzas comerciales de cada
país, según corresponda, al final de cada ejercicio anual. El Fondo Común de Inversiones, las Empresas
Binacionales y la Moneda Común (Protocolo 20), son medidas destinadas a
ampliar los mercados locales, dando una respuesta binacional a la creciente
transnacionalidad que padecen los dos países. La emisión de la moneda común será
garantizada por ambos Bancos Centrales y su función es tender a resolver el
agravamiento de la iliquidez que la expansión comercial y la integración
productiva generarían. CONCLUSIONES El objetivo del Acta de
Cooperación e Integración es brindar una respuesta binacional a la creciente
trasnacionalidad que afecta la capacidad de decisión nacional de cada país, así
como gestar núcleos de investigación y desarrollo que participan de la
revolución científico – tecnológica que
está transformando al sistema mundial. El
cumplimiento de las metas está subordinado a la consolidación de los
regímenes en transición hacia la democracia de la Región, la paz y la seguridad
de América Latina. La consolidación de la democracia
fortalecería el proceso iniciado y permitiría la incorporación de países como
Chile y Paraguay al proceso de cooperación e integración. La paz
y la seguridad Regional consolidaría el proyecto de integración, sea en
América Central mediante la incorporación concertada de países centroamericanos
que convivan dentro del pluralismo ideológico, sea en el Atlántico Sur ya que
el establecimiento de una zona de paz y cooperación activaría la cooperación y
el intercambio afrolatinoamericano. La modernización tecnológica y el crecimiento
conjunto viabilizarán la
reestructuración de las dos economías. Asimismo, la expansión comercial y el
Centro de Altos Estudios Económicos (Protocolo 10) coadyuvarán a constituir un
embrión de mercado común. Cuáles son las acechanzas que se ciernen
sobre el eventual cumplimiento de los objetivos del Acta de Cooperación e
Integración y sus respectivos Protocolos? A este respecto, cabe discriminar
entre aquellos de carácter nacional, relacionados con sectores sociales y economías subnacionales y los de
carácter continental relacionados a los
demás países de América Latina. El sector empresarial que manifestó mayor
interés y que lideró las negociaciones es numéricamente reducido y
económicamente concentrado (transnacionales y grupos oligopólicos locales ). Las pequeñas y medianas empresas
participan (del lado argentino ), a través de la Confederación General de la
Industria (CGI), en las negociaciones relacionadas con el Protocolo I (bienes
de capital ). Sin embargo, un análisis de los Protocolos que vehiculizan la Modernización
tecnológica, prueban que el núcleo dinamizante de los acuerdos
involucra al sector publico y al capital local de mediana y pequeña dimensión
(energía, informática, biotecnología, y bienes de capital). El sector trabajador, a pesar de un
reclamo binacional (Lula – Ubaldini), no tuvo ni tiene participación en las
negociaciones. Las fusiones, asociaciones y emprendimientos conjuntos
transitorios y/o permanentes de carácter
binacional, pueden traer aparejado efectos negativos para
los intereses de los trabajadores, razón por la que estimamos necesaria
su participación en las negociaciones. Si nos atenemos a la relevancia que los
Protocolos acuerdan al núcleo vehiculizador de la modernización tecnológica,
deviene imprescindible que representantes de economías subnacionales participen
en las negociaciones para que sean usufructuarías de este proceso de
cooperación e integración, al par que no se menoscaban sus intereses. La participación del sector sindical; de
jurisdicciones subestatales; de entidades representativas de empresas de
porte mediano y pequeño, asistidos por
la acción reguladora de las instancias publicas, evitará que los sectores
transnacionales y oligopólicos locales sean los que monopolicen, administren
y usufructúen de este proceso de cooperación e integración, agravando o
congelado desigualdades sociales y /o subnacionales dentro de cada país. A nivel latinoamericano, la creación de
un polo de poder binacional puede consagrar – existe esa amenaza - una sub- hegemonía, en detrimento de los demás
países o bien, por el contrario, puede convertirse en un reto que sirva de
acicate a la unidad de países medianos y pequeños . Un polo de poder alternativo
al de Estados Unidos, aunque de otra entidad, puede brindar algún margen de maniobra a los pequeños y medianos
países de América Latina. Por otra parte, la situación de América
Latina nos induce a considerar que la opción para integrarse no es bilateralismo
vs. multilateralismo, sino selectivismo, a través de un proceso
gradual y concertado, en la medida que se cumplan los prerrequisitos del Acta
de julio de 1986. Brasil y Argentina deberían promover la
incorporación de otros países a la proyectada unión aduanera. Uruguay y Venezuela
se vislumbran como los candidatos inmediatos. Con relación a Uruguay, tanto
Argentina como Brasil han celebrado una serie de acuerdos que nutren la idea de
que se convertirá en el tercer socio del Acuerdo. La importancia de Venezuela como asociado
está fuera de discusión. Su condición de país mediano, petrolero y tercer
importador de bienes de capital de América Latina hacen necesaria su
incorporación a este proyecto de cooperación e integración iniciado por Brasil
y Argentina. La alianza de estos cuatro (4) socios, más Chile y Paraguay,
podría garantizar la sobrevivencia del continente dentro de un mundo
trasnacionalizado y en vísperas de un probable reordenamiento.
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internacional”, inédito, mimeo, La
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ed. en español N° 77, Brasilia, Noviembre de 1986. 5)
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1986. 6)
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Latinequip, Buenos Aires 1985. 8)
Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores. Acta
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Buenos Aires, julio de 1986; Acta y Protocolos de Brasilia, diciembre de 1986;
Protocolos de Viedma, julio de 1987. 9)
Junne G.: “La biotecnología: sus efectos sobre el
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Buenos Aires 1986. 10) Bruno
C. - Dudiuk P. ”Integración Argentina – Brasil” ed. Fundación Ebert, Buenos
Aires 1986. 11) BID-INTAL:
“El Proyecto de Integración Argentino-Brasileño”, Integración Latinoamericana,
Año 12, N°122, Buenos Aires Abril 1987. 12) Argentina
“Ambito Financiero”: Suplemento especial “Argentina – Brasil hermanos en el
desarrollo “, Buenos Aires 14/8/87. 13) Pineda
S. y otros: Integración: Meta Histórica. El Despertar de América Latina
(Argentina – Brasil –Uruguay) Prisma Latinoamericano. Año 12,
N°172, La Habana, Diciembre 1986.
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