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ESPACIOS TERRITORIALES EN LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE ARGENTINA CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR. Lidia
Sejas Febrero 2003 Si bien la
Argentina ha celebrado tratados con los países limítrofes que proveen un marco
explícito para la integración binacional, los protocolos convenidos por los
respectivos países no han resultado, habitualmente, suficientes para
implementar la integración sobre las áreas fronterizas colindantes. Las
diferentes realidades que generalmente caracterizan a las áreas de frontera, en
relación al resto de los territorios nacionales, particularizan y condicionan
un espacio físico donde deberán resolverse operativamente los mecanismos
funcionales que se derivan de las políticas binacionales de integración; tales
como: aplicación y control de las regulaciones de transporte de carga, fletes y
seguros, normas de sanidad, tráficos fronterizos, trámites aduaneros; así como
migraciones, y seguridad, entre otros. Históricamente, tanto
Argentina como los países limítrofes han aplicado regímenes jurídicos
específicos sobre los ámbitos territoriales contiguos a las líneas de frontera
binacionales, generalmente calificadas como “zonas ó fajas de seguridad”, cuyos
criterios restrictivos en determinados aspectos han inhibido y restringido la
implementación de posibles proyectos localizables en zonas fronterizas dentro
de programas de integración, desvirtuando las posibilidades de constituirse en
auténticos escenarios físico-territoriales en el marco de las políticas
binacionales de este tipo. Es decir, con la
definición de las “áreas de seguridad” se perfilaron dos ámbitos espaciales
para aplicar políticas sectoriales de integración: uno en correspondencia a las
áreas de frontera y otro abarcando el resto de los respectivos territorios. Si bien se fue dando una evolución en la
concepción política del término “frontera” en nuestro país, hasta la década del
’60 se ignoró la posibilidad de una política de integración fronteriza en
términos reales, sobre la convicción de considerar a estos espacios territoriales
como zonas geopolíticas potencialmente conflictivas, en las cuales el Estado
debía hacerse presente sólo para asegurar la soberanía y resguardar su
seguridad física. Bajo esta concepción
se comenzaron a instrumentar políticas nacionales que se orientaron a lograr
seguridad en las áreas de frontera a través del “desarrollo”, finalidad a la
que respondió la Ley 18.575 del 30-1-70, que establecía la determinación de
“áreas de frontera” como los sectores a su vez más críticos dentro de las”
zonas de frontera” y que por ello requerían una prioridad absoluta de atención
por parte de las autoridades gubernamentales; aunque los recursos
institucionales -y los económicos-
aplicables para implementar tales objetivos fueron de escasa relevancia y
consecuentemente magros los resultados. Una primera determinación
de las así designadas “áreas de frontera”se realizó a través del Decreto 469/70
que delimitó 9 áreas; continuando luego sucesivos redimensionamientos tanto en
cantidad como en delimitaciones. En 1987
el PEN a través del Decreto 1182/87 determinó nuevas jurisdicciones
territoriales para las Areas de Frontera (AF) y redefinió las Zonas de
Seguridad. Los límites establecidos por
este decreto no sólo definió como “áreas de frontera” a provincias enteras sino
que calificó como tales a la mayor parte del territorio nacional, dando pie,
obviamente, a modificaciones posteriores, retomándose luego prácticamente el
temperamento adoptado en el Decreto 193, también de 1982, que había unificado
los límites de las Zonas de Seguridad y de Frontera bajo esta última
denominación. El objetivo que inspiró
la creación de Zonas de Seguridad fue básicamente “argentinizar” esas
fracciones límites del país en concordancia a una política nacional de “mirar
hacia adentro”, objetivo que se instrumentó dentro, del entonces potencial
proceso de integración latinoamericana, en un celoso poder de policía en todo
lo concerniente a la radicación extranjera en las áreas fronterizas
(especialmente la procedente de un país vecino) ya sean personas ó inversiones
productivas, y en la inhibición específica de acceso a la propiedad
inmobiliaria. Al analizar, en forma
comparativa y cronológica, las disposiciones de regímenes fronterizos de los
distintos países limítrofes, se infiere que están sustentados con criterios
bastantes similares, ( tal vez con la única excepción de Uruguay) sólo con
diferencias en las definiciones de extensión en las fajas territoriales de
aplicación. Cabe destacar que las
fechas de institución de los respectivos regímenes por leyes nacionales se
ubican en las décadas en que predominaron rígidos sistemas autoritarios en la
región del Cono Sur bajo parecidas concepciones recelosas sobre las fronteras,
y que en algunos casos han dado lugar, hasta no hace mucho, a serios
enfrentamientos conflictivos. El concepto de frontera
como espacio de integración surge en nuestro país a partir de 1983 con la
asunción de gobiernos democráticos, privilegiando la integración
latinoamericana no sólo como un objetivo deseable sino necesario, al menos en
lo enunciativo formal. Se pasa así de
la concepción de frontera rígida y aislante a una proyección de acercamiento,
unión y apertura, es decir, a la reconceptualización de espacio integrador sobre
el cual se deberían orientar estrategias de desarrollo a través de acciones
conjuntas entre países vecinos. Es
dentro de este cambio estructural que empieza a perfilarse la integración y la
cooperación fronteriza a través de proyectos bi y trinacionales, principalmente
relacionados con la infraestructura de comunicación y la generación
hidroeléctrica. También surge una
diferenciación entre las expresiones “área” y “región fronteriza” : mientras la
primera continúa definida desde un punto de vista geográfico, condicionado por
su ubicación como áreas colindantes entre países vecinos, la expresión “región”
aparece conceptualmente asociada a lo económico y social, donde cobra
prevalencia el concepto de espacio económico sobre el de espacio geográfico. En términos de magnitudes
físicas llegan a 9.768 kilómetros los que configuran en nuestro país la línea
de frontera, a través de un alineamiento territorial constituido en su mayor
parte por extensas zonas de baja densidad y desigual ocupación, que
históricamente ha eslabonado grandes vacíos que facilitaron espacios
geográficos en litigio, y que aún hoy representa un extenso corredor que va
recorriendo todas las potencialidades de las actualmente decaídas economías
regionales. De estos 9.768 km. 5308
corresponden al límite con Chile, 742 km con Bolivia, 1.699 con Paraguay, 1132
con Brasil y 887 con Uruguay, que implica 3.712 kilómetros de Argentina con los
restantes países del MERCOSUR. La
vinculación física a su vez se realiza a través de pasos de frontera habilitados que llegaban a 109 en los primeros
años de la década del ’90. Este
aparentemente elevado número de pasos fronterizos con habilitación permanente
no significa que en los mismos se cuente con la infraestructura y el
equipamiento vinculado al estacionamiento y control de vehículos de transporte
de carga, y controles sanitarios. Dentro de este registro
numérico de pasos habilitados, que puede haber cambiado muy poco
cuantitativamente a la fecha, 38 correspondían a la frontera con Chile, 3 a la frontera con Bolivia, 30 con la de
Paraguay, 11 con Uruguay y el resto con Brasil, es decir cerca de 70
localizados en las fronteras con los países del MERCOSUR. Es cierto que la
distancia y el aislamiento que han caracterizado a las zonas de frontera, con
respecto a las áreas en las que se asientan los poderes políticos y económicos
de decisión, aún continúa, y que esto coadyuva a conformar un cuadro de inercia
y desconexión en las instituciones locales.
A su vez la migración ilegal y el fácil contrabando, tácitamente
tolerados, son problemas reales que responden a causas complejas que las
autoridades responsables optan por ignorar, pero que actúan en el cuadro de
vida habitual de los pobladores fronterizos.
No obstante, aunque pobres, poco dinámicas, y periféricas ya sea por su
menor desarrollo relativo, por
coincidir con barreras geográficas, ó por constituir sólo zonas de paso entre
áreas nacionales de mayor desarrollo productivo, las fronteras son por su
naturaleza también una ocupación viva
de los límites divisorios entre países, hasta el punto que la noción de límite
se desdibuja y a veces hasta el trámite de identidad nacional se traslada para
su registro adonde sea más accesible documentarla. Es decir, que de hecho, los límites internos de las áreas de
frontera suelen ser los que sus mismos pobladores les atribuyen en su vivir
cotidiano; con las excepciones de situaciones programadas por los gobiernos
centrales de los países concurrentes en un determinado emprendimiento sectorial
fronterizo, donde la delimitación es acotada en los instrumentos legales que
los perfeccionan. Comités de Frontera: Los
Comités de Frontera han servido para revalorizar, dentro de los limitados
alcances de su accionar, el ya mencionado concepto de frontera de seguridad y
tensión e introducir una visión de cooperación
y apertura, posibilitando además, en el caso de Argentina implementar una
fórmula político-jurídica que permite la participación directa de las
provincias y municipios con el país vecino. En su esencia han sido
concebidos como organismos destinados a proporcionar soluciones ágiles a los
problemas del tráfico fronterizo y a promover la cooperación en las áreas de
frontera. Puede admitirse como antecedente de su creación el Tratado de la
Cuenca del Plata, donde se prefiguran estos organismos, y los Tratados de
Montevideo (de 1960 y 1980) que establecieron la ALALC y la ALADI en temas
inherentes a la integración y el desarrollo de áreas fronterizas. Tanto los antecedentes de creación, como la
constitución y el funcionamiento de estos organismos han sido ampliamente
tratados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Instituto para
la Integración de América Latina (INTAL). El primer antecedente de
puesta en marcha correspondió a una iniciativa de la Comisión Mixta
Paraguayo-Brasileña y fue instalado entre las localidades fronterizas de Ciudad
del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil) con el objetivo específico de
atender las exigencias del tránsito fronterizo de personas, vehículos y
mercaderías de uno y otro lado del límite, con tal éxito en su accionar que
llevó a denominar “de la amistad” al puente que vinculaba a ambos países a
través del río Paraná. A esta
vinculación física se sumó la construcción del puente “Tancredo Neves” entre
Pto. Iguazú y Pto. Meiras que vincula en forma directa a Puerto Iguazú con Foz
de Iguazú triangulando la vinculación entre estas tres ciudades en esta área
fronteriza multifacética que internacionalmente focalizan las cataratas del Iguazú. Los cinco Comités de Frontera puestos en marcha posteriormente
entre Argentina y Paraguay entre febrero de 1995 y julio de 1996 fueron
establecidos tanto con la doble
finalidad de regular operativamente el tránsito fronterizo de vehículos,
mercaderías y personas, como a coadyuvar a la promoción del desarrollo del área
con iniciativas de integración fronteriza, incorporando nuevos temas
relacionados con situaciones específicas de comercialización, agricultura,
salud y educación en respuesta a inquietudes planteadas por los pobladores
locales; e incluso, en ocasiones, actuando como foro para el estudio de
situaciones que excedían sus
competencias se llevaban en derivación a los ámbitos competentes. En el inicio de la década
del ’90 los Comités de Frontera en funcionamiento entre nuestro país y sus
vecinos del MERCOSUR llegaron a 11 en las siguientes localizaciones : . Frontera con Paraguay:
Encarnación – Posadas; Colonia Falcón – Clorinda; Alberdi – Formosa; Pilar –
Puerto Bermejo; Itácora – Itatí. .Frontera con Brasil: Foz de Iguazú – Puerto
Iguazú; Santo Tomé – Sao Borja; Uruguayana – Paso de Libres. . Frontera con Uruguay:
Fray Bentos – Gualeguaychú, Paysandú – Colón; Salto – Concordia. Situaciones de frontera
Argentina – Paraguay: Al
igual que los caminos cuando se los adopta para deslindar jurisdicciones, los ríos,
más que separar unen, y en las
situaciones de fronteras entre países más que aislar comunican. Entre Argentina
y Paraguay, los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo han sido y son una frontera
dinámica y vinculante entre ambos países, que además conforman un sistema
infraestructural de circulación que podría potenciar económicamente las
respectivas nacionales fronterizas a las que bordean. Consecuentemente con estas condiciones geográficas, la
accesibilidad en la sub-región fronteriza es naturalmente fácil y sólo requiere
en general obras físicas de infraestructura de mínima complejidad, que pueden
brindar también la posibilidad de acceder al sector zonal desde otros puntos de
la región circundante. Se puede considerar
un indicador de lo expuesto la cantidad importante de pasos de frontera
habilitados que comunican a las provincias de Misiones, Chaco y Formosa con el
territorio paraguayo, ya que sobre una frontera de 1.699 kilómetros existen 30
pasos habilitados. También es cierto que
cuando estos pasos no cuentan en forma permanente con el equipamiento adecuado
y el personal idóneo capacitado su función se amplían las posibilidades de
movimientos de contrabando y de tránsitos ilegales. Entre los convenios
principales suscriptos entre ambos países en los últimos años cabe mencionar: -el acuerdo de
cooperación para la interconexión eléctrica entre ambos países (1987) con la
finalidad de superar el déficit eléctrico del área mesopotámica, especialmente
el territorio misionero. Estas interconexiones se realizaron a través del río
Paraná, conectando las localidades de Encarnación y Posadas y las de Carlos A.
Lopez y Eldorado; -otro de los acuerdos se
orientó al estudio de prevenir las contingencias desfavorables que se presentan
anualmente en el río Pilcomayo, como consecuencia de su régimen hidrológico. No
obstante este convenio, y las acciones a las que dio lugar, tuvieron
repercusiones contradictorias. A estos convenios,
encuadrados en políticas de integración expresadas a través de obras con
efectos territoriales, se agrega, como un gran proyecto de integración
física-regional que trasciende ampliamente la escala fronteriza, la Hidrovía
Paraguay-Paraná, con efectos estructurales en lo económico y territorial de
proyección internacional. Argentina – Uruguay:
Argentina integra con Uruguay un mismo medio ecológico tanto en lo físico
natural como cultural, además de compartir la misma cuenca hídrica, en un
sentido amplio, a través de la Cuenca del Plata, y en otro más restringido a
través de la concurrencia al tramo inferior del río Uruguay. También desde la perspectiva productiva
ambas zonas nacionales coinciden en una serie de semejanzas propicias para
actividades en los sectores agrícola y agro-industrial. Al hecho geográfico de estar separadas y
vinculadas por los ríos que actúan como límites entre ambos países, se agrega
la sucesiva construcción de varios puentes carreteros que comunican a las
provincias argentinas de Corrientes y Entre Ríos con el territorio uruguayo. Curiosamente, en estas
fronteras hídricas se ha producido a través del tiempo, y como consecuencia de
un fenómeno natural, un límite terrestre, ya que a raíz de un importante
arrastre aluvional y un constante trabajo de sedimentación localizado entre las islas Martín García
(argentina) y Timoteo Domínguez (uruguaya) se ha llegado a demarcar un límite
terrestre entre ambas islas. En otro aspecto, entre
las acciones vinculantes entre ambos países dadas en los últimos quince años ,
cabe citar: -
la firma del Acta de Colonia (1985) donde se convienen
medidas relativas a Integración Física, Integración Económica y Complementación
Agropecuaria. -
La Comisión Técnica Mixta de Cooperación Argentina
– Uruguaya (1987) tendiente al estudio de temas referentes a: transporte
terrestre, en sus modalidades de pasajeros y carga; responsabilidad por
accidentes de carretera; y cooperación jurídica internacional. La firma del Acta de
Montevideo donde menciona específicamente la cooperación fronteriza entre
los temas referidos a: integración económica, cooperación agropecuaria,
intercambio turístico, y la constitución de comisiones binacionales
sectoriales. Posiblemente, los efectos
de estos y otros acuerdos suscriptos a través de Actas han tenido más
relevancia como expresiones de una sostenida política de integración entre los
gobiernos democráticos de ambos países que por la implementación de acciones
concretas consecuentes. La decidida política
uruguaya de integración bilateral, tanto con Argentina como con Brasil, además
de su incorporación al Tratado de Asunción que protocolizó la creación del
MERCOSUR, permite concluir que la integración fronteriza entre Argentina y
Uruguay no presenta barreras que la obstaculicen. -Frontera Argentina –
Brasil: Brasil tiene fronteras con todos los países de América del Sud (excepto
Chile y Ecuador) que abarcan un total de 12.000 kilómetros, de los cuales 1.132
km comparte con Argentina, frontera que presenta pocos contactos terrestres ya
que en su mayor parte está recorrida por los ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí
Guazú, y el río Uruguay. Dentro de la división
regional nacional brasileña, la región Sur, que colinda sobre el río Uruguay
con las provincias argentinas de Misiones y Corrientes presenta sobre esta
franja ribereña un acentuado dinamismo consecuencia de un importante potencial
económico y demográfico. No ocurre lo mismo en el
lado fronterizo argentino donde la débil ocupación productiva del suelo se
acompaña con una población distribuida en forma irregular con predominio de
asentamientos menores, que tienen la mayor talla poblacional en Paso de los
Libres, en Corrientes, y en Puerto Iguazú, en Misiones. Pero en todos los casos, con independencia
al rango demográfico, las poblaciones argentinas enfrentan geográficamente a
localidades brasileñas que las exceden ampliamente en jerarquía urbana, si se
consideran como indicadores: la población, los equipamientos, la
infraestructura de comunicaciones, y las actividades económicas. La región Sur tiene a su
vez como ciudades más importantes a Porto Alegre, capital del Estado de Río
Grande do Sul, y Curitiba, capital del Estado de Paraná. En julio de 1986
Argentina y Brasil firmaron el Programa de Integración y Cooperación Económica
que dio lugar a 24 protocolos sobre distintos temas que posibilitaron
significativos avances en el intercambio comercial, aunque ya existía una
Comisión Mixta de Coordinación y Cooperación que actuaba en diversos
temas. Este Programa, que tuvo como
objetivo crear un espacio económico común que brindara mejores perspectivas
para el crecimiento conjunto, constituyó también un importante documento para
propiciar la integración de América Latina. Entre las acciones que
han realizado a nivel fronterizo ambos países, además de los Comités de
Frontera, se incluyen aspectos de integración física tales como: -
extensión de la red de gas natural a Brasil -
construcción de la central hidroeléctrica de
Garabí, sobre el río Uruguay -
construcción y mejoras, en los puentes en Bernardo
de Irigoyen, Puerto Iguazú, Paso de los Libres, y Santo Tomé – Sao Borja. Aunque tal vez el
antecedente de mayor trascendencia institucional en el orden binacional fue la
creación de la Comisión Regional de Comercio Exterior de las provincias del NEA
y del Litoral (junio de 1984) que incluye a las provincias argentinas de Formosa,
Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, y Entre Ríos, y a los Estados brasileños
de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, con el propósito de “...lograr
la federalización del comercio exterior y aumentar las relaciones comerciales a
lo largo de toda la frontera argentina – brasileña” . Los resultados del accionar de la Comisión llevaron a su vez a la
firma del Protocolo Regional Fronterizo, con la intención de avanzar en el
proceso de integración económica territorial. El CRECE-NEA ha intentado
dar un marco, aunque sin logros significativos, para aproximar al empresariado
privado de la región, a través de las entidades representativas, a fin de que
los agentes económicos actúen dentro de las líneas políticas de integración. Finalmente, no pude dejar
de mencionarse nuevamente, en la integración territorial entre ambos países en
el nivel regional, a la Hidrovía Paraguay – Paraná, proyecto que tuvo su origen
en una propuesta brasileña sustentada por los Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul y Rondonia, estados mediterráneos del S.O. del Brasil con
acentuados ritmos de crecimiento económico, productivo, y demográfico. La Hidrovía, como lo
indica su nombre, prevé la utilización de los dos ríos que la integran para que
buques fluviales puedan transportar grandes volúmenes de productos a un costo
menor que el que implica el traslado por vía terrestre, y sacar las mercaderías
por el Río de la Plata hacia ultramar, facilitando la vinculación de nuestro
litoral fluvial con el centro continental regional conformado por Paraguay,
centro-oeste de Brasil y Bolivia. Se puede concluir que la
cooperación bilateral entre países es hoy una realidad que adquiere creciente
importancia, también en el ámbito fronterizo. A veces con proyectos de
envergadura que han gravitado en el ritmo de desarrollo interregional, como lo
ha sido la represa de Itaipú con Paraguay y Brasil. No obstante, algunos
interrogante sobre los aspectos territoriales fronterizos permiten abrir un
espacio reflexivo, y hasta polémico.
Por ejemplo: .
La integración, debe darse en primer término, y necesariamente, entre espacios
económicos nacionales, ó aún sin este marco las fronteras pueden ser áreas
binacionales de integración física y económica concertada? .
Puede haber una integración de nuestro país con sus limítrofes sin conjugar los
desequilibrios de sus propias desigualdades regionales, o la regionalización
con espacios limítrofes de mayor dinamismo coadyuvaría a una desregionalización
interna del espacio nacional? .
y, aceptando los beneficios de nuevas políticas de integración, tanto en
espacios nacionales limítrofes como en niveles subregionales fronterizos, ¿cuál
debe ser el nuevo concepto de región? Y
en consecuencia, cuál puede ser una nueva estructura regional – nacional del
país?. También en un
espacio-tiempo de globalización generalizada como es el actual cabe preguntarse
si las regiones sin frontera serian una realidad posible, y aún si ello es deseable, es decir si puede haber
integración entre países sin una previa unificación jurídica de los regímenes
que los estados nacionales aplican sobre los espacios fronterizos frente a
problemas internacionales tan complejos como el contrabando, el tráfico de
drogas ó el terrorismo. En relación a esta
reflexión cabe mencionar en aspectos operativos de control fronterizo el
reciente acuerdo (dic.-2002) de cooperación entre Argentina y Brasil, que
permitirá a nuestro país usar el sistema de radarización brasileño. La detección de los vuelos irregulares es
una de las prioridades para ambos países, definiendo como vuelos irregulares o
ilegales a aquellos que no identifican su plan de vuelo. Mientras que en Argentina el proceso de
radarización se encuentra detenido por falta de recursos económicos, Brasil se
encuentra ya en la etapa final de este sistema, que abarca todo su
territorio. Se trata de una treintena
de radares fijos que no dejan espacio aéreo sin cubrir dentro de sus fronteras,
y el alcance de sus radares cercanos a la Argentina daría los datos de los que
nuestro país carece. Frente a la siempre caliente zona de la triple frontera,
se piensa con este acuerdo no tanto en el terrorismo como en cualquier
actividad irregular; los datos de los radares brasileños serían así los visores
hasta que el proceso de radarización , demorado desde hace más de cinco años,
sea una realidad en nuestro país. Asimismo, la visita del
presidente electo del Brasil y la reciente cumbre de presidentes del MERCOSUR ,
Chile y Bolivia, volvieron a poner al MERCOSUR en los titulares. En su visita, Lula insistió en la
importancia que su gobierno le asignará al MERCOSUR , mientras que la cumbre de
presidentes en Brasilia no aportó mayores novedades. No obstante la
integración regional dentro el MERCOSUR cobra fuerzas adicionales expectantes a
través del impulso político que el nuevo gobierno brasileño traería orientado a
una agenda de intereses regionales compartidos y consistentes. Si bien no existen estudios fiables sobre
los efectos espaciales de un mercado común sobre los territorios nacionales
involucrados, y por lo tanto, cualquier conjetura parte de ideas ya conocidas
sobre los efectos regionales generados habitualmente por el juego del mercado y
las desigualdades que su propia actuación suele provocar. Además, las políticas de privatización,
desregulación, y ajustes fiscales, asumidas por los gobiernos argentinos en la
última década, aparte de no permitirle ya al Estado ser ejecutor de inversiones
en la forma tradicional, lo han también autolimitado en funciones vitales que
hacen a su rol y responsabilidad en materia de transporte, energía, e
infraestructura de comunicaciones; y lo inhiben consecuentemente para
implementar políticas de coordinación sectorial o de ordenamiento territorial
que contribuyan al desarrollo regional y la integración fronteriza. Evidentemente es mucho lo
que resta avanzar en actitudes de reciprocidad y consenso entre Argentina y los
países limítrofes para que también los espacios territoriales fronterizos
puedan constituir sub-regiones bi o trinacionales propicias para impulsar
dinámicas de desarrollo. Cabe no obstante mantener
una visión de optimismo si se tiene en cuenta que el Tratado de Asunción que
dio origen al MERCOSUR, es considerado sólo un punto de partida para un amplio
y largo trabajo societal entre los países signatarios originales, y los que se
le sumen, que acertadamente fue calificado como “ un marco para construir”. Fuentes:
documentos elaborados por la autora como participante sectorial en el Programa
de Integración Latinoamericana –Consejo Federal de Inversiones- en temas relativos a “Condicionantes
territoriales en la integración fronteriza con los países vecinos”. |