LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN A

COMIENZOS  DEL SIGLO XXI

 

 

 

 

Jacques Ginesta

 

Septiembre 2003

 

 

CAPÍTULO PRIMERO.- El ESTADO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES A COMIENZOS DEL SIGLO XXI. ( * )

 

Aún cuando el interés de este curso se centra en los aspectos económicos y comerciales, conviene abordar este tema, en forma introductoria,  desde los diversos puntos de vista que abarcan las relaciones internacionales, porque , en definitiva, la realidad es única y compleja y el estudio analítico de  la misma entraña el riesgo de pasar por alto las necesarias interrelaciones que se dan entre sus subsistemas , las cuáles a su vez son indispensables para su comprensión global. Con ese fin, definimos, en este capítulo,  tres puntos de vista: el político-estratégico, el económico, financiero y comercial y el cultural y social.  

 

I.- Desde el punto de vista político- estratégico.

 

Ya sabemos que a partir  del año 1989 termina el bipolarismo en la política mundial al quebrar el sistema soviético, así como la estructura alternativa ideada por Gorbachov, la CEI. Con este fracaso se inicia el proceso de escisión de sus diversos componentes de los cuales, el mayor, la Federación de Rusia, conducida por Yeltsin, declina sus compromisos mundiales, principalmente en algunos países del Tercer Mundo que no le reportaron ventajas sino cargas, sin consecuencias estratégicas de importancia. Como consecuencia, pierde progresivamente presencia en los acontecimientos internacionales y se repliega a sus fronteras , en un proceso de crisis y reacomodamiento de sus estructuras que aún no ha terminado. El final de período Yeltsin  en los años 1998 y 1999 marca el momento de mayor desfibramiento del poder, que sobrelleva penosamente una crisis política, pero fundamentalmente económico-financiera y social. Desde el punto de vista político, la crisis termina con la aparición de una figura de poco relieve hasta entonces, salida de las filas de la KGB, el señor Putin. Este, nombrado Primer Ministro,  consigue elevarse a un sitial de máxima popularidad mediante una política de mano dura en Chechenia, de aparente éxito en el momento, lo que le permite ser elegido presidente de la República, que gobierna con importantes restricciones a la democracia.

 

Sin embargo, el nuevo régimen ruso consigue elaborar, siguiendo la senda de Yeltsin, una mejor relación con Occidente y sobre todo con los Estados Unidos. Caído el régimen comunista de Milosevic en Yugoslavia, que apoyara Rusia, se pone punto final al último episodio que enfrenta a este país con Occidente. Rusia es admitida en los principales foros internacionales, en el Fondo Monetario Internacional, en el G8 y  en la misma OTAN como observador, y goza de determinada inmunidad  y benevolencia, en lo relativo a sus sangrientos desmanes en la guerra de desgaste de Chechenia, como no lo tuvo ningún otro país, bajo el rótulo de que se trata de un asunto interno. Sus intentos de reelaborar una política independiente de gran potencia, de los cuales los más significativos fueron la recuperación de cierta hegemonía en el “extranjero próximo”, un acercamiento con China Popular  y el mantenimiento de cierta presencia con su aliado tradicional, la India, no han alcanzado relieve suficiente. Antes bien, el régimen debió aceptar de buen o mal grado que algunos de sus antiguos satélites de Europa Oriental entraran a formar parte de la OTAN y en el plano económico, con consecuencias políticas de importancia, que éstos, con excepción de Bulgaria y Rumania,  entren en la Unión Europea en el 2004, perspectiva que, luego de la ratificación del Tratado de Niza por Irlanda y la cima de Copenhague, se convirtió casi en una certeza, faltando sólo las ratificaciones por referéndum.

 

Por el contrario, el ascenso del terrorismo islámico al primer plano de agenda de la política internacional, determinó una esfera de intereses comunes con los Estados Unidos, que se evidencia más claramente luego de los atentados del 11 de setiembre en Nueva York y Washington y la reciente toma de rehenes en un teatro de Moscú por militantes chechenos e islámicos. Estos intereses comunes hacen que los anteriormente rivales mantengan un perfil bajo en las críticas recíprocas y eviten puntos de fricción. Quizá el acontecimiento más sorprendente fue la pasividad mantenida por los rusos, cuando no la cooperación encubierta, en la invasión norteamericana a Afganistán y la caída del régimen talibán. El punto de fricción más reciente, que enfrentó a Estados Unidos y Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad con Rusia, China y Francia respecto de la metodología a seguir con Irak, tuvo como protagonistas principales no a Estados Unidos y Rusia, sino a Estados Unidos y Francia, eximiendo a Rusia de una confrontación directa con los norteamericanos, aunque mantuvo con China una postura dura frente a una eventual intervención norteamericana.

 

En el plano económico, saliendo los rusos de un período de máxima vulnerabilidad, están dependiendo altamente del apoyo de la potencia hegemónica en el Fondo Monetario Internacional y otros foros internacionales, así como  en la explotación del petróleo de Siberia, condición indispensable para su desarrollo, no descartándose como base de negociación una participación rusa en el maná petrolero de Irak, en la era post Saddam.

 

Así, frente a la pasividad política y militar de la Unión Europea, que dedica todas sus energías a  superar las tensiones de una ampliación de todo punto de vista necesaria pero muy costosa y trabajosa, los Estados Unidos se yerguen claramente como la  potencia hegemónica mundial, en los niveles político, militar, estratégico, financiero, económico y tecnológico, verdadero artífice de la cultura moderna en sentido lato – tecnología, música, audiovisuales, moda, estilos de vida, etc.- cualquiera sea la opinión que se sustente sobre la misma. Hegemonía que no transcurre sin tensiones, fricciones, problemas y hasta limitaciones para la potencia dominante. El punto de fricción mayor con gran parte del resto de mundo se centró sobre el Irak.

 

El tema Irak presentó dos fases. En una primera fase, el gobierno de Bush logró el  apoyo político dentro de fronteras para un inmediato ataque “preventivo” a Irak, pero, al contrario de la crisis de Kosovo, donde actuó con la NATO, no se animó a saltear  los procedimientos del derecho internacional y  se  avino a proseguir actuando  en el marco legal de las Naciones Unidas, que prohibe el uso de la fuerza, salvo en defensa propia, aunque ya desde la guerra del Golfo hay un aval abierto para utilizar la fuerza si el Consejo considera que Irak no cumple con las inspecciones de armas establecidas. Sin embargo, las inspecciones de los enviados de las Naciones Unidas no reunieron pruebas suficientes para autorizar esa invasión. Presentado por los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución donde se daban por agotados tales extremos y se pedía luz verde para la utilización de la fuerza, vimos que allí  Francia, China y Rusia y algunos otros países se opusieron al mismo. Se negoció una fórmula intermedia que mandaba proseguir con las inspecciones, debiendo Irak cumplir con determinados extremos y en caso de no hacerlo, se autorizaría el uso de la fuerza. Esta nueva instancia, tampoco detectó armamentos prohibidos en Irak.

 

En una segunda fase, frente a la resistencia del Consejo de Seguridad y los informes negativos de los inspectores de la ONU sobre la existencia de armas químicas y bacteriológicas y llegando a la época militarmente ideal para lanzar un ataque( segunda quincena de marzo de 2003) , los Estados Unidos y la Gran Bretaña deciden invadir Irak. La victoria es prácticamente inmediata, derrumbándose la resistencia militar iraquí. Saddam Hussein y gran parte de su estado mayor van a la clandestinidad y en junio de 2003 los ocupantes nombran un gobernador civil y constituyen un Consejo Consultivo, con representantes de diversos grupos religiosos y étnicos.

 

La tercera fase se caracteriza por el pasaje a la guerra de guerrillas que elementos del depuesto gobierno llevan a cabo con medios considerables contra los ocupantes, tácticas que, sin tener un efecto militar importante, siembran la incertidumbre y minan la moral de los soldados y dificultan la reorganización y pacificación  del país y la constitución de un gobierno salido de una consulta electoral. No se percibe por el momento la posibilidad de que las fuerzas de ocupación abandonen el país, ni de un eventual reemplazo de las mismas por contingentes de las Naciones Unidas.   

           

El episodio de Irak, aún con toda su importancia, es sólo una parte de la nueva política exterior del gobierno del presidente Bush y su equipo, que se desencadenó con motivo de los atentados del 11 de setiembre del 2001 contra el World Trade Center. Con ese motivo,  la  política exterior de los Estados Unidos se ha hecho más agresiva, más intervencionista – la lucha contra los terroristas de Al Quaeda, la invasión de Afganistán,  una intervención más directa en el conflicto palestino-israelí y las presiones sobre Irán y Corea del Norte respecto del desarme atómico, así lo demuestran- pero a la vez más selectiva en sus blancos, constituyendo su centro de interés estratégico  el mundo árabe,  proveedor prioritario de petróleo, a la vez que el gran enemigo en los próximos años.

 

En contraste, América Latina, con ALCA o sin ALCA, ocupa un lugar secundario en su percepción política internacional, con la relativa excepción de Colombia, pero en este caso no por su importancia como país, sino como origen del narcotráfico que carcome a la población norteamericana. En cambio, la Cuba de Fidel Castro, el  enemigo ideológico tradicional ha merecido escasa atención del  gobierno de Bush que, evidentemente, considera que tal enemigo no reviste la peligrosidad suficiente como para arriesgar un operación como la de Irak.

 

 Esta actitud selectiva,  ha permitido cierta convivencia con los nuevos gobiernos izquierdistas o izquierdizantes, que inauguraron una nueva etapa en América Latina, libre de las tensiones de la Guerra Fría. Las fricciones más importantes han sido con el gobierno populista de Venezuela, pero que no pasaron de un apoyo encubierto a la oposición. En cambio, con el gobierno brasileño y argentino, las relaciones se desarrollan hasta el momento exentas de tensiones y hasta con cierta nota de cordialidad, lo que es curioso incluso de parte los candidatos hoy presidentes, caracterizados como fuertemente opuestos a la hegemonía norteamericana y sobre todo al gobierno de Bush.

 

El presidente  Bush fue desde el principio  una figura muy impopular a nivel mundial, sobre todo en la opinión de izquierda y de los medios ambientalistas, que no se caracterizaron nunca por una actitud cordial hacia los Estados Unidos, gobernase quien gobernase. La no ratificación del protocolo de Kioto fue objeto de muchas críticas ; su parcialidad en el conflicto árabe-israelí, el tratamiento infligido a los prisioneros de Al Qaeda en Guantánamo, fuera de las reglas de la guerra, la intervención en Irak sin el aval de las Naciones Unidas, el intervencionismo en Colombia y su actitud frente al gobierno populista de Venezuela, entre otras, y el tono generalmente agresivo y a veces mesiánico de su discurso, ensombrecieron la imagen generalmente vapuleada de la potencia hegemónica. Sin embargo, muchas de sus decisiones son aceptadas como políticas de estado por el “establecimiento” y por el pueblo norteamericanos, en buena parte porque los atentados del 11 de setiembre y el uso hecho de los mismos por poder,  tuvieron un efecto de aglutinamiento político y de opinión en torno al presidente, que a su vez aprovechó la bandera de la lucha antiterrorista como elemento de legitimación de su accidentada investidura y aglutinación  de  las voluntades, más allá de  lo razonable. Las últimas elecciones parciales a nivel legislativo y de gobernadores no han mostrado una declinación del  Partido Republicano, sino que por el contrario salió enormemente fortalecido, alcanzando el control del Senado, cuerpo de gran gravitación en la política nacional y sobre todo la internacional.

 

El proceso de toma de conciencia política de la Unión Europea, que la llevaría a ocupar el sitial que le corresponde en las relaciones internacionales, se ve retardado por diversos factores y, principalmente, por la reformulación de la Unión que, como dijimos, será lento y no exento de decrecimiento del producto de los dos principales países miembros, Francia y Alemania, así como la media europea, es excesivamente baja para enfrentar los nuevos compromisos económicos de la Europa ampliada. La distribución del presupuesto europeo continúa gravada por la importantísima cantidad que se destina a los subsidios del sector agrícola. Francia, Alemania, Italia y Portugal no están cumpliendo con los criterios de Maastricht y el primero de estos países ha condicionado la reducción del déficit fiscal a un crecimiento del PIB del  3%, el cual no se ve como factible. Estas dificultades de crecimiento provocan un ensimismamiento de la Unión e impiden su gravitación en el mundo, en lo económico, en lo  político y  en lo estratégico-militar, donde hay una excesiva dependencia de los Estados Unidos, situación que en el mediano plazo no será reversible. La actitud obsecuente de la Gran Bretaña, uno de los cuatro grandes de la Unión, respecto de los Estados Unidos, así como las divergencias entre Francia y Alemania, por una parte y otros Estados España y los países del Este con respecto a la intervención norteamericana en Irak, dificultan la adopción de una política internacional común.

 

En el este asiático, la potencia económica que significa el Japón, segunda potencia mundial en un ranking considerado por países, no tiene contrapartida política y en ese dominio el Japón sigue siendo un enano. Sus posibilidades de un entendimiento con Rusia y de influir  en su espacio  económico, se ven paralizadas por la controversia sobre la devolución de dos pequeñas islas del archipiélago de las Kuriles, situado al norte del Japón, que le fueron arrebatadas al final de la segunda guerra mundial y que constituyen la única salida de la flota rusa del Pacífico a aguas calientes en la temporada invernal. En lo político y en lo militar, el protagonismo en la zona va evolucionando hacia el coloso chino, que a no ser por la presencia norteamericana en el área, se hubiera convertido ya en el país hegemónico. Su lenta pero segura evolución económica, eso sí, ligada al mercado exportador mundial dominado por Occidente, lo cual es un obstáculo para una actitud agresiva, hace previsible que en un futuro no muy lejano, ingrese como gran potencia en el escenario mundial. Sin embargo, la pésima distribución del producto entre la China industrializada y la agraria, que reúne a más de 800 millones de personas, augura grandes tensiones para el futuro, que podrían repercutir sobre su creciente influencia regional y mundial.

 

El Islam o sea el conjunto de países de profesión musulmana, ha adquirido por la vía problemática una insospechada capacidad de gravitación en la política mundial a través de dos canales. El primero es el terrorismo fundamentalista, como el de la organización Al Qaeda y el semi fundamentalista, como podría ser el  palestino, en el que predomina sobre el fanatismo religioso,  el objetivo concreto de la liberación total de Palestina y la expulsión de los israelíes.

 

El segundo canal lo constituye  la posesión de inmensas reservas de petróleo, que  confieren a la región una enorme importancia en el tablero estratégico internacional, por lo menos en el mediano plazo.  Con este planteamiento dicotómico no se pretende excluir el impacto más difuso de la cultura musulmana, como quizá la más clara contracultura, cuyo ascendiente crece en las masas africanas y sudasiáticas,  opuesta a la hegemónica cultura laica occidental de fuerte influencia norteamericana.  A través de esta doble manifestación, de contenido muy diferente, el mundo islámico se define frente a los occidentales, comprendiendo en este término a los rusos, como un gran problema. Ya vimos que el terrorismo islámico ha trastornado la agenda de prioridades de los Estados Unidos, y ha influido grandemente, a través de la guerra chechena en la política interna y externa rusa. En cuanto a la Unión Europea, ésta, sin ser un blanco privilegiado del terrorismo, abriga una creciente población islámica –en Francia casi el 10% de la población- dentro de la cual éste encuentra refugio, financiamiento  y un medio de acción eficaz. Pero, además, la inmigración pobre, clandestina o no, procedente de los países árabes, se ha convertido en un grave problema que alimenta el desempleo, los choques culturales y sociales y crea efectos perversos en la política interna, como el ascenso político de la ultraderecha que se observó en Francia, Austria e  Italia.

 

La lucha por la dominación de las reservas petrolíferas está centrada, principalmente en dos países y divide en cierta forma al mundo occidental. Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo mundial, es un Estado conservador, que se alinea generalmente con los Estados Unidos, conjuntamente con los también muy ricos emiratos del Golfo Pérsico, aunque en un agravamiento del radicalismo islámico, podría verse obligado a cambiar de bando.

 

En el campo opuesto encontramos a  Irak, Irán, Libia y Argelia. Irak, poseedor de las segundas reservas mundiales, constituía hasta marzo de 2003, un Estado radical, dominado por la execrable dictadura de Saddam Hussein, opuesto a los Estados Unidos, con el que estuvo involucrado en un duro conflicto, aunque en el pasado fue ayudado por este país en su guerra contra Irán. Otros países como Francia, importante acreedor, Rusia y el mismo Brasil, estaban más ligados a la suerte del régimen y se opusieron en el seno de la ONU a la intervención norteamericana en ese país. Al consumarse ésta con la rápida ocupación de Irak por las fuerzas aliadas, dejó a los Estados Unidos, con la Gran Bretaña, como virtuales dueños de las reservas  petrolíferas de ese país.

El establecimiento energético norteamericano, que ocupa hoy el poder político, se ha jugado a la continuación de la explotación de la fuente petrolera, frente al desarrollo de las energías no tradicionales y por lo tanto, seguirá alimentando, tanto la importancia estratégica de los países árabes como, involuntariamente, la gravitación del fenómeno islámico en el mundo, por lo menos en sus aspectos más estridentes: terrorismo, fundamentalismo religioso y cultural, reacciones violentas de las masas árabes y la desmesurada importancia conflictiva de Estados radicales islámicos poseedores de armas destructivas.

 

Sin embargo, como vimos anteriormente, la intervención de Estados Unidos en Irak, como anteriormente en Afganistán, no sólo perseguía objetivos económicos, sino también políticos de tanta o más importancia. La visión del clan Bush y de la mayor parte de los republicanos, consiste en que los Estados Unidos ejerzan su hegemonía política y militar y hasta económica, sin concesiones, interviniendo agresivamente en aquellos lugares y circunstancias donde esté en juego su particular concepción del interés nacional.

 

Africa, que  ha perdido todo protagonismo en la escena mundial  desde la finalización de la Guerra Fría y sólo aparece en las noticias por aspectos tan dramáticos como el hambre y la pobreza, los genocidios , las dictaduras militares y los golpes de Estado, así como  la progresión del sida.

 

Las guerras tribales en las provincias nororientales del Congo, donde reina una total anarquía, a pesar de la presencia de contingentes de la ONU, compuesto por soldados uruguayos, han degenerado en horribles matanzas y cruentos episodios de canibalismo. La rebelión de las etnias del norte en la relativamente próspera Costa de Marfil, que terminó con una transacción entre gobierno y oposición rebelde y el reciente levantamiento en Liberia, uno de los países más pobres del mundo, así como la perpetuación en el poder del presidente Mugabe (Zimbabwe)  y la persecución del colonos blancos a que se entregaron sus partidarios, son algunos de los resultados de la situación catastrófica del continente negro. 

           

El gobierno de mayoría negra en Sudáfrica ha constituido una justa y feliz solución para una guerra civil cruenta, pero no ha hecho ni ha podido hacer mucho para cambiar las desigualdades y las exclusiones, en un país, que con todo, sigue siendo el más desarrollado  y progresista del continente.

 

A pesar de estas tragedias, África, carente por el momento de un potencial explosivo acorde con sus problemas, permanecerá relativamente aislado de la política internacional, por lo menos en el mediano plazo.

 

Latinoamérica sufre una de las mayores crisis de su historia. No vamos a pormenorizar aquí cada uno de sus aspectos ni estudiarla por países, pues ese es uno de los  objetos principales del curso. Digamos en esta sección que el subcontinente ha perdido importancia y gravitación política en el mundo, desde los años de la guerra fría. Durante la confrontación EUA-URSS, América Latina tenía un importante valor estratégico, a partir sobre todo de la instalación del régimen comunista cubano y el efecto de demostración que el mismo tuvo sobre el resto de la región, alimentado por la Unión Soviética, que obligó a los Estados Unidos a intervenir en la política interna de la región. Esta intervención se efectuó apoyando directa o indirectamente a gobiernos militares de corte dictatorial, desestabilizando a gobiernos de izquierda, como en el  caso Allende y haciendo algunas concesiones de carácter económico y financiero, comenzando por el proyecto de la Alianza para el Progreso y terminando por el plan Brady, que siempre resultaron insuficientes. Esta situación de sensibilidad de la región para las grandes potencias, permitió a algunos países de la misma, ensayar una política pendular, que les dio ciertos resultados. En esta línea se destacó el Brasil, país que por sus mayores recursos pudo jugar mejor el juego, sobre todo en la época de Kubitschek, Quadros y Goulart, pero aún durante  la dictadura militar (el reconocimiento del gobierno marxista de  Angola en 1976, por ejemplo). Hoy en día, la posibilidad de obtener concesiones de uno y otro de los actores de la Guerra Fría se ha evaporado con su finalización. Asimismo,  el tratar de sacar ventajas en la competencia económica entre los Estados Unidos  y la Unión Europea en la región se ha vuelto problemático, aunque subsisten las posibilidades de negociar con unos y con otros, en un horizonte 2005 o más, buscando un equilibrio de influencias.

          

Políticamente, pues, Latinoamérica revista bastante abajo en la agenda mundial de los grandes países y bloques. Este desinterés, fruto de la incapacidad relativa de sus países en influir en la escena internacional tiene su lado bueno: permite que subsista una intensa cooperación norteamericana con un gobierno chileno presidido por un socialista; que el ascenso de la izquierda en un país de la importancia de Brasil, aunque se trate de una izquierda intencionalmente aguada para hacerse aceptable, no haya tenido ninguna reacción hostil en los Estados Unidos ni haya habido ninguna conspiración de Wall Street o similar en contra de la misma, ni se le haya privado del crédito internacional. La intervención norteamericana en Colombia no está dictada por intenciones políticas, sino que se inscribe en un esfuerzo de lucha contra la droga en sus fuentes. La no improbable injerencia indirecta de los servicios de ese país en la resistencia contra el gobierno de Chávez, que se debate en una crisis económica increíble para un país gran productor de petróleo con valores en constante alza, está movida por el interés en  asegurarse esa fuente de abastecimiento y eliminar cualquier probabilidad de chantaje de ese gobierno, evocada más de una vez por la torpeza de Chávez, más que en motivos políticos. Chávez ha permanecido en el poder, pero de un boycott petrolero a Estados Unidos no se ha vuelto a hablar. El mantenimiento del embargo para con Cuba se basa en consideraciones electoralistas de orden interno, debido a la importancia electoral de la comunidad cubana, sobre todo en un estado clave como Florida  -que recientemente ha reiterado su apoyo a los Bush, reeligiendo a Jeff, el hermano del presidente, como gobernador- y no en una sistemática hostilidad a los gobiernos comunistas, que no se manifiesta para con el mayor país comunista, como China y para Corea del Norte, sólo por su presunta persistencia en seguir desarrollando el arma nuclear. Todos estos hechos constituyen prueba del escaso valor político que hoy tiene la región sudamericana, para su bien o para su mal, según las circunstancias que se consideren.

 

Podríamos tener unas palabras para  la concertación política latinoamericana. Nacida a mediados de los años 80, con la recuperación de la democracia en la generalidad de los países latinoamericanos, sirvió en  la época para afirmar los principios democráticos. Pero luego  perdió momento político, se convirtió en una sucesión de ociosas reuniones de presidentes, que peroraron para la prensa internacional y, en el fondo, para sus audiencias internas, pronunciando los mismos discursos gastados sobre necesidades y desafíos impostergables, denuncias y reclamos y acciones a emprender, que ya nadie escucha. La última reunión de presidentes iberoamericanos no aportó nada nuevo.

 

El hecho nuevo es el intento de concertación  de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica que, a iniciativa del Brasil se insinúa en discursos, propuestas y expresión de objetivos. Aparentemente, su finalidad es, dentro de la peculiar visión ideológica de la izquierda de ese continente,  formar un bloque liderado por Brasil, capaz de oponer una valla  a la hegemonía norteamericana, logrando un apreciable margen de autonomía externa e interna y tendiendo a restablecer  con otras potencias, como China, India, Rusia e Irán y con ayuda de la Unión Europea la vigencia de un mundo multipolar, pero sin pretender, como la izquierda revolucionaria de los años 50 y 60, derrotar al capitalismo y al imperialismo e imponer un mundo de países socialistas (cfr. Jaguaribe, 2000).

 

2.- Desde el punto de vista económico, financiero y comercial

 

Pasamos a  analizar en este rubro, los  fenómenos de origen económico, como la globalización o mundialización  y la formación de bloques económicos regionales, que han adquirido tan relevancia en la formulación de sistema internacional actual. En realidad este tema está estrechamente relacionado con el anterior, ya que la sociedad mundial constituye un todo, que los estudiosos por necesidades analíticas dividimos en sistemas separados. Esa tarea analítica de deslinde de áreas de acción social no puede negar la evidencia de que en la realidad funcionan  tan estrechamente interrelacionadas que todo intento de separación es en cierta medida arbitrario. Por cierto, la globalización y la regionalización  si bien son fenómenos que se desarrollan, en principio, dentro del área económica, tienen repercusiones políticas de primera magnitud, sobre todo en lo social. En precedentes estudios (Ginesta, 1999 y 2001), ensayamos el diseño de un sistema internacional donde se observa una tendencia a una mayor gravitación   de los complejos económicos, científico-tecnológicos y financieros, como actores privilegiados de ese sistema internacional, sobre aquellos actores más clásicos como son los Estados que, en las economías de mercado -hoy en día prácticamente todas- principalmente, actúan en lo político, estratégico, diplomático y militar. En definitiva, como estructuras  de poder, estarían, sino reemplazando, compitiendo exitosamente con aquellas que derivan de la existencia política de los Estados, como resumen de la vida social. Es hora de volver sobre esa presentación y ver en qué medida se  está verificando esa interpretación, que no tiene sino un valor de hipótesis de trabajo.

 

El término globalización es a la vez descriptivo de un fenómeno observable y que en cierta medida responde a la denominación. Pero tiene también un enorme contenido ideológico, que los actores político-ideológicos manejan liberalmente para servir a su prédica y a sus intereses. Los actores dominantes, para inyectar la idea de que todo lo que suceda en ese proceso de globalización es ineluctable y que, a la larga, beneficiará a todos; los contestatarios,  para crear en torno al proceso un aura de satanismo, contra el cual hay que librar una lucha sin cuartel, sin que nadie se preocupe demasiado de definir los medios y hacia donde se va. Como todo concepto de ese tipo, no tiene un contenido intelectual demasiado específico, sino que gravita como idea-fuerza, núcleo emotivo y dinamizador de determinado tipo de  acción política o, por el contrario,  justificativo de un cierto estado de cosas.

 

Es indudable que la acción económica ha encontrado las formas estructurales de organización y los instrumentos para que grandes complejos económicos transnacionales actúen sobre amplios espacios económicos con una oferta productiva de tales características técnicas, de calidad y precio, que desplazan fácilmente a la oferta tradicional, lo cual perjudica a la pequeña y mediana empresa de base  nacional, que no puede competir, a la vez que la progresiva tecnificación que la economía de escala permite, disminuye en muchos sectores  la oferta de empleo, sobre todo del no calificado. Como consecuencia de ello, han desarrollado un poder de acción que perfora la barrera institucional de los Estados, restándoles capacidad de regulación y de detracción de los  recursos de las sociedades que rigen, todo lo cual significa pérdida de poder político del Estado. En los Estados más pobres, este poder económico de la empresa transnacional le permite dictar las condiciones de su implantación y de su desempeño: franquicias, exenciones de impuestos, subsidios, libertad de exportación de capitales , importación de bienes intermedios provenientes por sus subsidiarias en otros lugares, etc. Incluso en  los Estados más ricos, como Francia y Alemania, que se han definido generalmente como sociedades de bienestar, la capacidad  de dichas empresas de descentralizar y de deslocalizar  su actividad - que les permite buscar mercados más ventajosos, como China y México,  para sus inversiones y desde ellos competir en los centrales con producción más barata -, limitan la posibilidad de estos países de detraer recursos de la producción para sus políticas sociales, cuando la carga impositiva  se hace demasiado exigente.

 

En los Estados de economías llamadas emergentes, sin embargo, la dependencia puede llegar a ser dramática. Las pobres condiciones de desarrollo preexistentes y las cargas sociales que representan grandes sectores de poblaciones en estado de pobreza crítica y marginales,  heredados de las etapas oligárquicas tradicionales, muchas veces en crecimiento demográfico exponencial, originan gastos que el Estado no puede soportar. Como consecuencia, las instituciones sociales elaboradas en el papel con mucha generosidad, no pueden cumplir con sus tareas básicas. Aquí interviene la segunda pata del poder transnacional: el financiero.

 

Como vimos en anteriores trabajos, el auge de la economía simbólica y de servicios, proporciona una enorme disponibilidad de capitales, sobre todo de origen institucional – fondos de retiro, fondos de inversión-  cuya colocación constituye el rubro principal de la actividad bancaria internacional. La competencia por la búsqueda de beneficios hace que las colocaciones sean en época de auge, poco discriminatorias en cuanto a los riesgos y tienen como objetivo natural los Estados necesitados de capitales, no para cimentar su desarrollo, sino para cubrir sus déficits de gestión. Esta fragilidad, hace que cuando se produce una crisis en cualquier país o región, la misma se transmita automáticamente a los demás Estados de similar condición, con efectos desastrosos, más para unos que para otros. México, economía emergente, superó la crisis de 1994, debido a su asociación con los Estados Unidos dentro del NAFTA.

 

Los países del este y sudeste asiático, vectores de la crisis de 1997, pudieron superarla, debido a la gran inversión en el sector productivo nacional e internacional que existe en ellos, y Rusia logró también salir de la misma, aunque  con grandes daños y está en una etapa de crecimiento de más del 3% anual del PIB en 2002 , el cual, según lo pronostica Anne Krueger, ejecutiva del FMI, podrá llegar al 5 o 6% en los próximos 15 años.

 

La crisis brasileña de 1998, aunque muy importante, no tuvo resultados desastrosos para el propio Brasil, pero provocó la caída de la Argentina y del Uruguay, al quebrar el modelo regional del ancla cambiaria,  e inauguró un ciclo de empobrecimiento   muy marcado, que se está procesando y del cual el Brasil no ha salido indemne. La crisis, como no podía ser de otro modo, invalidó los efectos limitados, pero benéficos, del MERCOSUR durante los años 90 y minó su relativa credibilidad.  La asociación comercial  lejos de producir efectos anticíclicos, actuó como agente transmisor de la crisis al reducir drásticamente el comercio recíproco, como consecuencia de las manipulaciones monetarias, la guerra comercial y la ausencia de “affectio societatis” , ausencia que se tradujo por la falta de un mínimo de solidaridad y acción concertada en beneficio de los intereses comunes, demostrada por sus miembros.

           

El tercer elemento de esta trilogía es el comercio internacional. En los últimos años, a través de la Organización Mundial de Comercio, heredera del GATT, se renovaron los esfuerzos para liberalizar el comercio internacional de bienes y servicios de sus trabas tradicionales, a la vez que dotarlo de reglas de juego más justas y transparentes.  Se ha avanzado mucho en este sentido con relación al viejo GATT, salvo en el sector agropecuario, donde los grandes centros  consumidores mantienen un proteccionismo exagerado, a través de  barreras arancelarias y principalmente no arancelarias y la práctica del dumping, en parte para defender la propia producción y en parte para defender la de los países asociados, en el área de productos ganaderos y tropicales. Sin embargo, este rubro es el que afecta más el crecimiento exportador de los países latinoamericanos y de buen número de países del Tercer Mundo. De este modo, tales países no pueden crecer a través de sus exportaciones mundiales, porque les están vedados los grandes mercados consumidores, teniendo a la vez muchas dificultades para desarrollar sus mercados internos y regionales. Es así que lo líderes de la región, concretamente es el caso  presidente Jorge Batlle de Uruguay, reclaman constantemente que se les compre a estos países y no que se les preste, lo cual no deja de ser en alguna medida, un recurso retórico, porque Uruguay,  como Argentina, Brasil y otros, ha recurrido inmoderadamente al crédito externo. En la medida que el crecimiento exportador pueda tonificar la capacidad contributiva del sector privado de  las economías, la necesidad de nuevos préstamos internacionales se vería disminuida y la capacidad de repago de los existentes aumentaría,  a condición, claro está, de que diminuya el gasto del Estado y, a menudo,  la corrupción en las altas esferas. Sin embargo, el aumento de la exportación de producción primaria, carente de valor agregado generador de empleo, no sería bastante para equilibrar las economías regionales. En este sentido, existe en los países más industrializados un proteccionismo de segundo nivel,  que consiste en comprar solamente materias primas, reservando para la producción fabril local su elaboración. La asociación a una amplia zona de libre comercio como el ALCA o con la Unión Europea, podría ser una solución para este problema, en la medida que aumente la implantación industrial en la región, como es el caso de México, que hoy exporta unas tres veces más que el Brasil.

 

Pero hay más; la deslocalización de la producción de tecnologías tradicionales, como la textil, vestimenta, zapatería y juguetería, ha agregado un ingrediente maligno a este cuadro. Esta producción es muy barata en los países que consienten el dumping social – salarios muy bajos, largas jornadas laborales, baja protección social y sindicalización- y, por consiguiente, agitación laboral inexistente. Éstos, como China Popular y los países del sudeste asiático, se han tornado muy competitivos, desplazando de esos rubros a otros países emergentes, que poseen estructuras de protección laboral y social costosas y sobrecargadas, como son notoriamente los latinoamericanos.

 

Como expusimos en anteriores trabajos, la globalización perfecta no existe ni es posible alcanzarla; tampoco aparece como factible la regulación de los flujos de capitales internacionales y si fuera así, los primeros perjudicados serían algunos países prestatarios como los latinoamericanos, que en actual sistema semi-anárquico tenían calificaciones de riesgo país inverosímilmente bajas, en virtud de las cuáles seguían recibiendo préstamos relativamente baratos, como es el caso del Uruguay, que pasó de tener en diciembre del 2001  investment grade y 200 puntos básicos a 2000 en el curso del año 2002, lo cual indica lo poco fiable de la calificación anterior. Ni siquiera es factible la liberalización total del comercio internacional ni su regulación perfecta, aún cuando se ha avanzado en este sentido con la creación de la OMC. Más utópico aún es pensar en un orden económico internacional justo, donde, por ejemplo, se subsidien los precios de los  productos primarios y tropicales para equilibrar los términos de intercambio.

 

Veamos ahora qué ha sucedido con las Asociaciones Regionales o de integración, que constituyen el motivo principal del curso, en estos últimos años. Sabemos que la idea de la integración regional se abrió paso en Europa y en otras regiones en un sistema de comercio internacional muy cerrado, del altos aranceles y un sinnúmero de barreras no arancelarias, sin un preciso marco regulatorio que garantizara la libre competencia dentro del sistema del GATT, que no abarcaba todos los aspectos del comercio. Esta situación evolucionó con la eliminación o reducción de las tarifas para una mayoría  de productos, excepto los catalogados como sensibles para determinadas economías, que continuaron teniendo una protección muy alta, llegándose a una media tarifaria mundial inferior al 3%. Sin embargo, los principales países, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón mantuvieron otro tipo de obstáculos no arancelarios al comercio mundial , lo cual sigue haciendo atractivas las formación de zonas de libre comercio  con los mismos.

 

Sin embargo, el optimismo que predominó sobre las bondades de la integración entre  países de economías emergentes  en la décadas de los sesentas a los noventas, se ha mitigado en el siglo XXI, con la experiencias no concluyentes del MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano y otros, como incentivo para el desarrollo sostenido de las mismas. Dicho optimismo fue fruto de dos hechos que se produjeron en la última post-guerra. Por una parte, la experiencia, no exenta de tensiones y traumas de la hoy Unión Europea, pero generalmente exitosa, cuyas recetas y resultados se pretendieron trasladar a otras regiones del mundo, como es el caso de la nuestra. Por otra parte, la regionalización, definida como integración abierta, fue un proceso coincidente con la  tendencia a la globalización de la producción y la liberalización del intercambio comercial y de servicios y, dentro de ciertos límites, con la expansión de las grandes empresas transnacionales, que resultaron ser sus principales beneficiarios. Pero lo cierto es que, si bien la regionalización resultó beneficiosa para Europa y  para Norteamérica con la ZLCAN-NAFTA, no modificó la suerte de los países en desarrollo, donde no hubo posibilidad de aplicar adecuadamente las reglas de juego básicas. ALADI, decana en Latinoamérica de estos esfuerzos,  es una institución fantasma, que no ha pasado de ser un sistema deficiente de preferencias arancelarias, que  ya no tiene su razón de ser original en un mundo de bajos aranceles y que podría ser a corto plazo desplazada por el  ALCSA (área de libre comercio sudamericana) y el ALCA. La  CAN no modificó  la suerte de países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, más allá de algunos logros puntuales. Y el MERCOSUR, del cual hablaremos más extensamente, por supuesto,  no logró hasta ahora sus objetivos fundamentales, que eran crear una zona de libre comercio con flujos sostenidos y equilibrados, encuadrados en  políticas macroeconómicas armonizadas, por lo menos en los aspectos que más influyen sobre el comercio, como las políticas monetarias y la reducción de las barreras no arancelarias. En cambio, la propuesta de crear un mercado común resultó grandilocuente y sustancialmente errada, por estar  fuera de las posibilidades de la región y, asimismo el establecimiento de un arancel externo común, que es un hito para llegar al mercado común, no satisfizo a ninguna de las partes, como se puede apreciar en las repetidas declaraciones contrarias al mismo desde ópticas distintas, realizadas por responsables brasileños, argentinos y uruguayos, que se pueden leer en los trabajos de este autor arriba señalados. De continuarse con la grandilocuencia en las metas y en el discurso y las debilidades en la realizaciones pragmáticas fundamentales, así como la  subordinación a intereses estrechos y muchas veces espurios de sus principales miembros, podrían comprometer la existencia del MERCOSUR en las instancias que se avecinan, o por lo menos reducirlo a una institución parásita y sin significado real.

 

Por el contrario, el tratado del NAFTA, cuyo objetivo se limitó pragmáticamente al establecimiento de una zona de libre comercio, pero que abría el mercado más grande del mundo para sus socios, tuvo buenos resultados al nivel del comercio y la producción, incluso para México y Canadá.

           

Sobre este modelo y de acuerdo a las reglas de la OMC, se trabaja sobre la instauración de un área de libre comercio americana (ALCA), que  camina lentamente hacia su probable meta en el 2005, meta que está sujeta no sólo a la visión que los  gobiernos de izquierda de Venezuela, Brasil, Ecuador y tal vez de Uruguay en el 2005, tengan de la misma, sino a la de los propios Estados Unidos, cuyo gobierno, que cuenta ahora con el TPA, un instrumento de negociación rápida aunque acotado en puntos clave, no se ha mostrado hasta ahora demasiado interesado en  apurar el proceso, cuya culminación está prevista en el cronograma para el 2005. Parecería que su estrategia está concentrada en realizar acuerdos bilaterales de libre comercio, con los cuales tender una sólida red en torno a los países recalcitrantes, en caso de que el ALCA llegara a fracasar. La evaluación de las ventajas y probables perjuicios para los países latinoamericanos se hace en la parte respectiva del curso. Aquí sólo diremos que si bien los Estados Unidos exigen una apertura total o casi del comercio de  productos industrializados y de servicios, la contrapartida de poder competir en ese gran mercado  sin excesivas limitaciones, es considerada en estos países un requisito de singular importancia para su desarrollo exportador, sector que se estima clave para un cambio cualitativo en el  desarrollo global, económico y social de la región, especialmente en el Brasil, donde  ya está implantado un alto número de importantes  transnacionales y tiene un parque industrial bastante desarrollado. Ello hace pensar que el ALCA se concretará, pese a las oposiciones que el proyecto despierta en algunos sectores  políticos. 

 

Como se verá, aunque la Unión Europea es el principal socio comercial del MERCOSUR, como lo es de Chile, con quien ha concretado un tratado de libre comercio, es incierto que se alcance en la meta 2004, una zona de libre comercio entre ambos bloques, a causa de los subsidios agrícolas europeos. Sin embargo,  desde el punto de vista estratégico este acuerdo sería muy importante para el MERCOSUR, ya que permitiría  equilibrar la dependencia con Norteamérica, que necesariamente iría a generar el ALCA.

 

 3.- Desde el punto de vista  cultural y social.

 

El auge del materialismo en las dos principales potencias mundiales –capitalista el uno y marxista el otro-  que en cierto modo ejemplificaron la teoría del espejo en las relaciones internacionales – cada una era una especie de imagen invertida de la otra- encubrió procesos culturales que se iban desarrollando debajo de la superficie de la Guerra Fría. El fin de la misma trajo a la vista estos fenómenos, bajo diversas manifestaciones.

           

Por un lado, se reafirmó la imagen de la aldea mundial,  de un civilización uniforme dominante de base predominantemente norteamericana, que se extendió por todo el planeta, conjuntamente con su idioma , su cultura, su música, su ciencia y su tecnología y sus valores (y sus disvalores, para muchos). Pero, por otra parte, surgieron o  resurgieron otras manifestaciones que podrían haberse creído superadas apenas unos años antes. El rebrote de la religión entre las masas de los países comunistas y del Tercer Mundo, el resurgimiento de los nacionalismos en Europa del Este y en el  ex imperio soviético y aún en Europa Occidental, la fractura de Yugoslavia a lo largo de las líneas de quiebre religiosas – Bosnia- y culturales – Croacia- y en Africa el resurgimiento de las luchas étnicas y religiosas, enmascaradas por el colonialismo, son algunos ejemplos de cómo la antinomia entre capitalismo y comunismo y la lucha de clases, no explicaban  otros fenómenos políticos, culturales y sociales y, por ende no agotaban la lectura de la realidad.

 

En este contexto,  el fenómeno cultural y religioso de mayor envergadura que se manifestó en los años 90 (siglo XX), es el crecimiento del fundamentalismo musulmán, que dio origen a su vez a la aparición de ciertos gobiernos musulmanes como el de los talibanes en Afganistán y alimentó una particular expresión del terrorismo, como el de Al Qaeda y sus aliados. Este neo-fundamentalismo,  reconoce su origen en la revolución islamita de los ayatolahs chiitas de Irán de febrero de 1979, contra el shah, gobernante modernizante, aunque corrupto. y aliado de los occidentales. Como vimos, se puede distinguir de las demás expresiones de violencia árabe, como el terrorismo palestino –que, sin embargo,  es primo hermano de aquel-  porque plantea una lucha de civilizaciones que no tiene objetivos definidos ni límites  para cumplirlos. Es un guerra global lanzada contra la civilización occidental, con la finalidad  de destruirla,  en nombre de valores culturales de carácter no materialista vinculados a la religión islámica. Esta finalidad se manifiesta claramente en el mensaje revolucionario chiita iranio: “El Islam es la sola voluntad liberadora  de la humanidad contra la iniquidad de las grandes potencias.” Un mensaje que, al contrario del fascismo, por una parte y  el comunismo, por otra, es a la vez exclusivista y ecuménico; esta última característica le ha valido la simpatía – inexplicable- de los movimientos de izquierda y extrema izquierda en el mundo, que, equivocadamente, creen encontrar con los neo-fundamentalistas un lenguaje común. Como otros movimientos mesiánicos basados en el retorno a las raíces,  es profundamente conservador, hasta el punto de pretender restaurar en toda su pureza las costumbres, los estilos de vida y hasta la instituciones y el derecho de la antigua civilización árabe, con un rigor que quizá nunca existió.

 

No creemos, sin embargo, que tales expresiones de oposición contra la civilización occidental dominante – hoy en su versión norteamericana-  sean una manifestación de la teoría del choque de las civilizaciones, sostenida por Huntington. Tampoco creemos en la doctrina del fin de las ideologías y su reemplazo por un pragmatismo intelectual y político total, porque es un tipo de pensamiento colectivo humano inerradicable.

 

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Notas bibliográficas

( * )  Continúa  el capítulo primero “Las nuevas tendencias del sistema internacional” del libro “El MERCOSUR y su contexto regional e internacional” , Editora da Universidade, Universidade Federal Do Río Grande do Sul, Porto Alegre 1998 y el capítulo primero “El desarrollo de la economía global en la posguerra fría” en el “MERCOSUR en Tiempos de Crisis”, biblioteca virtual del Cedep. UFRGS, 2002 .

Jaguaribe de Mattos, Hélio “MERCOSUL: Problemática Factual e Institucional”, IEPES, RJ

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: LAS CRISIS FINANCIERAS  Y ECONÓMICAS EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR.  ( * )

I.- LA ARGENTINA.

 

Hacia fines del  año 2001, el gobierno del presidente de la Rúa, habiendo perdido el apoyo del FREPASO, el otro socio de la Alianza, y en buena parte de su propio partido, dividido internamente y desautorizado por el pueblo en las elecciones al Congreso del 13 de octubre, donde quedó en minoría, estaba llegando a una situación de postración política. Con un presidente indeciso, víctima de las tensiones de su gabinete, el gobierno de hecho estaba en manos del ministro de economía, Cavallo, quien había ido perdiendo credibilidad y apoyo, por su política compleja, entreverada y, sobre todo,  ineficaz.

 

Es así que sobrevino una crisis bancaria de enormes proporciones, cuando el ministro se hallaba abocado a la renegociación de la deuda en bonos para reducir las tasas de interés, que él mismo había aceptado en la anterior renegociación en el mismo año, con un alza de intereses muy grande, a cambio de una refinanciación a más largo plazo.  La fuga de depósitos, en la cual habrían colaborado ilegalmente los bancos enviando clandestinamente grandes remesas al exterior, obligó al gobierno a establecer el 3.12.2001, una prohibición  de retiro de depósitos en dólares mayor de 250 U$D semanales durante 90 días, que afectó y enfureció a casi toda la población, principalmente a las clases medias.

 

A esta altura el gobierno tenía en su contra a casi todo el mundo: a la falta de trabajo y el creciente número de menesterosos, que afectaban a las clases pobres, se agregaba el descontento de los empleados, de los comerciantes y de los empresarios, así como el de los ahorristas. Enormes manifestaciones con episodios de violencia tuvieron lugar frente a la sede del Ejecutivo, la Casa Rosada  y el Congreso, ante lo cual el gobierno decretó el 19 de diciembre el estado de sitio por 30 días. Se  recurrió a la violencia policial para reprimir las asonadas,  y la muerte de más de 30 personas en todo el país,  obligó al gobierno a renunciar el 20 de diciembre ante la presión del nuevo Congreso de mayoría peronista.  Existen indicios de que esas asonadas fueron alentadas y asistidas por los sindicatos peronistas y el propio Partido Justicialista, amen de sectores de izquierda radical, que vieron una oportunidad para intervenir, a fin de obligar a renunciar a un gobierno en minoría parlamentaria.

          

No habiendo vicepresidente para reemplazar al presidente, pues el vicepresidente “Chacho” Alvarez había renunciado mucho antes, el Congreso designó a su sucesor, designación que recayó en el gobernador peronista de San Luis, Rodríguez Saá. Éste  elaboró un plan drástico, que no contó con el apoyo de gobernadores y congresistas de su partido, viéndose obligado a renunciar a su vez el 30 de diciembre. Le sucedió por designación del Congreso, Duhalde, ex gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a la presidencia, quien el 6 de enero de 2002 abandonó la convertibilidad, devaluó el  peso a 1.40 por dólar  y pesificó las deudas en dólares  uno a uno y los depósitos a uno con cuarenta, terminando por establecer un tipo de cambio fluctuante comercial, junto al oficial, a comienzos de febrero de 2002.

 

El tema del llamado “corralito” siguió acaparando la preocupación de políticos y banqueros, así como la de los jueces y los integrantes de la Corte Suprema hasta mucho después, porque una sucesión de recursos de amparo fue admitida por el Poder Judicial, consiguiendo muchos retirar su dinero de los bancos,  en lo que se conoce como “goteo” del sistema financiero. A fines de 2002, la Corte Suprema invalidó la pesificación de los depósitos en moneda extranjera por inconstitucional, como efectivamente lo es.

 

Durante todo el año 2002, el gobierno de Duhalde se debatió entre  el desempleo, el hambre, la paralización parcial de la producción y el comercio,  los reclamos de los depositarios, la desconfianza generalizada y las demostraciones políticas antigubernamentales. Pero, quizá su batalla más dura fue contra el Fondo Monetario internacional para obtener nuevos préstamos a fin de pagar los vencimientos de la enorme deuda externa del país – calculada en 150.000 millones de dólares- y no caer en default, sin que el Fondo cediera en sus exigencias. El default, aunque sea técnicamente, se produjo finalmente, al pagar el país los intereses de unos 800 millones de dólares, sin reintegrar el capital, pero a nadie le convino admitirlo.  Los únicos datos  alentadores fueron los de las exportaciones, que aumentaron debido a la mayor competitividad ganada por la devaluación, con alguna repercusión sobre la actividad económica y la disminución de las importaciones. Aunque esta baja se  debió a la caída de la producción, lo que no es un buen indicio en la economía, sirvió para aliviar la balanza comercial, que cerró con superávit en el primer trimestre del 2003.

 

La crisis  política persistió durante el gobierno de Duhalde, dentro y fuera del partido de gobierno. Para salir de ella, Duhalde decidió – o lo obligaron- a llamar a elecciones presidenciales anticipadas, que serían precedidas por elecciones internas de los partidos, para instalar un nuevo gobierno en mayo de 2003. Rodríguez Saa, Menem, de la  Sota y Kirchner, fueron los principales candidatos del justicialismo y Elisa Carrió – una pintoresca diputada ex radical, que se hizo famosa por sus persistentes denuncias de corrupción contra los principales actores políticos- fue  candidata   de una coalición populista de izquierda, el ARI, bastante bien colocada en las encuestas. Completó el cuadro de candidatos, el economista López Murphy, un liberal duro.

 

La crisis económica persistió en casi toda su crudeza y la única señal alentadora es que desde el último trimestre del año 2002, el déficit desestacionalizado del producto habría ido bajando.

 

¿Por qué Argentina se precipitó en la catástrofe económica, financiera,  política y social? No es fácil hacer un diagnóstico de lo ocurrido, aunque sea “ex post facto” . López Murphy,  que fue ministro de economía por quince días,  ensayó una explicación en una conferencia dictada en Montevideo (López Murphy, 2.8.2002). Señala que entre 1991 y el 2000, el incremento del producto fue de un 40%, mientras el gasto creció en un 150%. Ese crecimiento del gasto fue financiado con un gran aumento de la tributación y con un enorme endeudamiento.

 

El crecimiento del gasto –prosigue- generó enormes presiones en los mercados de capitales, afectando  mucho el crédito, el   empleo, la competitividad, hasta que finalmente eso dio por tierra con la convertibilidad cambiaria, con un costo muy grande porque esa             institucionalidad no había sido adoptada como producto de la lucidez . Más que eso,   fue un acto de necesidad porque se adoptó después de haberle quitado 13 ceros a la moneda en  los 20 años anteriores. Cada cero es mil por ciento de devaluación. Luego de tantas devaluaciones, para recobrar cierta confianza había que adoptar un régimen de gran previsibilidad.

 

Cuando se logró la estabilización de la moneda y hacer reformas importantes en materia de privatización y seguridad social, a principios de los 90s (siglo XX), se vivió un clima de euforia que impidió ver los efectos a largo plazo de la expansión del gasto, del déficit y  del endeudamiento, que impidió hacer políticas anticíclicas y forzar el superávit fiscal en momentos de auge, para poder enfrentar  los momentos de recesión o crisis. La rápida salida del efecto tequila, la crisis mexicana, aumentó la creencia de que se había creado una economía sólida, inmune a las crisis externas. La crisis de 1998, vulnera la dependencia del país en la exportación de los  commodities, en el financiamiento externo y en la región, o sea el  Brasil. Cuando el Brasil devalúa en enero de 1999, la competitividad en la región desaparece. El ingreso del país por exportaciones baja a la mitad y encarece en la misma proporción el financiamiento externo. Debió hacerse rápidamente una gran corrección fiscal, que se hizo tardíamente y no alcanzó.

 

Según López Murphy, el fracaso de la corrección fiscal se debe en gran parte a lo inadecuado de las instituciones fiscales y financieras argentinas, que permiten una enorme transferencia de fondos a las provincias, sin tener control sobre el gasto de las mismas, lo cual se ve agravado en momentos de competencia electoral. El caso más patético, que no cita el conferencista es el de la Provincia de Formosa, una de las más pobres del país, que se convirtió en un paradigma de la corrupción y el despilfarro ( Diario Clarín, 2002). Pero –sigue diciendo López Murphy- en el Estado federal también hubo un problema de similar magnitud. Entre 1991 y el 2000 se gastaron 50.000 millones de dólares registrados en el  presupuesto, pero también 60.000 millones de dólares de gasto que son producto de decisiones parlamentarias y judiciales, sin que haya ningún control sobre el gasto, debiendo colocarse una enorme cantidad de bonos cada año para financiar ese tipo de operaciones.

 

Ese cuadro, si bien acertado en sus consideraciones, no es necesariamente completo, pues deberían agregarse consideraciones respecto a la poca solidez del crecimiento económico en esos años y el insuficiente crecimiento industrial de un país, que siguió siendo hasta hoy predominantemente agrario.

 

Volviendo al proceso electoral durante el gobierno de Duhalde, se decidieron las elecciones para mayo del 2002, sin estar precedidas por las internas partidarias, lo que posibilitó que  por el peronismo concurrieran tres candidatos separadamente, los señores Menem, Kirchner y Rodriguez Saá. Se dio entonces la paradoja de que siendo Menem quien recogiera mayor número de votos, aunque por poco margen, se viera enfrentado en la  segunda vuelta a una aplastante coalición antimenemista, que determinó su muy criticada renuncia a presentarse a ella. Como consecuencia, llega a la presidencia Kirchner, ex juventud peronista regionales del peronismo (fracción de izquierda de la década de 1970), gobernador de la sureña y marginal pero rica provincia de Santa Cruz con  21% de los votos expresados, pero con el apoyo virtual del 70% del electorado. Fundamentalmente, el discurso del nuevo presidente en sintonía con las reclamaciones populares y con las fracciones de izquierda, trajo una tregua social beneficiosa para el país.              

 

La nueva  presidencia es ayudada por una serie de buenas noticias, que encubrieron  otras no tan buenas. En primer lugar se produjo un vigoroso aumento de las exportaciones, que ya se había insinuado durante la presidencia de Duhalde, y de una muy importante baja de las importaciones, consecuencia de la drástica devaluación monetaria que llegó a un techo del 380% para luego bajar al 30% por ciento, y  por  la tonificación de los precios internacionales de muchos “commodities”. En el primer trimestre de 2003, comparado con igual período del año anterior, las cantidades aumentaron un 0.7 por ciento y los precios un 9%.  Según el Ministro Lavagna, en junio del 2003 las exportaciones aumentaron en el porcentaje record del 28% con respecto al mismo mes del 2002. La subsecuente tonificación del dólar y el aumento de la producción interna, sin embargo, sólo dejan margen para  un modesto aumento de las importaciones. (Diario “El País”, Montevideo, 6 de julio de 2003). El patrón exportador, sin embargo, sigue siendo el mismo de hace muchos años, o sea productos con baja mano de obra agregada: soja, maíz, cereales, carnes miel, frutas frescas, etc.

 

 La actividad industrial, en cambio, luego de haber registrado subas desde el tercer trimestre del 2002, experimentó en el segundo trimestre del 2003 un descenso del 2.4%, atribuida al estancamiento de la economía brasileña, la baja o la estabilización del dólar y la falta de inversión en el sector. El sector contribuye muy poco, igualmente, al aumento de las exportaciones, lo que redunda en el escaso valor agregado de las mismas y siguen haciendo del país un exportador casi exclusivamente del productos primarios.

 

El ministro Lavagna, reelegido por Kirchner para seguir dirigiendo la economía,  estimó recientemente que en el 2003 el producto bruto crecerá en un 5%, lo cual compensa sólo en parte la caída acumulada del 20% entre 1999 y 2002.

 

Otra noticia positiva es el control de la inflación, que estará en el año entre el 6% y 8%. Sin embargo, como en Uruguay, este bajo incremento  es producto de la profunda recesión interna que no permite la movilidad de los precios.

 

El  desempleo habría bajado del 21% al 15%, según informe del INDEC, pero, una vez más esta caída no es producto de la creación de empleos genuinos, sino de los planes sociales del gobierno, que económicamente significan subsidios.

 

El  porcentaje de pobres e indigentes en la población total asciende a un estimado y aterrador 50% .

 

En lo exterior, la postura   “progresista”  del nuevo gobierno, se reflejó en una posición más dura  frente al Fondo Monetario Internacional, repitiendo que el país pagará en la medida que no comprometa su crecimiento, que coincidió otra más benévola del Sr. Kölher, director-gerente del organismo, comparada con la anterior del Sr. Aninat, sub-director gerente saliente.  Lo cierto es que en agosto del 2003, la Argentina enfrenta pagos por más de 6.000 millones de dólares y muchos más por venir y la situación no está resuelta. Otro aspecto a destacar fue el  reforzamiento de  las relaciones con el Brasil (coincidencias en MERCOSUR y ALCA) y un cierto distanciamiento con los Estados Unidos.

 

Sin embargo, esta posición parece ser más verbal y electoralista que real y está cambiando, luego de la visita del Kirchner al presidente Bush, que se describió como muy cordial, en buena parte por la necesidad del gobierno de obtener apoyo del norteamericano para negociar con el FMI. El ministro Lavagna, a principios de agosto de 2003 viajó a entrevistarse con el Secretario del Tesoro John Snow, para obtener su apoyo en las negociaciones en curso con el Fondo. Las mismas siguen el patrón tradicional de ajuste fiscal y exigencias de reformas estructurales; la divergencia consiste en el monto del ajuste: el gobierno ofreció para el 2004, un superávit primario de 12.000 millones de pesos (aproximadamente 4.100 millones de dólares) y el Fondo pedía 16.000, pudiendo transarse en un punto medio o sea 14.000 millones,  un 3.5% del producto bruto. El tema es muy sensible, pues, si bien se dejarían de lado recursos para planes sociales, aumentos de salario e inversión en obras, el éxito de la renegociación con el Fondo arrojaría luz sobre la intención de comenzar a pagar los bonos de deuda pública que dejaron de pagarse en el 2001 (76.000 millones de dólares).Sin ello, el país, virtualmente en “default” no podría razonablemente esperar que se restablezca la confianza de los eventuales inversores, se repatríen capitales y se invierta en la reactivación de la economía. La reestructuración financiera es una asignatura pendiente, así como la reestructuración industrial, ambas fundamentales para el despegue del país.

 

El otro tema a dilucidar con el Fondo es la exigencia de reformas estructurales: impositiva, eliminación gradual de las retenciones al campo y del impuesto a los sueldos y reformulación del régimen de reparto de los impuestos entre la Nación y las provincias, depositando más responsabilidad de recaudación en éstas ; reestructuración total del sistema financiero, reduciendo el número de actores, planteándose también para los bancos la  devolución  de las pérdidas por diferencias cambiarias;  el ajuste de tarifas  a los concesionarios de servicios públicos, y el pago a acreedores privados e institucionales, que son resistidas por el gobierno.

 

 

 II. EL BRASIL

 

En comparación con la Argentina, el Brasil, responsable de la crisis regional  de 1998, a principios del 2002,  vivió su crisis más pausadamente que sus vecinos. Es cierto que en el 2002 la banca sufrió el impacto de la crisis argentina, el riesgo país se acercó a los 2000 puntos, la bolsa bajó un 30% , el real trepó hasta los 3.70 por dólar y las exportaciones a la región bajaron enormemente – 68% a la Argentina en el primer trimestre de 2002. Es también cierto que el país acumuló una deuda catastrófica, cuyo servicio en el 2002 exigía pagos por U$S 16.700 millones.

 

Sin embargo, el desempleo se mantuvo alrededor del 9%, la inflación no se disparó tanto como lo indicaría una devaluación de más de 300%, alcanzando un 2% mensual en agosto y setiembre  y las industrias siguieron trabajando. Es cierto que durante parte del período, el país ganó en competitividad debido a la alta devaluación y que no tuvo, como Argentina y Uruguay el problema de la dolarización de la economía, que destruyó la banca de estos países.

 

El problema de fondo es el escaso crecimiento del PIB, que desde 1994 aumentó a un promedio del 2,5% anual y en el 2002 fue de algo más del  1%, cuando se requeriría un crecimiento sostenido del 5% durante muchos años para compensar el crecimiento demográfico de alrededor del 1.8%. Esta es la razón fundamental del alto endeudamiento brasileño y ese tema no se soluciona sólo con buena voluntad.

          

Se sumó a estos problemas la realidad de un año electoral y no un año electoral cualquiera, sino uno en que la izquierda del PT podía alcanzar la presidencia. En la segunda vuelta sólo quedó el candidato oficialista Serra, para enfrentarse a candidatos de diversas izquierdas, Inácio Lula Da Silva, Ciro Gómez y Antony Garotinho . A medida que Lula subía en las encuestas, las predicciones de una catástrofe económica en un ambiente propicio fueron aumentando: la economía entró en un ritmo cada vez más lento y la especulación con la moneda y los títulos públicos alcanzó máximo nivel.

 

Sin embargo, el gobierno del presidente Cardoso no especuló con la situación y salió a apoyar ante el Fondo Monetario Internacional al gobierno que saliera de las urnas, fuere cual fuere, obteniendo de éste un préstamo de 30.000 millones de dólares, 10.000 de inmediato y 20.000 a entregar al nuevo gobierno, de cumplirse con las reglas.

 

Por su parte, Lula, el candidato con mayores posibilidades, hizo todo lo que estaba a su alcance para apaciguar a los mercados, abandonando su imagen de obrero revolucionario por la de un señor respetable del “establishment”. Eligió como vicepresidente un empresario liberal  protestante y adoptó un discurso muy razonable, de corte social-demócrata, dando toda clase de seguridades a Estados Unidos, al Fondo Monetario, a la banca y a los empresarios. El Lula de hoy contó con un inédito respaldo empresarial. Nombres como Eugenio Staub, dueño de la Gradiente, gigante del sector electro-electrónico, Ivo Rosset, del sector de ropas íntimas femeninas y José Pessoa de Quiroz, productor del sector del azúcar y del alcohol y quinientos empresarios más manifestaron su apoyo al candidato. Sin embargo, el candidato mantuvo sus promesas electorales en el ámbito social, de escasa viabilidad y dudoso cumplimiento, por lo menos en la coyuntura, dada la situación comprometida del país y  la magnitud de sus problemas tradicionales.

 

Elegido  presidente, Lula Da Silva trató de formar un gabinete que diera confianza a los inversores y a los empresarios y que fuera garantía del mantenimiento de los compromisos internacionales y, en definitiva la transición estuvo lejos de ser catastrófica, como muchos auguraban, repuntando, en cambio, los indicadores económicos y financieros.

 

Y lo que es muy significativo, es que es la segunda vez, desde Allende, que en Latinoamérica una coalición de izquierda llega al poder por elección popular, si dejamos intencionalmente de lado el actual gobierno chileno, que si bien tiene a su cabeza un presidente socialista, éste ejerce sus poderes constitucionalmente acotados en el seno de una coalición cuya fuerza principal es un partido de centro. Hoy, fuera del contexto de la Guerra Fría, el acceso al poder de la izquierda se realiza democráticamente  en forma pacífica y civilizada, en un contexto pluralista y hasta con cierta ayuda del gobierno saliente para  evitar conmociones. Cierto es, también  que esa  izquierda se ha alejado del modelo  marxista-leninista, que prescribe el abandono del pluralismo y el ejercicio del poder en forma autoritaria, monopolística e intransigente, según los cánones de la dictadura del proletariado, ni hay señales de que en el futuro se vaya  a intentar  instaurar un régimen  de partido único y economía centralizada, sino todo lo contrario.

 

Ello sería muy difícil y traumático en un país con la estructura y la mentalidad política  del Brasil. En la relación institucional de poderes en la República Federativa del Brasil , el PT  no cuenta con la mayoría de los gobernadores, muy poderosos en sus estados, ni con mayoría en el Senado, debiendo recurrir a sus aliados para obtener mayorías circunstanciales en el Congreso, de modo que el logro de por lo menos algunos objetivos dependerá de la habilidad negociadora de la dirigencia del gobierno, que hasta ahora no ha faltado.

 

Sin embargo, al aceptar su  papel de izquierda social-demócrata de tipo europeo, el PT ha  tenido que renunciar en buena parte al arma ideológica y al carisma del discurso  populista-revolucionario propio de las izquierdas latinoamericanas en la oposición, que les permite obtener la adhesión de las masas en la carrera hacia el poder en función de las carencias de la estructura, las injusticias del sistema y los errores de los gobernantes. Como sucede en las sociedades abiertas, el PT en el poder será juzgado en el seno de la población en general por su obras y por el grado de cumplimiento de sus promesas. A partir de  esa situación, fue motivo de especulación el   cómo reaccionarían los sectores más radicales del PT frente al hecho de que todas esas concesiones necesarias en la sociedad democrática van diluyendo el programa original  del partido y que en muchas ocasiones no habrá salida política dentro del sistema para imponerlo. En ese aspecto conviene destacar el papel  articulador de Lula da Silva, que se ha revelado como gran figura política, de  Joseph Dirceu y otras importantes figuras del partido, otrora muy radicales.

 

El polítólogo uruguayo Oscar Botinelli, director de la encuestadora Factum (Botinelli, 2002)se preguntaba en una entrevista poco después de las elecciones “¿cuánto quedó por el camino  desde el   día de las elecciones hasta hoy o hasta el 1º de enero? ¿Cuánto el armado del gabinete, el armado de los planes de gobierno, las negociaciones internacionales, las negociaciones con el Parlamento,  van diluyendo lo que puede ser el programa original del PT y cuánto  se mantiene en vigencia? ¿Cuánto pesarán en estos años los sectores  más principistas del PT, los que algunos califican como los más radicales, los que adhieren más a las fuentes originarias? Y estos  sectores, ¿cuánto van a aceptar, cuánto tiempo, hasta dónde, una   política más socialdemócrata? “

           

A mediados del año 2003, el presidente Lula no ha perdido carisma y se sigue manejando con sensatez y pragmatismo, reiterando sus promesas y reclamando paciencia, pero su gobierno se está enfrentando con las primeras reclamaciones por las expectativas no cumplidas. Por el momento, las fricciones se han producido en dos frentes: el Movimiento de los Sin Tierra y los empleados federales.

 

El movimiento de los Sin Tierra, sobre el cual se apoyó mucho el PT, encuentra que no se esta procediendo con diligencia a la reforma agraria prometida y en algunos casos se han producido ocupaciones ilegales de haciendas, que han sido condenadas por la Justicia, que ordenó su desalojo. De este movimiento, que cuenta  con alas radicales, podría surgir la mayor oposición al gobierno. La policía federal advierte a éste que hay indicios de que podrían formarse grupos guerrilleros en Minas Gerais y Rondônia  del tipo Sendero Luminoso y las FARC, en torno a la llamada Liga Operaria Campesina y Movimiento Revolucionario de los Sin Tierra.( O  Estado de Sâo Paulo, 10.8.03).

 

La necesaria reforma de la seguridad social (previdencia), netamente deficitaria, encontró una cerrada oposición de los trabajadores federales, que protagonizaron una dura huelga de más de un mes. La aprobación de la ley en Diputados en primera vuelta, con votos de la oposición, despertó la furia de los empleados estatales y una violenta reacción ante el Congreso, y provocó crisis y rupturas en el partido oficialista, que expulsó inmediatamente a los cuatro diputados petistas que votaron en contra y piensa sancionar  a quienes se abstuvieron. (Clarín.com, 6.8.2002). Sin embargo, la reforma es muy razonable en cuánto a elevar  la edad mínima para jubilarse -60 años para el hombre y 53 para la mujer- y años de servicio para jubilarse –35- y un poco menos al imponer topes de ingresos en dólares –800- y contribuciones de quienes  ganen más de determinada cantidad –400-. Este resultado, que pone a prueba la popularidad del gobierno y la cohesión interna del partido, es considerado como un triunfo personal de Lula, que sale victorioso de una  prueba que enfrenta al ex sindicalista con un poderoso sindicato, en beneficio de la sociedad en general  y, en su visión, de los menos favorecidos dentro de la misma.

           

Sólo el futuro dirá si la gestión de Lula, o más bien si este pasaje del PT por el gobierno podrá generar la mutación fundamental que el Brasil espera desde hace tanto tiempo, pero que, de ser factible, requerirá décadas para su concreción. La tarea es difícil porque la economía brasileña sigue estancada, y el presidente brasileño  corre el peligro, a cada momento, de ser obligado por su propio partido y las fuerzas sociales aliadas, a abordar la problemática del país con más voluntarismo populista que lucidez.

 

Respecto de este punto Botinelli (op.cit.) dice: “Hay un tercer tema que son los riesgos que tiene Lula hacia la  población brasileña. Lula asume el 1º de enero con una esperanza formidable de punta a punta de Brasil, la gente pone una esperanza formidable en lo que prometió, pero no tanto en lo que prometió ni en lo que fue el programa del PT, sino que por ese fenómeno que ocurre muy seguido, la gente, sin que medie promesa alguna, deposita en el voto a alguien –en este caso Lula– todas sus esperanzas,  prometidas o no, posibles o no. En Brasil esto significa comida para el que come poco, tierra para el sin tierra, casa para el sin techo,   trabajo para el desempleado. No hay que olvidar que este Brasil tan  imponente sigue siendo lo que se ha llamado Belindia, es decir el país donde conviven el esplendor de Bélgica y la vasta pobreza de la India. No muy lejos de la mitad de la población está fuera de la sociedad de consumo, de la sociedad moderna, de las necesidades  básicas mismas. “

          

En cuánto a la política exterior, y en especial el MERCOSUR,  el ALCA  y la UE, la posición del nuevo gobierno es trascendente, debido al peso que indudablemente tiene el Brasil   en estos ámbitos de integración.

 

El presidente Lula, en su  discurso de toma de posesión del mando, delinea los principales objetivos de la política exterior de su gobierno. A estar al discurso, el mismo se regirá por los objetivos de democratización de las relaciones internacionales y la contribución brasileña a la estructuración de un mundo multipolar, procurando un mayor protagonismo en la ONU y en los demás organismos internacionales, de acuerdo con su peso . Se da énfasis a la región sobre la base de la reconstrucción del MERCOSUR y la integración sudamericana como un espacio para el liderazgo brasileño y su proyección mundial, además de la solidaridad con África y el establecimiento de una asociación estratégica con potencias emergentes como China, India, Rusia y Africa del Sur  y lograr la asociación comercial con la Unión Europea. Esas prioridades, no obstan al mantenimiento de los canales de relacionamiento con las grandes potencias, pero creando las condiciones para un espacio mayor de negociación; en este punto el nuevo gobierno asume todos los compromisos internacionales y las obligaciones de la deuda externa brasileña, con miras a facilitar  los flujos de inversión extranjera en capitales y tecnología. Quizá el aspecto más novedoso de esta definición política está en la campaña  de combate al hambre, no sólo en el plano doméstico  sino en el plano internacional, como lo demostró luego el presidente, llevando al seno del  G8 una propuesta concreta de financiación de una lucha internacional contra este flagelo, con un impuesto a la venta de armas, que aparentemente no tuvo eco. En realidad, esas propuestas corresponden a un nuevo abordaje de los problemas sociales mundiales y domésticos, que, frente a la globalización neoliberal  requerirían la formulación de un nuevo orden internacional, tantas veces reclamado en el pasado.(ver Vizentini, 2003).

 

El nuevo Secretario General del Ministerio, Samuel Pinheiro Guimarâes, cuyos trabajos ha citado repetidamente el autor de este estudio, formula los lineamientos generales de la política brasileña en su  discurso de toma de posesión del cargo, en consonancia con las declaraciones del Ministro de Relaciones Celso Amorín y el propio presidente de la República. 

          

Respecto de las relaciones  internacionales, expresa que la política brasileña se orientará a la reducción de las desigualdades económicas, sociales, étnicas y de género y de las vulnerabilidades externas que clasifica en: económicas, centradas en el elevado déficit en las transacciones corrientes; tecnológicas, la reducida participación en la generación de tecnologías y producción innovadoras; políticas, la escasa participación del país en los principales centros de decisión mundial; militar, causada por la inmensidad del territorio brasileño y la inestabilidad mundial. El desafío brasileño consiste principalmente en la construcción de una democracia efectiva que forme ciudadanos que participen en la formulación de las políticas y en el desarrollo del potencial nacional.

 

Concretamente en el área de la política externa, el Brasil se empeñará en la construcción de un mundo multipolar sin hegemonías, ampliando la cooperación con los Estados Unidos, basada en las ideas comunes de democracia, justicia y soberanía, así como con Europa, África y Asia. Atenderá a la promoción de sus intereses internacionales de largo plazo, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento con los principios de la Carta de las Naciones Unidas: igualdad entre los Estados, autodeterminación, no intervención y solución pacífica de controversias.

          

En cuánto a América del Sur y MERCOSUR se prestará particular atención a la construcción de la integración económica y la cooperación política y social, procurando la eliminación de las asimetrías de la región, atendiendo particularmente a las negociaciones económicas en la OMC, MERCOSUR y ALCA.

           

Estas enunciaciones, de carácter muy general, no rompen  la continuidad de la política exterior brasileña, sino que afirman una política de Estado. Cualquiera que analice las declaraciones  internacionales del presidente Cardoso, por ejemplo, va a encontrar importantes puntos de coincidencia. La diferencia puede estar en el énfasis que se le dé a la prosecución de los diferentes objetivos y la capacidad y energía con que se intente llevarlos a cabo. Justamente, el PT ha acusado al ex presidente de quedarse en el discurso vacío, y de  inoperancia en defender los intereses brasileños; le toca ahora demostrar su capacidad para lograr la consecución de los intereses nacionales. Inteligentemente, el nuevo gobierno, a pesar de una postura de izquierda, no  presenta al Brasil como un Estado contestatario, que podría marginarlo del escenario mundial, sin procurarle ningún tipo de beneficios. Sí, en algunos puntos básicos, puede estar en discordancia con la posición de destacadas figuras del PT, en cuánto a la oposición a la globalización, las relaciones con los Estados Unidos y a un acuerdo con el ALCA (Jaguaribe, 2000), y mismo con respecto a algunas expresiones aisladas sobre la  profundización del MERCOSUR comercial (Reinaldo Gonçalves 2002).

 

Para cerrar esta breve exposición de la política exterior brasileña, creo oportuno transcribir la opinión  de Botinelli, el cientista político  más arriba nombrado, que puede reflejar el punto del vista uruguayo. Dice: 

   “ Hay un tema que preocupa mucho a Uruguay, que es Lula y el MERCOSUR.”

    “El MERCOSUR estuvo bastante frenado, abandonado desde muchos lados,  sobre todo desde Brasil; también desde Argentina con su crisis y de   Uruguay, desde la Presidencia de la República que lo bombardeó mucho, no como política de Estado o de cancillería, pero sí desde el  presidente. Este MERCOSUR tan averiado empieza a tener un  relanzamiento, se vio cuando el presidente saliente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, estuvo en Montevideo en su despedida semanas atrás; también en los discursos de Lula.  Pero también está en juego el tema del destino nacional de Brasil.  Brasil siempre ha buscado tener un destino que –sin darle ningún   carácter peyorativo– muchas veces ha sido llamado “destino imperial”, pretender ser una potencia a escala planetaria por lo que le da su tamaño, en economía, en población geográfica, en ubicación   geopolítica prácticamente lindante con todos los países de América del Sur, excepto Chile. Ese destino lo lleva a que sus intereses  nacionales coincidan con los de un gran bloque regional, siendo el líder de  ese  bloque regional. “

 

 “Pero esto se ve permanentemente frenado porque quien pretenda liderar una región tiene que ser generoso con sus socios y la generosidad va en contra de los intereses de las regiones pobres  del propio Brasil, de los intereses inmediatos de Rio Grande do Sul, de los estados del sur o de São Paulo; cada estado encuentra en los bloques   regionales, en los tratados de libre comercio o en el mercado común  perjuicios para el día de hoy, lo que hace que se petardee ese  destino nacional de Brasil.”

 

Sigue Bottinelli con el ALCA: “Está de por medio el ALCA, esta zona de libre comercio de todas las Américas, Brasil siempre tuvo reticencia al ALCA y ahora se produce   este abrazo o reunión sonriente de Lula con Bush. ¿Qué quiere decir?  ¿Cambia la política de Brasil?, ¿es la misma por métodos más diplomáticos? Esas posturas antiestadounidenses de Lula o del PT, ¿son la reedición del viejo antiimperialismo latinoamericanista, o es el viejo y redivivo nacionalismo imperial de Brasil, que pone  frenos a otro intento de hegemonía en la región y que es la continuación del sueño hasta ahora malogrado de transformarse en  potencia política mundial?”

 

Lo cierto es que el nuevo gobierno brasileño dio un ímpetu negociador a todos los temas de integración, muchos de los cuáles anteriormente el propio Brasil había frenado u obstaculizado en el pasado. Por supuesto que todo esto se reduce, por ahora, a una serie de propuestas, en general compatibles para sus demás socios, en la medida que el natural liderazgo brasileño se ajuste a los principios de solidaridad enunciados y que sea seguidas por acciones concretas para lograr credibilidad; pero las mismas constituyen una buena señal para relanzar y profundizar un MERCOSUR, cuyo futuro pasó por momentos de gran zozobra.              

          

III.- El URUGUAY

          

Desde principios del 2002, la profunda crisis argentina, que tuvo su punto culminante el 20 de diciembre de 2001, con la  renuncia del presidente de la Rúa y que determinó la congelación de los depósitos bancarios y  su pesificación, así como la de las deudas, entre otras medidas lesivas para la población, repercutió con toda crudeza en el Uruguay.  El flujo de retiro de los trece mil millones de dólares de depósitos que había en los bancos, aumentó desde el mes de enero hasta el mes de julio en forma tan vertiginosa, que amenazó con drenar todos los haberes depositados en los bancos. Al mismo tiempo la caída de las reservas internacionales fue enorme hasta un piso de 400 millones de dólares. El  ministro de Economía, Bensión, aumentó el ritmo devaluatorio  y amplió el ancho de la banda cambiaria para dar más competitividad  a las exportaciones y aflojar la presión sobre el tipo de cambio, pero  la solución resultó infructuosa, por lo que optó por dejarlo  fluctuar libremente, produciéndose una devaluación monetaria que llegó de alrededor de diecisiete a casi  los treinta pesos por dólar y terminó por desequilibrar el pago de las deudas y  transacciones en dólares y perjudicando enormemente la solvencia del sistema bancario. En ese lapso quebraron varios bancos y se produjeron grandes escándalos financieros, cuyos efectos se sentirán por mucho tiempo. Concomitantemente, se produjo una muy severa retracción de la inversión, del consumo y de la actividad productiva y empresarial.

 

El punto culminante de la crisis se produjo en julio de 2002, cuando una delegación uruguaya debió ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, el otorgamiento de fondos frescos  para hace frente a los vencimientos de la deuda. El Fondo , estudiando la situación catastrófica de las finanzas públicas y de la mayoría de la banca pública y privada, exigió que el país siguiera el mismo camino que la Argentina, congelando todos los depósitos bancarios y hasta sugirió la liquidación del Banco de la República Oriental del Uruguay. El gobierno no accedió a ello y propuso una fórmula alternativa que se concretó con una ley del 5 de agosto de 2002, que siguió a un feriado bancario de una semana. Mientras tanto obtuvo un préstamo puente de 1.500 millones de dólares del  Tesoro norteamericano, que permitió crear lo que se llamó el  “Fondo de estabilidad del sistema bancario”. Mediante los recursos del mismo, se pudo devolver, al reabrirse la banca, los depósitos a la vista en moneda extranjera del Banco de la República y del Banco Hipotecario del Uruguay , así como  aquellos bancos privados que requirieran asistencia financiera. Los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera quedaron congelados bajo diferentes modalidades, programándose para los bancos del Estado devoluciones en tres anualidades del 25, 35 y 40% del total.

 

Finalmente,  para solucionar el problema de la acumulación de pagos de la deuda externa por más de 2000 millones de dólares en el año 2003 y los sucesivos vencimientos de la misma, se lanzó un programa de canje voluntario de la deuda externa, sin quitas ni rebajas de intereses, pero con una ampliación de los plazos generosa , que culminó el 22 de mayo del 2003, con una adhesión casi total de los tenedores de bonos internos y casi del 90% de los tenedores externos.

 

Como consecuencia de este canje, que evitó un default, el riesgo país bajó de más de dos mil puntos a setecientos puntos, lo cual no significa que por ello vaya a aumentar la inversión en bonos a largo plazo, ni que el país esté en condiciones de pagar más intereses, servicios y vencimientos. El Tesoro Público se nutre con la emisión de  letras de Tesorería  en dólares y en pesos a plazos cortos que van de 60 a 180 días, con intereses que rondan entre el 5 y 10% en dólares y que hoy superan los 500 millones de dólares.

 

Por supuesto, la confianza pública fue seriamente quebrantada y el nivel de depósitos bancarios no ha aumentado en este período, ni los bancos conceden préstamos importantes. El sindicato bancario, que había disfrutado de la bonanza de las transacciones riesgosas en su época de crecimiento ,se vio obligado a aceptar despidos y restricciones salariales, aunque las mismas no están en consonancia con la drástica reducción de los depósitos, de 13.000 millones de dólares a poco menos de 7.000 millones y la caída del nivel de actividad. Soluciones parciales, como la de  crear  el llamado “Nuevo Banco Comercial “, entidad pública de derecho privado, sobre los despojos de algunos bancos quebrados, con fondos suministrados por el Estado, es una riesgosa apuesta a futuro.

 

El empobrecimiento de la población es notorio, registrándose una drástica caída del ingreso y eso repercutió sobre la recaudación fiscal, que en los últimos meses, sin embargo, se ha estabilizado. El sector privado ha sido el más castigado, por las reducciones voluntarias de salarios y los abundantes despidos. La micro y pequeña empresa ha sufrido seriamente por la situación y el cierre de negocios es continuo, situación que se ha trasladado a muchas empresas medianas.  Como consecuencia de todo ello, el nivel del desempleo rondó el 19%, con una leve tendencia posterior a la baja. Un estudio realizado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República , prevé  que a tasas de crecimiento del 2%, el desempleo podrá reducirse al 13% recién en el  año 2011. Corolario de todo esto es el aumento vertiginoso de la miseria, la marginalidad, la delincuencia y la drogadicción.

 

Las  exportaciones, que habían caído durante el año 2002  a niveles sin precedentes, se están reponiendo lentamente, gracias a la lenta reapertura del mercado cárnico y a la mayor competitividad ganada por la severa  devaluación, frente a los socios del MERCOSUR. Ello permitió, ayudado por la drástica baja de las importaciones, registrar por primera vez en varios años, un pequeño saldo positivo en la balanza comercial. 

 

La política exterior del actual gobierno de Batlle que llegó al poder  al final de la crisis del MERCOSUR de 1998,  se propuso  tomar distancia del MERCOSUR, sin abandonarlo, y abrir nuevos mercados fuera del sistema regional, buscando especialmente un tratado bilateral de libre comercio con los Estados Unidos. En ese sentido, siguió la estrategia del gobierno menemista, como forma de contrabalancear el mayor  poder del Brasil en el MERCOSUR. Aparte del préstamo puente concedido por el gobierno norteamericano del que hemos hablado y el apoyo de este país para que el Fondo Monetario ayudara a superar  la crisis de julio del 2002, no se consiguió otra cosa de ese país. La búsqueda de la relación privilegiada con los Estados Unidos se fue deteriorando, a raíz de la  ambigua declaración  del Uruguay con respecto a la invasión de Irak, cuando el gobierno de Bush demandaba un apoyo pleno, y luego con la negativa del gobierno uruguayo – absolutamente correcta y respondiendo a su tradición de independencia- de firmar un acuerdo bilateral  con la superpotencia, exceptuando a los ciudadanos norteamericanos de los compromisos asumidos por la adhesión al Tratado que crea el Tribunal Penal Internacional.

 

Como resultado, la dependencia del país respecto de Argentina y Brasil se acentuó en la misma medida que  se redujeron sus opciones de negociación. Anteriormente, el gobierno había declarado que adhería a la negociación en bloque dentro del ALCA con sus socios del MERCOSUR,  lo cual dificulta que dentro de ese ámbito, la negociación última, que deberá ser entre Estados Unidos y el Brasil,  incluya  los intereses  específicos del Uruguay , como podía haberlo hecho un tratado bilateral. (ver capítulo IV, sección 4.2.3.3.)

           

El Frente Amplio- Encuentro Progresista , el partido de izquierda,  probable ganador de las elecciones del 2004, seducido por las coincidencias ideológico-partidarias con el gobernante PT brasileño y con el  sesgo izquierdizante del nuevo gobierno peronista de Kirchner en Argentina, no vacila en apoyar la idea de Lula de un “MERCOSUR político”, que en los hechos se traduce en la creación de un Parlamento del MERCOSUR, elegido por voto popular y, tal vez, un concertación bajo liderazgo brasileño contra la globalización y la hegemonía norteamericana. Los otros dos grandes partidos se oponen: el Partido Colorado, arguyendo que debe priorizarse el perfeccionamiento de los instrumentos económicos, como la armonización de las políticas macroeconómicas y dejar la instrumentación política para una etapa posterior .

 

El Dr. Julio María Sanguinetti, ex presidente de la República ( El Espectador.com.30.6. 2003) sostiene una opinión  más matizada que el presidente de la República, Dr. Batlle, como suelen ser las suyas. Admite la importancia del MERCOSUR como medio prioritario de inserción internacional  y saluda su relanzamiento por Argentina y Uruguay, pero  cree que la exploración hecha por Uruguay sobre la factibilidad de un contrato bilateral con Estados Unidos y la concreción de un nuevo acuerdo bilateral con México no son contradictorios con la pertenencia al MERCOSUR, sino que son ampliatorios de esa proyección al exterior. Considera sí relevante, encarar el tema de las asimetrías entre los países y paliarlas mediante medidas compensatorias, sin llegar al establecimiento de fondos estructurales como en Europa, por los cuales los países más ricos ayudan al desarrollo de los menos desarrollados. Respecto del “MERCOSUR Político”, entiende que el sistema tiene ya un carácter político al haber  admitido la cláusula democrática, pero que es inconveniente pensar en esta etapa en un Parlamento MERCOSUR, con carácter legislativo, constituyendo un obstáculo enorme la diferencia de población entre los países, que le daría al Brasil el 70% de la representación.

 

Dentro del  Partido Nacional, el Dr. Lacalle,  se opone  tajantemente a la formación de un bloque político, que significa una resignación inconveniente de soberanía para un país pequeño como el Uruguay y sostiene el carácter exclusivamente económico-comercial del MERCOSUR.    

 

Lo cierto es que el Uruguay no logró desarrollar una estrategia autónoma y pragmática, como Chile que, presidido por el socialista Lagos,  tiene una política de Estado que incluye a casi todos los sectores y que ha logrado  suscribir varios tratados de libre comercio, entre ellos con el MERCOSUR, sin caer en la dependencia de ningún bloque; y eso no es deseable para un país tan pequeño, inmerso en un bloque que, hasta el momento, se ha demostrado incapaz de un trato compensatorio con sus miembros más débiles .

 

IV.- El PARAGUAY

 

Luego de las tensiones políticas provocadas por el asesinato de Argaña y la posterior renuncia del presidente Cubas, el país entró en una relativa normalidad política con la asunción de González Macchi, que se acaba de asentar en el año 2003, con las elecciones formalmente democráticas que llevan al poder a otro miembro del perennemente gobernante  Partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos,  que asumió el 15 agosto de ese año. La herencia dejada al nuevo gobierno por el anterior de González Macchi, que a su vez recogió el tremendo legado de todos los anteriores es de inseguridad, desempleo, corrupción, aguda recesión económica y desprestigio internacional.

Notas bibliográficas

 

( * ) Continúa el capítulo cuarto “Noticia política y económica sobre los países del MERCOSUR y asociados en “El MERCOSUR y su contexto regional e internacional” y el capítulo segundo “Las crisis financieras de 1997-98 y su repercusión en los países del MERCOSUR” , en  “El MERCOSUR en tiempos de crisis”.

Clarín.com. Informe especial de Mariana García: “Formosa, una provincia pobre con políticos muy prósperos”.

López Murphy, Ricardo . Conferencia dictada el 2.8.2002 en el Complejo Punta Cala, Dpto. de Canelones, organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, transcripta en la web El Espectador.com.

Botinelli, Oscar: Entrevista radial sobre el resultado de las elecciones brasileñas y perspectivas del nuevo gobierno, Montevideo, noviembre 2002, El Espectador.com.

Clarín.com.  “El triunfo legislativo de Lula por la aprobación de la reforma previsional causó la furia de estatales” Miércoles 6 de agosto de 2003, año VII No. 2684.

José Corrêa Leite, Entrevista a Reinaldo Gonçalves, en td teoria e debate 52.dez 2002/jan/fev 2003

Donde este economista del PT afirma: “O Brasil debe, em primeiro lugar; em segundo, com relaçao ao MERCOSUR, minha ideia e un desengajamento gradual em quanto un acordo comercial”.

Vizentini, Paulo Fagundes: As três dimensões das Relações Internacionais do governo Lula.http.www.terra.com.br/vizentini/ 2003.

Jaguaribe, Hélio, op. cit. Pág.14. Entiende que la formación de un área sudamericana de libre comercio representa una ventajosa alternativa al proyecto ALCA.

 El Espectador.com. Entrevista al Dr. Julio María Sanguinetti, el 30.6.2003

          

           

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO: LA EVOLUCION DEL MERCOSUR. SUS NUEVOS AMBITOS DE ACCION  ( * )

I.- INTRODUCCIÓN

 

La crisis del MERCOSUR a que asistimos durante lo años 1999 y 2000, centrada fundamentalmente en la guerra comercial desatada entre los principales socios del sistema, seguida del colapso argentino en diciembre del 2001 y la crisis uruguaya desencadenada  en el 2002, unidas a la precaria situación financiera del Brasil, para no mencionar la mala situación política, económica y financiera paraguaya, causaron caídas espectaculares en el comercio recíproco intrazona hasta el punto de seguir socavando la imagen del sistema. Este es visto en todas partes con gran escepticismo, sobre todo por los países pequeños del mismo, especialmente el Uruguay,  cuyo gobierno se empeñó en una ofensiva internacional tendiente a hacer menos dependiente al país del comercio intrazona, debiendo reconocerse que su éxito ha sido relativo, salvo los acuerdos con México y con China,  la reapertura del mercado canadiense para las carnes uruguayas y ahora del norteamericano.

 

Se explica así que el año 2002 se cierre en el MERCOSUR con escasos progresos reales, aunque en el segundo semestre del año se pueden contabilizar algunas iniciativas, especialmente a cargo del presidente Cardoso, quien, aparentemente, desea dejar un legado positivo en las relaciones entre los países de intrazona, con el acostumbrado exceso de  discurso de fin de mandato  y pocos avances positivos.

 

La crisis argentina determinó que se arbitraran dentro del MERCOSUR algunas soluciones que significaron un apartamiento del régimen general de la zona de libre comercio y de la unión aduanera, para  proporcionar a ese país un alivio en esa difícil situación. Ello se reflejó en algunas decisiones del Consejo Mercado Común adoptadas en el correr del año 2001 y año 2002. La decisión No. 1 autoriza a ese país a aplicar alícuotas extraordinarias de importación  desde terceros países, para reducir la competencia  de esas mercaderías en el mercado interno. 

 

II.-  LA ZONA DE LIBRE COMERCIO.

II.1.- el sector automotor.

 

En el marco de esta reactivación de la colaboración recíproca, que termina de poner fin a los enfrentamientos de los años anteriores, y con la intención de reducir el impacto de la crisis que azota a la región en el comercio recíproco, se reunieron en Brasilia el presidente Duhalde y el presidente Cardoso, el 26  de setiembre del 2002 y firmaron dos convenios bilaterales, uno de ellos relativo al sector automotor. Por este acuerdo, precedido por sendas reuniones  realizadas el 6 de febrero y el 14 e marzo de 2002, Argentina, durante el resto del 2002 pudo vender al Brasil dos dólares en vehículos y repuestos, por cada dólar que le compraba el Brasil, mejorando sustancialmente la relación de 1 a 1 que establecía la cuotificación precedente. En el 2003 la relación crecerá  a  2.2, en el 2004 a 2.4 y en el 2005 a 2.6, liberándose totalmente el comercio automotor para el 2006, de acuerdo con las metas establecidas precedentemente. Igualmente el convenio exonera las multas en que incurrieron en el pasado los exportadores argentinos por haber vendido más de lo que les autorizaba el cupo. Este acuerdo flexibiliza el sistema de cupos de exportación de uno de los dos sectores aún no liberalizados en el MERCOSUR, que representa el 25% de comercio bilateral y se cree que por el mismo, Argentina podrá vender al Brasil unos 100.000 autos por año. Recordemos que este sector, conjuntamente con el azucarero son los únicos que no están  liberalizados dentro de la zona de libre comercio y se rigen por acuerdos específicos. Los acuerdos sobre automotores rigen hasta el 2006.

 

II.2. El sector servicios.

 

En la reunión de presidentes de Brasilia, el 5 y 6 de diciembre del 2002, se urgió la pronta ratificación del Protocolo sobre comercio de servicios, aprobado por decisión del No. 11 del 2001, para complementar la liberación de los servicios en un plazo máximo de diez años y en la reunión de presidentes de Asunción 2003, se volvió a urgir la misma.

           

 

II.3.- La integración fronteriza

 

Se creó por decisión No.5 del 2002 del CMC, un grupo ad hoc sobre este tema que inició los trabajos en el curso de ese año  para profundizar la integración de las colectividades  fronterizas y promover su desarrollo, así como la mejora de la calidad de vida en las mismas.

 

El programa brasileño “Objetivo 2006”, presentado en la reunión de Asunción de junio de 2003, contiene igualmente un programa de integración fronteriza.

 

 II.4.- Compras gubernamentales

 

 En Buenos Aires, el 22 de julio de 1998, el Grupo del Mercado Común aprobó lineamientos sobre criterios, procedimientos y plazos para negociar un régimen de compras gubernamentales de bienes y servicios en el MERCOSUR, elaborado por el Grupo Ad Hoc de Compras Gubernamentales. Los lineamientos contienen los siguientes criterios: a) Trato nacional para los bienes, servicios y proveedores de los demás países miembros. b) Cobertura: definición de las jurisdicciones, entidades y empresas, así como bienes y servicios comprendidos dentro del régimen. c)Reglas de transparencia que aseguren el acceso a la información y el acceso a los derechos de los interesados. d) solución de controversias: tomar en consideración tanto las legislaciones nacionales como los acuerdos internacionales en la materia. Se prevé, además, un anexo sobre la cobertura (listas negativas y positivas de productos y servicios, niveles de gobierno, empresas estatales, etc. y otro referido a un glosario de definiciones de términos usuales en la materia).

 

Los lineamientos establecieron un cronograma de negociación en dos fases; la primera hasta diciembre de 1998 correspondía a las negociaciones del marco normativo y la segunda, hasta junio de 1999, se destinaría a la negociación de un anexo de cobertura.

 

Como en todos los aspectos sensibles del MERCOSUR, los plazos se fueron alargando y si bien se llegó a la formulación de un acuerdo, en la reunión de Brasilia, del 5 y 6 de diciembre del 2002, los presidentes urgen, todavía, la pronta ratificación del Protocolo de Compras Gubernamentales, que facilitaría el libre acceso de los oferentes originarios del sistema en las compras gubernamentales, las cuáles constituirían casi la mitad de todas las compras intrazona.

 

 

II.5.- Medidas antidumping y derechos compensatorios.

 

La decisión No.7/01 del CMC daba, dentro del programa de relanzamiento del MERCOSUR, plazo hasta el 3l  de diciembre del 2001 para la eliminación gradual de medidas antidumping y derechos compensatorios en el comercio intrazona. Asimismo dentro de las medidas de defensa del comercio, se instruía para estudiar medidas antidumping y derechos compensatorios de terceros países.

 

III.- ARANCEL EXTERNO COMÚN. UNIÓN ADUANERA

 

En lo concerniente al arancel externo común, recordemos que la decisión No. 1 del CMC, de enero de  2001, autorizó a la Argentina a aplicar alícuotas extraordinarias de importación superiores al arancel para treinta países de fuera de la región, para ayudar a paliar su crisis de la balanza comercial.

 

Se prorroga la exención del Arancel Externo Común para la zonas francas de Colonia y Manaos, establecida por el PEC entre Brasil y Uruguay.

           

 El arancel externo común fue varias veces modificado, siempre hacia el alza, en forma circunstancial o definitiva, según los intereses de los actores. Actualmente está vigente  el aprobado por la Res. 65/01 del  GMC, modificado por actualización del 11 de octubre de 2002. Rige hasta 1.1.2003, un incremento general que abarca a todo el arancel del 1.5%

 

En cuánto a la Unión Aduanera, en  la reunión del Consejo Mercado Común y de Presidentes en Brasilia, el 6 de diciembre de 2002, se reitera la necesidad de incorporar las normas aduaneras comunes a las legislaciones respectivas, asunto en el que aún no se ha logrado un acuerdo.

 

La situación al día de hoy , obsta a la plena vigencia de la Unión Aduanera. En efecto; Gustavo Magariños (Magariños, julio 2000), en una obra de reciente aparición hace un listado de aquellos requisitos necesarios para conformar una Unión Aduanera perfecta: comercio libre en un mercado único; normas técnicas de origen comunes;  reglas de competencia y de defensa del consumidor que eviten intervenciones excesivas de los Estados y posiciones dominantes de empresas en la zona; aplicación del arancel externo común a la totalidad de los productos; aplicación de una política externa común frente a terceros países; adopción de un Código Aduanero Común; implementación de mecanismos idóneos para la administración del sistema; un ordenamiento legal que asegure el cumplimiento automático del derecho comunitario; y un mecanismo ágil de solución de controversias. Si bien alguno de estos rasgos no son básicos para el funcionamiento de la Unión Aduanera, es innegable que aún se está muy lejos de este desideratum en aspectos esenciales.

 

En la reunión de presidentes de Asunción, el 18 de junio del 2003, se hace una nueva reiteración del tema, recomendando esta vez la búsqueda de mecanismos para la aplicación inmediata de aquellas normas que no requieran trámite legislativo.

             

IV.-  INVERSIONES, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN.

 

El programa de Relanzamiento del MERCOSUR aprobado en marzo del 2000 en Florianópolis,  propone establecer disciplinas comunes para la utilización de incentivos a las inversiones, a la producción y a la exportación, incorporando a los regímenes de zonas francas,  admisión temporaria y otros regímenes especiales.

  

V.-LAS METAS DE ARMONIZACIÓN MACROECONÓMICA

 

 Debe recordarse que el 13 de diciembre del 2000, los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales  del MERCOSUR, Chile y Bolivia, reunidos en Florianópolis acordaron las metas y mecanismos de convergencia macroeconómica para la inflación, el déficit fiscal y el porcentaje de la deuda pública con el PBI  nominal, creando a los efectos un Grupo de Monitoreo Macroeconómico, precediendo a la 19a. cumbre presidencial del sistema de integración.

 

Estas metas acordadas son “grosso modo”  las siguientes:

-profundizar el pleno acceso a los mercados

-ratificar la plena vigencia del programa de Asunción

-reforzar los incentivos para las inversiones, la producción y la  exportaciones

-llegar a la plena vigencia del arancel externo común

-perfeccionar los mecanismos de defensa comercial y asegurar la  competencia

-perfeccionar el sistema de solución de controversias

-progresiva incorporación de la normativa del MERCOSUR a las legislaciones locales

-fortalecimiento institucional del MERCOSUR

En el contexto en que se efectuaron estos acuerdos, que auguraba la profundización de la crisis del MERCOSUR  y de sus países miembros, este esfuerzo debe considerarse como una mera maniobra propagandística, a la que son tan afectos, desgraciadamente,  nuestros políticos, destinada fortalecer la  credibilidad  de un MERCOSUR al borde del colapso.

 

La brutal crisis argentina, seguida de la apenas  menos profunda del Uruguay dio al traste con todo tipo de previsiones reales o fingidas. Sin embargo, el ejercicio de sobrefiscalización abusiva, empobrecimiento por desempleo, devaluación e inflación, y despojo colectivo de depósitos bancarios a que se entregaron Argentina y Uruguay – aquella en forma más burda que éste- incrementado  por la constante desvalorización del real  en Brasil, tuvo para el canciller argentino Ruckauf el “benéfico” efecto de colocar casi a la par el real y el peso argentino, como si hubiera habido una armonización voluntaria. Olvidó el canciller que esta equiparación, sin duda deseable para sincerar y estabilizar  los flujos de comercio es circunstancial, sujeta a  las urgencias de la crisis y que no está acompañada de ninguno de los demás factores que aseguran normalmente la estabilidad y crecimiento de los flujos de comercio.

 

En la reunión de presidentes del MERCOSUR en Asunción el 18 de junio del 2003, en una atmósfera más distendida y de franco y hasta excesivo optimismo, se toma nota del informe de los ministros de Economía sobre la importancia de avanzar en la armonización de las variables macroeconómicas – ¡vaya novedad! - y se acuerda en mantener las metas de Florianópolis arriba expresadas- que son el ABC de toda zona de libre comercio.

 

 

VI.- LA MONEDA COMÚN.

 

Este tema tiene lejanos antecedentes en la historia de la integración regional. En el marco de la ALALC-ALADI, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el tema monetario, se creó un sistema multilateral de pagos y créditos basado en registros contables en dólares nominales y compensaciones periódicas de saldos. Ya dentro  del Programa de Cooperación e Integración Económica firmado en Buenos Aires en 1986 por Argentina y Brasil, se incluyó posteriormente un protocolo que creaba una moneda de cuenta que se denominó el gaucho, que nunca se puso en práctica.  Posteriormente, en diversas ocasiones se retomó la idea en propuestas de Menem y Cardoso, pero nunca se avanzó en su implementación, debido a las dificultades y falta de voluntad política de buscar una armonización de las políticas macroeconómicas y sobre todo las monetarias, para cuya vigencia el sistema no está maduro. 

 

Es curioso que estas propuestas surgieran no en momentos de estabilidad cambiaria y económica, sino, paradójicamente, en momentos de crisis económicas y financieras y divergencias profundas  en las políticas cambiarias y monetarias.

           

Como apunta Magariños (op.cit.) “la moneda única corresponde en la integración financiera a un estadio similar al del mercado único en la integración comercial. En ambos casos se produce la unificación de las políticas nacionales pertinentes mediante una asimilación total de las preexistentes o a través de la adopción de una política comunitaria que las sustituya.”  Y sigue: “ la instauración de una unión monetaria presupone la existencia de un mercado financiero común en el que rijan el derecho de establecimiento , la libertad de ofrecer y de adquirir servicios sin consideración de la nacionalidad de proveedores  y consumidores, la libre movilidad de capitales y en el que puedan realizarse operaciones de valores sin limitaciones ni obstáculos.”

 

No son estas las circunstancias del MERCOSUR y no lo serán por mucho tiempo, pero aún en la etapa de zona de libre comercio es indispensable cierta convergencia de las políticas monetarias y cambiarias para no alterar nocivamente los flujos de comercio, como ha sucedido. Para evitar variaciones inconsultas y repentinas, es necesario establecer algún mecanismo multilateral que preserve por períodos extensos y previsibles el valor recíproco de las monedas como la serpiente monetaria o el sistema monetario europeo (SME). En tal situación se puede crear una moneda de cuenta común que sirva de referencia. Es en ese espíritu que se puede examinar la propuesta presentada por el presidente argentino en la reunión de presidentes en Asunción de junio de 2003, en el sentido de estudiar la creación de un Instituto Monetario.         

            

VII.-  LA INTEGRACIÓN CULTURAL

 

Se firmó un Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados títulos y estudios de nivel básico y medio no técnico entre los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que se suma a los acuerdos anteriores sobre enseñanza de postgrado y culturales.

           

Los presidentes reunidos en Asunción en junio de 2003 enfatizan la necesidad de profundizar este tema, entre otros.

 

 

VIII.- LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES

VIII.1.-Solución de controversias.-

 

Recordemos que,  en las reuniones previas al Tratado de Asunción, se rechazó de plano, fundamentalmente por parte del Brasil, la creación de un Tribunal de Justicia del MERCOSUR para resolver las controversias en  el seno del mismo, que pudiera imponer sus sentencias a los Estados Parte y a otras partes litigantes, tal como lo pretendían los Estados menores, esto es Uruguay y Paraguay. El Tratado estableció un mecanismo de solución de controversias muy esquemático y similar al que es común en el derecho internacional entre países que no forman parte de esquemas de  integración. Este mecanismo fue perfeccionado por el llamado Protocolo de Brasilia, pero manteniendo los mismos lineamientos o sea similares carencias.  Pese a nuevos intentos de los países menores de crear el Tribunal de Justicia, el Protocolo de Ouro Preto mantiene el mismo sistema. Sin embargo, se adopta una variante respecto de las  directivas de la Comisión de Comercio, las cuáles podrán ser reclamadas por las secciones Nacionales de la Comisión, en representación de los Estados Parte o por particulares en determinadas situaciones, mediante un procedimiento especial, contenido en un anexo del Protocolo.

 

Más recientemente, el Grupo Mercado Común adoptó una resolución para revisar el mecanismo de Solución de Controversias del Protocolo de Brasilia, a efectos de colmar sus lagunas. Esta revisión culminó en el año 2002  con la aprobación del llamado Protocolo de Olivos, suscrito el 18 de febrero de 2002, que deroga el régimen del Protocolo de Brasilia y su reglamentación.  Veamos los rasgos principales de este nuevo Protocolo.

 

- Abarca las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto y demás Protocolos bajo el Tratado, las decisiones del Consejo Mercado Común, de las resoluciones del Grupo Mercado Común, y de las Directivas de la Comisión de Comercio.

-Cuando dichas controversias puedan ser a la vez sometidas a la Organización Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de que sean parte individualmente los Estados miembros del MERCOSUR, el demandante podrá optar por uno de esos foros.

-Los Estados partes deberán optar ante todo por negociaciones directas, con plazo determinado.

-Si no hubiera acuerdo total o parcial, se recurrirá al procedimiento arbitral, salvo que las partes decidan someter la controversia ante el Grupo Mercado Común. También podrá hacerlo un Estado que no sea parte de ella. El Grupo Mercado  Común formulará recomendaciones dentro de un plazo establecido.

-Cuando tenga lugar el procedimiento arbitral , éste se sustanciará  ante un tribunal ad-hoc compuesto de 3 árbitros, designados uno por cada parte litigante y un presidente  por acuerdo de partes, de una lista constituida previamente de 12 árbitros por cada Estado parte y una lista de 4 terceros árbitros por cada Estado parte . Si no hubiere acuerdo  en las designaciones, ésta se hará por sorteo.

- Fijado el objeto de la controversia y sustanciada la misma, el Tribunal Arbitral dictará un laudo, susceptible de un recurso de revisión sobre los aspectos jurídicos tratados en la controversia, ante el Tribunal Permanente de Revisión.

-El Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por cinco árbitros, nombrados a razón de uno por cada Estado parte y un quinto nombrado por todos unánimemente, o por sorteo en caso de no obtenerse unanimidad. Dicho Tribunal podrá confirmar, modificar o revocar los fundamentos jurídicos y las decisiones del Tribunal Ad Hoc.

- Los laudos de los Tribunales Arbitrales son obligatorios y tendrán fuerza de cosa juzgada, vencido el plazo para  instaurar el recurso de revisión. Los  laudos del Tribunal Permanente de Revisión son inapelables y tendrán fuerza de cosa juzgada para las partes.

-Los laudos son obligatorios y deberán ser cumplidos dentro de los plazos que el tribunal respectivo establezca.

-Si un Estado parte de la controversia no cumpliera con el laudo, el perjudicado tendrá durante un año la facultad de iniciar la aplicación de medidas compensatorias temporarias, tales como la suspensión de las concesiones u otras obligaciones equivalentes.

-El derecho aplicable será el originario y derivado emanado del MERCOSUR y supletoriamente de los principios y disposiciones aplicables al Derecho Internacional. Si las partes lo acordaren, el tribunal podrá decidir la controversia ex aequo et bono.

 

      Se crea, además un procedimiento especial para las reclamaciones de los particulares con         motivo de la sanción o aplicación por cualquiera de los Estados partes, de medidas legales o administrativas violatorias del derecho del MERCOSUR. Estos deberán presentar sus reclamos ante la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del país donde tengan su residencia habitual. Esta deberá iniciar consultas con la sección nacional correspondiente del país al que se atribuye la violación. Si no se alcanzare una solución, se elevará sin más trámite ante el Grupo Mercado Común. Si no hubiere acuerdo en el Grupo Mercado Común, éste  convocará a un grupo de expertos, que deberá emitir un dictamen. Los expertos en número de 3 serán designados por el Grupo Mercado Común o a falta de acuerdo, éstos serán elegidos por votación que realizarán los Estados partes, de una lista preestablecida de 24 miembros. 

-           

Si el dictamen unánime de los expertos verificare la procedencia del  reclamo formulado, cualquier Estado parte podrá requerir la adopción de medidas correctivas  o anulación de las que son objeto del recurso. Si esto no se verificare, el Estado demandante podrá recurrir al procedimiento arbitral arriba señalado, lo mismo que en el caso  que el dictamen no sea unánime.

La adhesión al Tratado significa la adhesión ipso jure a este Protocolo y su denuncia implica denuncia del Tratado.  

 

El Uruguay fue el primer país  en servirse del Protocolo de Olivos. Con fecha 1º. de marzo del 2002,  presentó un recurso ante el Tribunal Permanente de  Revisión.

 

Este Protocolo trae consigo un avance en el tratamiento de la solución de las controversias en el MERCOSUR. Implica el tratamiento jurídico de las controversias , salvo excepciones, luego de fracasada la instancia de negociación directa, que es eminentemente de carácter político. Implica asimismo la obligatoriedad de los laudos emitidos y la existencia de un mecanismo compulsivo de su cumplimiento a cargo del Estado lesionado y, en ciertos casos, de la comunidad de los Estados partes. Establece asimismo la adhesión automática e irrenunciable al sistema en cuanto miembro del MERCOSUR. Lejos estamos aún, sin embargo, de los mecanismos existentes en la Unión Europea.

 

VIII.2.- la Secretaría Técnica.

 

Por decisión No.1 del CMC del  2002, se instruyó al Sub-Grupo de Trabajo No.2 sobre aspectos institucionales, para estudiar la transformación de la Secretaría Administrativa, en una Secretaría Técnica que sirva de asesoría técnica para  las actividades de los demás órganos del MERCOSUR. Esa transformación se concretó y se espera que su funcionamiento refuerce las instituciones del sistema de Integración.

 

VIII.3.- El Parlamento del MERCOSUR

 

El presidente electo del Brasil Inácio Lula Da Silva  propuso la transformación de la Comisión Parlamentaria del MERCOSUR en un verdadero Parlamento que represente la voluntad de los pueblos del MERCOSUR, elegido por voto directo. Esta idea no es congruente con la etapa por la que atraviesa el MERCOSUR, como un organismo intergubernamental integrado por representantes de gobiernos y con un proceso decisorio bajo la regla del consenso, sin siquiera un embrión de ejecutivo comunitario. Basta recordar las limitadas competencias que tiene el Parlamento Europeo, elegido por sufragio popular y luego de un prolongado ciclo de maduración del sistema de integración , mucho más evolucionado que el nuestro, para darse cuenta que esa propuesta  es difícilmente  practicable para un MERCOSUR acotado a cuatro países de tan desigual población -Uruguay tiene el 2% de la población del Brasil y menos del 10% de la de Argentina y Paraguay algo más- y en un grado de evolución limitado a lo económico.

 

Para muchos, esta propuesta no está, por el momento, en el meollo de la recuperación del MERCOSUR. Sin embargo, el Brasil parece estar muy interesado en impulsarla, puesto que en Asunción 2003, los presidentes decidieron convocar a una reunión extraordinaria dentro de 60 días para considerar el tema. A pesar de las evidente dificultades de organizar la representación de los países integrantes, siempre es posible crear de alguna forma, más que un parlamento como tal, un foro de debate que se adscriba simbólicamente a  la soberanía popular regional. Será necesario esperar la formulación de una propuesta concreta y el debate consiguiente para evaluar mejor el destino de esta propuesta.

 

IX.- LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO COMÚN.

 

La implementación del mercado común para el año 1995, propuesta en el Tratado de Asunción había quedado congelada desde diciembre de 1993 ,cuando los gobiernos decidieron que era un objetivo muy ambicioso para la etapa de la evolución del sistema.

 

La libre circulación de personas y la  capacidad de establecerse en los países del MERCOSUR, es uno de los requisitos fundamentales de todo mercado común y como tal es recogido en el artículo 1º. del Tratado de Asunción. Sin embargo, en este punto como en otros, se ha avanzado lentamente. Dicho progreso consiste en la  ratificación del “Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna” y del “Acuerdo sobre Residencia para  los Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile”.

 

En la cumbre de Asunción de junio de 2003 se retoma el tema programáticamente , ya que al referirse a la dimensión social del MERCOSUR, los presidentes evocan medidas tendientes a “facilitar la circulación de los trabajadores”.

 

La propuesta brasileña llamada “ Objetivo 2006”, retoma el desafío al proponer  la búsqueda de   bases para efectivizar el mercado común. Se está lejos aún de este propósito y, como se dijo más arriba, probablemente  no sea la mejor idea repetir el proceso europeo.

 

 

X.- POLÍTICA COMERCIAL COMÚN FRENTE A TERCEROS PAÍSES.

 

 Dando un principio de cumpliendo con las normas del Tratado de Asunción, se estableció una oficina comercial conjunta en la ciudad de Berlín.

 

 En la reunión de presidentes de Asunción del 18 de junio del 2003, se insiste en la necesidad de fortalecer la acción comercial conjunta y la formación de consorcios exportadores del MERCOSUR. En el ámbito de las negociaciones del Programa de Doha y en todas las que el MERCOSUR mantiene con otros bloques y países existe un programa de negociación comercial conjunta en desarrollo.

 

XI.- LA DIMENSIÓN POLÍTICA  Y SOCIAL DEL MERCOSUR.

 

XI.1.- La concertación política.- Desde el acceso al poder del Partido de los Trabajadores, el presidente Lula ha lanzado una serie de temas relacionados con una más profunda concertación política no sólo dentro del MERCOSUR, sino también en el ámbito de América del Sur. Esta línea de acción combina los temas clásicos de la postura de izquierda con la búsqueda  de  liderazgo en la región que es una constante de la política brasileña. Esa posición encontró eco en el gobierno argentino de Duhalde, pero con más énfasis en el reciente gobierno de Kirchner, que parece determinado a profundizar la alianza política con Brasil, contrastando con  la anterior posición de los gobiernos de Menem, quien buscó una relación privilegiada con los Estados Unidos, en un intento  de contrarrestar el mayor peso brasileño dentro del sistema. En esta  búsqueda de profundización de la concertación, ambos gobiernos son acompañados en el Uruguay por la oposición frenteamplista y un estímulo oratorio del presidente de Chile, partícipe de  las reuniones de presidente como país asociado.

 

La posición chilena es particularmente curiosa porque tanto el presidente Lagos, como su canciller Soledad Alvear enfatizaron que Chile integra y estimula el MERCOSUR político y social, pero reivindicaron la independencia chilena en el ámbito del relacionamiento comercial bilateral con países extrazona, cuando el Tratado de Asunción es un Tratado ciento por ciento comercial.

 

En efecto; el Tratado del MERCOSUR es un tratado comercial de lo más escueto, vinculado en su  preámbulo  a  un proyecto de desarrollo económico con justicia social, pero no un tratado de concertación política, aunque la dimensión política no esté totalmente ausente del mismo, como por ejemplo la defensa común de sus intereses económicos frente a terceros países y la posibilidad de políticas económicas comunes, inherentes a un mercado común. La llamada “cláusula democrática”, que rige también en la Unión Europea, es sólo un requisito de admisión para adherir o permanecer en el sistema, que no tiene base en el tratado mismo, pero no convierte al MERCOSUR en un tratado político. Nada obliga a los miembros del MERCOSUR a adoptar posiciones comunes sobre temas intrínsecamente políticos.

 

El MERCOSUR Político sería una figura de lenguaje que no tienen alcance legal, por lo menos en el derecho originario. El MERCOSUR Social está implicado en el preámbulo mismo, como se vio, y está institucionalizado a través del Foro Consultivo Económico y Social; y el MERCOSUR Cultural ha sido adoptado en los programas de trabajo y en algunas disposiciones del derecho derivado.

 

La nueva tendencia, que es resistida por los ortodoxos del tratado (ver, por ejemplo la posición de Lacalle en la sección dedicada a Uruguay), responde, como se vio, a la iniciativa brasileña del gobierno de Lula. En la reunión de presidentes en Asunción 2003, el Brasil presentó una propuesta llamada “Objetivo 2006”, que contiene un Programa Político, Social y Cultural, Bases para el Mercado Común, un Programa “de la “Nueva Integración” y un Programa de Integración Fronteriza. La propuesta busca, entre otras cosas, reforzar los objetivos político y social, conjuntamente con la propuesta de creación del Parlamento del MERCOSUR.

  

Dentro de esa dimensión política, pero también tocante con lo económico, aparece por primera vez expresado en Asunción el propósito de tratar las asimetrías entre los Estados parte, por lo cual se instruye a los órganos competentes para que dentro de seis meses se definan e implementen medidas conducentes a ese objetivo. Dejando de lado el hecho de que parece ingenuo pensar que en ese escueto lapso y por órganos subordinados, se puedan implementar medidas de importancia  para resolver este gran tema , el hecho es que significa el reconocimiento de que el pretendido tratamiento igualitario del Tratado de Asunción es en realidad un trato discriminatorio para los países menores, y que el tema requiere una voluntad política superior para superar el plano de los intereses económicos específicos en el que se ha venido desarrollando el Tratado.

 

 

XI.2.- La dimensión social.-  Los nuevos gobiernos enfatizan la dimensión social del MERCOSUR, que aparece expresada en el preámbulo de Tratado de Asunción, pero que hasta el momento ha tenido muy escasa implementación dentro del mismo. En la mentada reunión de presidentes de Asunción de junio 2003, el Brasil dentro del paquete “Objetivo 2006” presenta un programa social, con el que su presidente está muy comprometido, especialmente en el capítulo de lucha contra el hambre. Por otra parte, el comunicado de los presidentes demanda incorporar a la agenda, la proposición de medidas concretas tendientes a la inclusión de los grupos más vulnerables, la erradicación del trabajo infantil, la facilitación de la circulación de los trabajadores y la promoción del empleo.

 

 

XII.-  EVALUACIÓN CRÍTICA DEL PERÍODO.    

 

Las fuertes críticas y el escepticismo sobre su porvenir que nos mereció y mereció en general,  la evolución del MERCOSUR a partir de 1998, que se pueden leer en “El MERCOSUR en tiempos de crisis”  , se mantienen, aún  luego de haber cesado la guerra comercial que opuso a la Argentina y al Brasil en 1999 y parte del 2000, que repercutió también sobre el Uruguay. Durante la crisis se conculcaron los principios básicos que garantizan la existencia de una zona de libre comercio y  estuvo ausente el mínimo de cooperación indispensable para afrontar conjuntamente los efectos dañosos de la misma. En estos enfrentamientos,  se puso de manifiesto la ausencia de normativa en aspectos tan fundamentales como qué tipo de restricciones  no arancelarias son admisibles en el sistema, cómo debe operar un sistema de solución de controversias eficiente y cómo preservar  una convergencia macroeconómica mínima que garantice la supervivencia de los flujos de comercio. Las consecuencias para el comercio intrazonal y exterior han sido catastróficas y han ambientado, aún hoy, un gran escepticismo sobre la eficiencia del MERCOSUR.

 

 En el Uruguay, por ejemplo, se desarrolló una tendencia bastante generalizada a considerar que el país debe abrirse al exterior para buscar en el incremento de las exportaciones extrazona, como una de las pocas salidas a  la crisis profunda que lo aqueja, en gran parte como consecuencia de la tremenda crisis argentina y la anterior brasileña. Se depositó en muchos sectores, esperanzas en un tratado bilateral con los Estados Unidos, como el que este país firmó con Chile, lo cual ya no aparece como factible (ver Uruguay en el capítulo anterior).

 

Justifican este escepticismo no solamente la caída de los flujos de comercio en un 50% o más, producto igualmente de la crisis interna de sus miembros, sino la omisión o lentitud en implementar las garantías básicas para un funcionamiento eficiente de una zona de libre comercio, como el acceso a los mercados de bienes y servicios, compras gubernamentales, eliminación de restricciones al comercio, defensa comercial y de la competencia, regulación de las inversiones, uniformización y complementación de los procedimientos aduaneros, la creación de  fondos financieros y de ayuda a los países menores, así como el  acatamiento de los principios de transparencia, seguridad y certidumbre.  A ello debe añadirse el trato bilateral que Argentina y Brasil otorgan a sus problemas más importantes, dejando con frecuencia afuera de sus conversaciones y soluciones a los socios menores.

 

Es difícil, igualmente,  prever qué consecuencias traerán la firma del  ALCA y la UE al funcionamiento y desarrollo del MERCOSUR, la cual podría producirse en las fechas establecidas, lo que significa que la misma tomará al sistema, en el mejor de los casos, en el proceso  de su reconstitución institucional y  económicamente débil. Es muy probable que el Brasil sea el árbitro de la armonización entre los sistemas, lo cual , en principio podría no ser conveniente para los demás socios de un sistema extremadamente asimétrico.

 

Dicho todo ello, es necesario hacer caudal de un cambio de actitudes dentro del MERCOSUR, que implica la toma de conciencia de que se ha ido demasiado lejos en los obstáculos y los enfrentamientos en medio de una crisis extremadamente aguda, y de que es necesaria una mayor cooperación para preservarlo y consolidarlo en sus aspectos básicos para bien de todos. Resultado de ello, son los lentos y trabajosos procesos del relanzamiento, de que hemos dado cuenta más arriba. Debe resaltarse, dentro de este contexto, la firma del nuevo acuerdo automotor entre Argentina y Brasil, que permite a aquélla exportar más automóviles y piezas antes de la liberalización completa del sector, prevista para el 2006.

 

Se advertirá igualmente en estas páginas el abandono por parte del autor, de los objetivos maximalistas que planteaba en el capítulo 6º del “MERCOSUR y su contexto regional e internacional” “Políticas y estratégicas implícitas , explícitas y posibles”, sobre todo de las políticas y estratégicas posibles, que acercaban  al MERCOSUR a una Unión ideal, que ni aún la Unión Europea ha alcanzado plenamente, con motores poderosos como Alemania. Estos objetivos son, evidentemente, demasiado utópicos a la luz de lo que da el MERCOSUR real.  Hoy en día, en una óptica pragmática, sería deseable una zona de libre comercio integral, con mecanismos regulatorios claros, transparentes, basados en un pacto creíble de  estabilidad macroeconómica, que permitan un funcionamiento armónico y previsible de los intercambios comerciales.

 

Con el ascenso de los gobiernos progresistas de Lula y Kirchner y una fuerte presencia mediática del Encuentro Progresista-Frente Amplio en el tema y de su líder Tabaré Vázquez visitando a dichos mandatarios, el MERCOSUR retoma la vía idealista del preámbulo del tratado de Asunción, lanzándose un semillero de promesas y proyectos de revitalización y profundización del sistema, con nuevas propuestas en las dimensiones política y social, a las cuáles se les da prioridad, que llevarían al MERCOSUR, hasta ahora inscripto en el paradigma democrático-conservador, por la acción de los gobiernos predominantemente neoliberales,  a aproximase al paradigma democrático-progresista propuestos por este autor en obras anteriores (Ginesta, 1998).

 

Por ahora, en el plano práctico, sólo se pueden capitalizar las ofertas de créditos ofrecidos por el gobierno brasileño al Uruguay y al Paraguay para el desarrollo social por lo que habrá que aguardar nuevos planes de ayuda sustancial para que, por lo menos, no se ahonden las asimetrías entre los países miembros y sus regiones.

 

Esta tendencia es intrínsecamente buena, en la medida que sea acompañada por realizaciones concretas, sobre cuyas posibilidades, hoy en día hay derecho a ser escéptico, habiendo, como lo hay en la región, escaso margen para el voluntarismo. Ya hemos hecho un estudio de los grandes problemas estructurales del MERCOSUR y su escasez de masa  crítica para lanzar procesos de desarrollo sostenidos y profundos. Los dos grandes países que lo integran no pueden jugar en el sistema el papel dinamizador que Alemania y Francia en la Comunidad Europea y Uruguay y Paraguay no son al sistema lo que Bélgica y Holanda, sino más bien Portugal y Grecia. Se hace difícil, en estas circunstancias pretender que Brasil y Argentina puedan participar con contribuciones masivas a  la formación de fondos estructurales regionales para el desarrollo, por más visión progresista que tengan esos gobiernos del sistema de integración.

 

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Notas bibliográficas

Continúa  el capítulo séptimo “ La evolución del tratado del MERCOSUR” en “El MERCOSUR y su contexto regional e internacional” y el capítulo tercero “ La evolución del MERCOSUR y sus nuevos ámbitos de acción”, en “El MERCOSUR en tiempos de crisis”

Magariños, Gustavo: “Integración Multinacional, Teoría y sistemas”, Ed. ORT y ALADI, Montevideo, julio de 2000.

Ginesta, Jacques, El MERCOSUR y su contexto regional e internacional” págs. 33 a 39.

 

 

 

 

CAPITULO  CUARTO: EL PROCESO DE   INSERCION  INTERNACIONAL DEL MERCOSUR EN EL SIGLO XXI.- ( * )

4.1.- EL MARCO NORMATIVO MUNDIAL: LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL COMERCIO.

 

En las décadas de los 80s y de los 90s se producen dos procesos de cambio  en  el comercio internacional, que están en consonancia con la afirmación de las economías de escala y la globalización de las relaciones internacionales, sobre todo en el área de la producción, el comercio y las finanzas: la afirmación del modelo de   integraciones regionales abiertas y un vigoroso impulso hacia el libre comercio mundial, con la culminación de la ronda Uruguay en Marrakech, donde se decide la creación de la Organización Mundial de Comercio. Como esta última determina cada vez más el marco y las posibilidades de las integraciones regionales, se hace indispensable a esta altura,  hacer un estudio somero de la evolución mundial hacia la liberalización del comercio.

 

Entre 1944 y 1948 se emprendió la creación de grandes organizaciones internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional del Comercio, con el objetivo de lograr la paz, el progreso y el bienestar mundial. Todas esas instituciones fueron creadas, menos la Organización Internacional del Comercio, cuya constitución fracasó en la Conferencia de la Habana de 1948. A falta de este instrumento, el GATT , aprobado como un acuerdo interino en 1947 por un reducido número de países en Ginebra, que durante casi medio siglo sirvió de cuadro a las organizaciones comerciales internacionales ( Dorval Brunelle, 2002).

 

Desde su creación hasta los años 1970, las negociaciones comerciales giraron casi exclusivamente sobre la reducción de las barreras tarifarias de determinados bienes. Entre 1973 y 1979, durante la ronda Tokyo se incluyeron en las conversaciones las barreras no tarifarias, no arrojando resultados concluyentes. Durante la vigencia del GATT, se realizaron ocho rondas, de las cuáles la más importante fue la Ronda Uruguay, lanzada en setiembre de 1986, en Punta del Este.

 

Las negociaciones duraron siete años y medio y varias veces llegaron al borde de la ruptura, pero sorpresivamente, el 15 de diciembre de 1993, los 123 países participantes  pusieron un término a las negociaciones y, cuatro meses más tarde, 112 de ellos firmaron en Marrakech el acta final de la Ronda Uruguay, que crea la Organización Mundial del Comercio.

 

Este acuerdo marca un hito histórico para las negociaciones comerciales internacionales por diversas razones. Primeramente, se sustituye un acuerdo “provisorio” por otro permanente. En segundo lugar, conjuntamente con la revisión de los acuerdos existentes sobre el comercio de bienes, se firman otros importantes acuerdos sobre el comercio de bienes agrícolas (anteriormente excluidos del GATT), que entró en vigor en 1995, de servicios (AGCS),   sobre propiedad intelectual (ADPIC) y otro sobre un sistema de solución de controversias y decisiones sobre medidas para favorecer a los países menos avanzados, para mencionar sólo algunos. También en la Ronda Uruguay, se firmaron varios acuerdos de clarificación, relativos a la aplicación de algunos artículos litigiosos, de las medidas de salvaguardia, las subvenciones y los derechos compensatorios, las reglas de origen y los obstáculos técnicos al comercio. Sobre otros aspectos como las inversiones, los servicios financieros y las telecomunicaciones no hubo acuerdo.

 

Muchos de los acuerdos incorporaban un calendario y un programa de negociaciones, lo que tenía la ventaja de permitir la continuación permanente de las negociaciones.

           

No obstante, los Estados Unidos insistieron en lanzar una nueva ronda de negociaciones, ya que las discusiones, a su entender, eran demasiado sectoriales y  faltaba un marco más general para las negociaciones globales.

 

Aunque se demostró una voluntad de seguir negociando, en las cuatro conferencias ministeriales posteriores a Marrakech, se comprobó que seguía un áspero enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Europea, por un lado, y entre los países industrializados y los países en desarrollo, por otro.

 

En diciembre de 1996, en Singapur, la idea de introducir normas sociales en los acuerdos comerciales, fue totalmente rechazada por muchos países en desarrollo y el asunto fue finalmente enviado a la OIT. Pero el punto más controvertido fue el del tratamiento a los países emergentes, a quienes no les pareció suficiente el “tratamiento especial diferencial”, que les fuera acordado en la Ronda Uruguay. Por otra parte, en materia de relaciones entre el comercio y la inversión, de interacción  del comercio y la política de competencia, la transparencia en materia de apertura en mercados públicos y de medidas de facilitación de los intercambios (llamados los cuatro puntos de Singapur), estos países consideraron que las propuestas  estaban conculcando el principio del tratamiento especial diferencial.

           

La segunda conferencia ministerial que tuvo lugar en Ginebra en 1998 no aportó nada positivo y durante el año siguiente las posiciones se endurecieron entre los países desarrollados y los países emergentes en torno al nombramiento del nuevo director general, llegándose a una curiosa fórmula de compromiso: del 1º de septiembre de 1999 al 1º de septiembre del 2002, se nombró a Michael Moore, ex primer ministro de Nueva Zelanda y a partir de esa fecha asumió el ex ministro de comercio de Tailandia, Supachai Panichpakdi. Como consecuencia, la tercera conferencia de Seattle del 30 de noviembre de 1999, que debía lanzar la llamada ronda del milenio, realizada sobre un fondo de anti-mundialización violento,  resultó igualmente inoperante.  Esta vez, el enfrentamiento de intereses entre los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón dominó la escena.

 

La búsqueda de nuevos acuerdos quedó, pues, relegada a una nueva conferencia, la cuarta, que tuvo lugar en Doha, Quatar, un país alejado, para reducir los tumultos que acompañaban regularmente a cada conferencia. En Doha se pudo llegar a un consenso ente los países desarrollados nombrados  y Canadá sobre la nueva agenda de negociaciones. Se convino dejar de lado los diferendos comerciales y centrar la atención sobre el desarrollo y la integración de los países en desarrollo  a la economía mundial. 

 

Los países industrializados estaban dispuestos a hacer concesiones sobre lo concerniente a la salud pública y estudiar soluciones para los países menos desarrollados. Sobre una agenda bien preparada, el debate se concentró en  temas precisos: agricultura, la aplicación de los acuerdos de la OMC existentes, el medio ambiente, los asuntos reglamentarios y los cuatro puntos suscitados en Singapur. La conferencia de Doha se cerró con un éxito relativo. Los países en desarrollo lograron que se adoptara respecto de ellos de un programa, llamado programa de Doha y los países industrializados lograron el lanzamiento de una nueva ronda sobre un programa de 21 puntos.

 

La  declaración ministerial de Doha reconoce ciertos principios a favor de los países subdesarrollados: se afirma que el comercio internacional puede tener un papel mayor en la promoción del desarrollo económico y la reducción de la pobreza; que los mercados no son un fin en sí, sino que están también al servicio de los fines sociales; y que hay un interés primordial en mantener un sistema de comercio abierto y no discriminatorio. Se reconoce además que los países tienen derecho a tomar medidas para asegurar la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales y la protección del medio ambiente. Este derecho tiene dos limitaciones fundamentales: que no sean aplicadas de manera de constituir, sea un medio de discriminación arbitrario o injustificable o una restricción disfrazada al comercio internacional. La segunda limitación es que las medidas sean conformes a los acuerdos de la OMC. Una tercera restricción está dada indirectamente cuando se reconoce la protección intelectual de los medicamentos, para el desarrollo de nuevos productos.

 

En Doha se lanza, además, el retardado nuevo ciclo de negociaciones multilaterales, que comenzó el 1º de enero del 2002 y que se extenderá hasta el 1º de enero del 2005 sobre el programa de trabajo de 21 puntos elaborados allí. Estos puntos contemplan el mejor funcionamiento de la institución y la eficacia de la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, pero no agregan mucho sobre la ampliación de las competencias de la organización ni sobre los cuatro puntos de Singapur (ver más arriba). Sobre estos puntos, se acordó proseguir la actividad de lo grupos de trabajo creados en Singapur y abrir las negociaciones luego de  la quinta conferencia. Se acordó también sobre las modalidades de organización de la negociaciones y que las mismas se realizarán en el cuadro del nuevo Comité de Negociaciones Comerciales, presidido por el Director General  (Deblock, Christien, 2002).

 

Respecto del sector agrícola, de fundamental importancia para los países del MERCOSUR, ya vimos que, hasta Marrakech, estaba excluido del sistema del GATT. Las partes contratantes tenían plena libertad para establecer sus políticas agrícolas destinadas, por una parte, a proteger la producción nacional contra la competencia extranjera y por otra parte a subsidiar las exportaciones al exterior. La entrada en vigor del acuerdo sobre la agricultura en 1995, contempla sólo una primera etapa de la liberalización de los intercambios comerciales: establece sólo restricciones sobre las medidas susceptibles de causar distorsiones sobre los mercados interiores e internacionales de productos agrícolas. Se traducen en reglas de acceso a los mercados , de protección interna y de los subsidios a la exportación.

 

Sobre el acceso a los mercados se estatuye que todos los obstáculos no tarifarios a la entrada de las importaciones agrícolas de otros países  son convertidos en equivalentes tarifarios, en vez de ser abolidos. Los equivalentes tarifarios y las tarifas aduaneras en vigor fueron reducidas en un 36% a lo largo de seis años para los países desarrollados y en un 24% a lo largo de diez años para los países subdesarrollados. Además, los países miembros se acordaron un acceso mínimo del 5% el consumo interno para los productos importados por la vía de los continentes tarifarios.

 

Las disciplinas relativas a  la ayuda interna se aplican a las subvenciones gubernamentales otorgadas a la producción interna y tienen por objeto neutralizar dichas medidas, o sea sin efectos distorsivos sobre el comercio de productos agrícolas.

 

En cuánto a los subsidios a la exportación, se establecen medidas destinadas a reducirlos sustancialmente. Así, entre 1995 y 2001, los gastos presupuestales con ese fin debieron ser reducidos en un 36% para los países desarrollados y en un 24% para los países en desarrollo. En ese mismo período, el volumen de producciones subvencionadas debió reducirse en un 21% para los países desarrollados y en un 14% para los países no desarrollados.

 

Por diversas razones, el efecto benéfico de estas medidas ha sido relativo. La violación más flagrante corre por cuenta de los Estados Unidos. Luego de aprobarse la llamada Freedom to Farm Act en 1996, que establecía reducciones en la ayuda a la agricultura norteamericana en cumplimiento del acuerdo agrícola, la administración Bush hizo aprobar por el Congreso la Farm Security and Rural Investment Act del 2002, que se traduce en un aumento del 70 al 80% de los subsidios a los agricultores norteamericanos sobre un período de diez años, lo que suscitó indignadas protestas de los demás estados miembros( Dufour, Sophie, 2002).

 

Cabe recordar aquí que la declaración de los presidentes del MERCOSUR del 18 de junio del 2003 en Asunción hace hincapié en la importancia de que se cumplan los compromisos del programa de Doha y depositan sus esperanzas en la próxima conferencia ministerial de Cancún.

 

4.2.-ACUERDOS INTERNACIONALES EXTRARREGIONALES REALIZADOS O EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN  CON EL MERCOSUR

4.2.1.- Acuerdo del Jardín de las Rosas.

En el marco del acuerdo cuatro más uno o del Jardín de las Rosas, que más bien había languidecido hasta ese momento, se reunieron los cuatro ministros del MERCOSUR con el representante del USTR (Estados Unidos) en el campo del comercio internacional,  Robert Zoelick.

4.2.2.- Proceso del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

El trámite del acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea  prosiguió su difícil derrotero durante la segunda mitad del año 2001. El cuatro de octubre  tuvo lugar en Montevideo, la firma de la propuesta de acuerdo sobre política tarifaria, para ser tratada en la reunión del Comité de Negociaciones en Bruselas. Poco después, el 20 de noviembre, la Unión Europea manifiesta su disposición de anticipar para el 2004, la finalización de las negociaciones del acuerdo de libre comercio, en un obvio intento de adelantarse  a la conclusión del acuerdo del ALCA. En ese entendido, prosiguieron los trabajos durante el año 2002.

 

Como quedó previsto en la Cumbre de Madrid de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y el MERCOSUR, el 22 de julio se reunieron en Río los comisarios europeos de Relaciones Exteriores, Christofer Patten y de Comercio Pascal Lamy con el MERCOSUR, quienes descartaron rápidos acuerdos comerciales, con sus pares del MERCOSUR, ya  que éste no ha avanzado en su propia integración y debería eliminar todas las tarifas comerciales internas antes de seguir negociando. Brasil criticó, por su parte, los subsidios a la agricultura de la Comunidad y las tarifas a las importaciones textiles, dos rubros muy sensibles para las exportaciones del MERCOSUR.

 

Sin embargo, el 14 de noviembre concluyó en Brasilia la octava ronda de negociaciones para el Acuerdo de Asociación, con progresos sustanciales en los temas habituales, acceso a mercados de bienes y servicios, normas técnicas, competencia, reglas de origen, derechos de propiedad intelectual, procedimientos aduaneros y solución de controversias,  según se anunció. El propósito era avanzar hacia la redacción de un documento común para ser tratado en la próxima ronda de negociaciones, que tendría lugar en Bruselas entre el 17 y 23 de marzo de 2003. Pese  a la aceleración del ritmo de las negociaciones, las dificultades en otra parte reseñadas, fundamentalmente las derivadas de la protección agrícola subsisten y deberán ser resueltas en forma satisfactoria, por lo menos gradualmente dentro de un cronograma. En la reunión de presidentes del MERCOSUR en Asunción,el 18 de junio del 2003, se emite  una nota optimista sobre  estas negociaciones, destacando los esfuerzos del sistema por mejorar las ofertas en materia de bienes y la presentación de ofertas iniciales de servicios e inversiones.

Contrastando con las largas negociaciones con el MERCOSUR, el 4 de marzo del 2002, la UE inició en Santiago de Chile, las negociaciones para concluir un tratado de libre comercio con este  país. El l7 de mayo se anuncia en la II reunión de los países de América Latina-Caribe con la UE , la conclusión de este acuerdo, que finalmente se firma, y estaba a fines de noviembre de 2002 en trámite de ratificación en el parlamento chileno. El acuerdo libera alrededor del 85% de los productos de la nomenclatura arancelaria. La razón de esta celeridad, que permite la exportación a Chile de productos industriales y de alta tecnología de la UE y la  instalación de más empresas europeas en ese país, es que los productos chilenos, básicamente frutícolas, hortícolas, vitivinícolas y extractivos, no compiten con aquellos productos agropecuarios europeos fuertemente subsidiados. Otra razón es que, siendo Chile un país pequeño, su entrada en la zona de libre comercio europea no produciría un impacto importante en la Unión, teniendo la ventaja de que la misma, principal socio comercial del país transandino, se hace de una cabecera de puente importante  en la región a poco costo. Chile, que firmó también un acuerdo similar con Corea del Sur, culminó las largas negociaciones con Estados Unidos firmando un tratado de libre comercio que libera casi de inmediato el 87% del horizonte arancelario.

4.2.3.- El proceso del  ALCA.

4.2.3.1.- Generalidades.-  El proceso del ALCA siguió avanzando en su faz técnica, pero no en la política. El 6 de diciembre del  2001, el Congreso norteamericano aprobó la Trade Position Authority, o sea la autorización al Ejecutivo para negociar acuerdos globales con países o bloques, llamada antes “fast track”. Pero esta autorización dejó afuera dos de los aspectos más importantes para los países latinoamericanos: los subsidios agrícolas y la modificación de la  legislación antidumping. Las sensibilidades que tradicionalmente han existido con respecto a la liberalización de estos productos en EUA, se hicieron más evidentes en el texto  de la Autoridad para Negociar tratados Comerciales (TPA). El TPA obliga al ejecutivo a un complejo mecanismo de consultas con el congreso para incluir los productos y servicios más sensibles en cualquier negociación comercial.

 

La  exclusión  de tales  productos   de esta autorización, mereció muy justamente una viva protesta del presidente Cardoso del Brasil, pues son dos puntos de importancia fundamental, sin incluir los cuáles no es posible negociar ningún acuerdo global. Esta actitud del  congreso norteamericano  augura un proceso negociador más duro y difícil, con lo que podrían no cumplirse  las fecha establecidas en el cronograma.

 

 El 1º. de abril  de 2002 se produjo un nuevo encuentro del ALCA en Panamá y el 22 del mismo mes tuvo lugar en Isla Margarita, Venezuela, una nueva reunión de los viceministros de comercio de los 34 países participantes en el proceso.

 

El 11 de noviembre de 2002, durante la séptima reunión de Ministros de Comercio Exterior de los 34 países negociadores, en ocasión de la transmisión de la presidencia del proceso del ALCA de Ecuador al Brasil y a los Estados Unidos, el ministro de relaciones exteriores del Brasil, Celso Lafer, expresó su convicción de que este proceso llegaría a su culminación satisfactoriamente en el plazo de dos años, logrando un resultado que promueva el comercio, la generación de empleos y el desarrollo con justicia social.

 

 Sigue a continuación una información complementaria extraída del sitio WEB del ALCA en Internet:  “En la Sexta Reunión Ministerial, celebrada en Buenos Aires y en la  Tercera Cumbre de las Américas, en Quebec, Canadá en abril de 2001,   se adoptaron una serie de decisiones de gran importancia para el proceso  de negociaciones del ALCA. Los grupos de negociación sometieron a  los Ministros un borrador de acuerdo ALCA y, en una decisión sin  precedentes, los Ministros recomendaron a los Jefes de Estado y de  Gobierno hacer público el borrador del acuerdo para aumentar la transparencia del proceso y su carácter participativo. El 3 de Julio de 2001 se publicó el borrador del Acuerdo ALCA en los cuatro idiomas oficiales. Los  Ministros también destacaron la necesidad de incrementar el diálogo  con la sociedad civil. En este sentido, se acordó publicar en el sitio oficial del ALCA los resúmenes de las contribuciones de la  sociedad civil presentados en la segunda invitación pública. También  destacaron la importancia de la asistencia técnica a las economías más pequeñas para facilitar su participación en el ALCA.

 

Se establecieron fechas límite para la conclusión de las negociaciones y el establecimiento del acuerdo. Las negociaciones  concluirán, a más tardar, en enero de 2005 y se procurará la entrada  en vigencia del acuerdo no más allá de diciembre de 2005.

 

Según las directivas de los Ministros responsables de Comercio, las recomendaciones sobre métodos y modalidades para las negociaciones    se sometieron hasta 1 de abril de 2002 y las negociaciones de acceso  a mercados se iniciaron el 15 de mayo de 2002. Los principios y pautas para estas negociaciones están establecidos en el documento sobre Métodos y Modalidades para las Negociaciones. Una segunda  versión del borrador del Acuerdo del ALCA sería  preparada durante esta tercera fase de negociación, para ser sometida en  la Séptima Reunión Ministerial, realizada en   Ecuador en octubre de 2002.

 

Se han acordado una serie de principios rectores para  las   negociaciones del ALCA. Entre ellos, se incluyen los siguientes:

                -Las decisiones se adoptarán por consenso;

                -Las negociaciones estarán regidas por el principio de  transparencia

                - El ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y

                se elaborará sobre la base de estas disciplinas cuando ello sea

                posible y pertinente;

                - El ALCA constituirá un compromiso único (single-undertaking);

                - El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y

                subregionales y los países pueden negociar o aceptar las

                obligaciones derivadas del ALCA en forma individual, o como

                miembros de grupos de integración subregionales; y

                - Se prestará particular atención a las necesidades de las

                economías más pequeñas.

 

 4.2.3.2.-  Estructura y Organización de las Negociaciones del ALCA

 

 Las negociaciones del ALCA se desarrollarán de acuerdo a una estructura predeterminada por sus miembros, que deberá asegurar una amplia representación geográfica de los países participantes. Esta  estructura prevé la rotación de la Presidencia del proceso, de la  sede de las negociaciones y de los Presidentes y Vicepresidentes de  los Grupos de Negociación y de los otros comités y grupos.

 

La Presidencia de las Negociaciones será rotativa cada 18 meses, o en el momento de la conclusión de cada reunión ministerial. Se ha  designado, sucesivamente, a los siguientes países como Presidentes   del proceso del ALCA: Canadá, Argentina, Ecuador y Brasil y los             Estados Unidos en forma conjunta.

 

Los Ministros Responsables del Área de Comercio tendrán a su cargo  la supervisión final de las negociaciones. Generalmente se reúnen  cada 18 meses y, desde que se iniciaron las negociaciones, lo han   hecho en el país que detenta la Presidencia del ALCA al momento de las reuniones.

   

Los Viceministros Responsables del Área de Comercio, en su calidad  de Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), tienen un papel central en la administración de las negociaciones del ALCA. El CNC   orienta el trabajo de los grupos de negociación y de los otros comités y grupos y tiene poder de decisión sobre la estructura   general del acuerdo y otros temas institucionales. El CNC también es  responsable de asegurar la participación plena de todos los países en el proceso del ALCA, asegurar la transparencia de las  negociaciones, supervisar la tarea de la Secretaría Administrativa y  supervisar la identificación e implementación de medidas de  facilitación de negocios. El Comité se reúne tantas veces como es necesario y, como mínimo, dos veces al año en forma rotativa en  diferentes países del hemisferio.

 

Existen nueve Grupos de Negociación del ALCA que poseen mandatos   específicos de los Ministros y del CNC, para negociar en diferentes   áreas específicas. Se establecieron grupos en las áreas de Acceso a    Mercados; Servicios; Inversión; Compras del Sector Público; Solución de Controversias; Agricultura; Derechos de Propiedad Intelectual; Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios; y Política de Competencia. Los Grupos de Negociación se reúnen regularmente a lo   largo del año.

 

Hay tres comités y grupos que se encargan de temas relevantes para  las negociaciones.

 

El Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas sigue la evolución de las negociaciones evaluando las inquietudes e intereses de estas  economías y formula recomendaciones al CNC. Este Grupo ha procurado identificar las necesidades de las economías más   pequeñas para brindarles asistencia técnica en materia de comercio  cuando participan de las negociaciones del ALCA y difundir  información sobre otras fuentes de asistencia técnica.

 

 Además, el  Comité Tripartito mantiene la Base de datos de educación en materia   de comercio (TED), “un inventario de las oportunidades de  capacitación en las áreas del ALCA relacionadas con política  comercial y negociación para los funcionarios gubernamentales y del   sector privado en la región, a fin de facilitar el acceso a la  asistencia técnica” de acuerdo con lo solicitado por los ministros   en el Ministerial de Toronto.

 

Los Ministros crearon el Comité de Representantes del Gobierno en la  Participación de la Sociedad Civil con el objetivo de aumentar la  transparencia del proceso de negociación y ampliar la comprensión y  el apoyo del público en general, respecto de éste. El Comité  también fue creado para facilitar la participación de la comunidad empresarial y de grupos de trabajadores, protección del medio ambiente, académicos y otros grupos que desean presentar sus puntos  de vista, de manera constructiva, sobre los temas objeto de negociación y otros temas comerciales. El ALCA es el primer proceso  de negociación comercial significativo donde se ha establecido un grupo de estas características, desde el inicio de las negociaciones. En la primera etapa de negociaciones, el Comité sobre la Participación de la Sociedad Civil formuló su primera invitación  pública a la sociedad civil de los países participantes del ALCA. A  través de este mecanismo, se invitó a las partes interesadas a  presentar sus puntos de vista sobre el proceso ALCA en una forma constructiva. Los documentos presentados fueron analizados por el Comité, que presentó a los ministros resúmenes ejecutivos de los  documentos presentados y preparó un informe resaltando la gama de  puntos de vista recibidos como respuesta a la invitación pública. En  la reunión Ministerial de Toronto, los Ministros recibieron este  informe y pidieron al Comité procurar “de manera permanente la  colaboración de la sociedad civil en asuntos relacionados con el comercio de relevancia para el ALCA.” Después de la Reunión Ministerial de Toronto se realizó una Segunda Invitación Abierta y se solicitó al Comité que resumiera nuevamente las opiniones  recibidas para presentarlas a los Ministros. Después de la Reunión  Ministerial de Buenos Aires, se publicó el informe del Comité,  incluyendo los resúmenes ejecutivos, en la página web oficial del ALCA. En este informe, los Ministros instaron a los representantes  de la sociedad civil “a continuar brindando sus aportes de forma  constructiva sobre los asuntos relacionados con el comercio, de  relevancia para el ALCA.” La invitación pública a individuos y organizaciones de la sociedad civil se extendió de manera permanente.

 

Otra característica única del proceso del ALCA es el Comité Conjunto de Expertos del Sector Público y Privado sobre Comercio Electrónico que se creó para estudiar como ampliar los beneficios del mercado de comercio electrónico en el hemisferio, y como manejar este tema en  el marco de las negociaciones.

     

En Toronto, se creó un grupo de expertos ad hoc para que informara al CNC sobre la implementación de medidas de facilitación de negocios relacionadas con asuntos aduaneros. Estas medidas están diseñadas para facilitar el intercambio comercial en las Américas            beneficiando a todas las partes; no necesitan aprobación legislativa y pueden ser implementadas administrativamente. Las medidas de  transparencia se difunden a través del sitio Web del ALCA y procuran  incrementar el flujo de información sobre comercio y otros temas conexos entre los países de las Américas.

 

Apoyo Técnico y Analítico: El Comité Tripartito, integrado por el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los  Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina  y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), brinda apoyo técnico, analítico y financiero al proceso del ALCA, y mantiene la página oficial del ALCA. Las instituciones individualmente también brindan asistencia técnica en temas relacionados con el ALCA, especialmente a las economías más pequeñas.

 

Apoyo Administrativo: La Secretaría Administrativa del ALCA está   localizada en la misma sede de las reuniones de los grupos de  negociación. La Secretaría apoya las negociaciones desde el punto de  vista logístico y administrativo y provee servicios de traducción e interpretación de documentos. Esta Secretaria es financiada por el  Comité Tripartito.

 

Sede de las Negociaciones: También es de carácter rotativo. Se han  designado tres países anfitriones: Estados Unidos (Miami) desde mayo  de 1998 a febrero de 2001; Panamá (Ciudad de Panamá) desde marzo de  2001 a febrero de 2003; y México (Ciudad de México) desde marzo de 2003 a diciembre de 2004. “

 

En la conferencia de presidentes del MERCOSUR en Asunción, se destaca la acción coordinada del mismo, en la presentación de la oferta inicial en materia de bienes agrícolas en el ALCA y en el pedido de que el tema de los subsidios sea discutido en este ámbito, además del  de la OMC.

 

 4.2.3.4. El impacto del ALCA en las cadenas productivas brasileñas y uruguayas.-

 

Si bien no disponemos estudios a fondo respecto del probable impacto del ALCA sobre las cadenas productivas del MERCOSUR, puede resultar útil referirse  aquí a dos trabajos sobre dicho tema, correspondientes al Brasil y al Uruguay, que proporcionan algunos datos de interés.

 

El primero es un estudio coordinado por la Unicamp (Luis Sugimoto, noviembre 2002) sobre el impacto que el ALCA o el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea podrían tener sobre veinte cadenas productivas del Brasil. Partiendo de la base que se trata de la economía más fuerte de América del Sur, se podría tomar el estudio como modelo para los demás países del MERCOSUR.

 

Considerando los tipos de empresas, sus mercados y sus dificultades, los profesores Laplane y Coutinho (Unicamp)  llegaron  a identificar cuatro grupos de sectores, cada uno de los cuales, en menor o mayor medidas enfrentan amenazas y oportunidades . El primer grupo incluye a los sectores con un grado mayor de competitividad, o sea siderurgia, café, citrícola, papel y celulosa, textil y confecciones. Estos sectores tienen buenas posibilidades siempre que los acuerdos les brinden una apertura efectiva removiendo las barreras tarifarias y no tarifarias. Por su parte los mismos deben agregar valor  a lo que exportan, como vender jugo de naranja pasteurizado en vez de concentrado o agregar “design” a los calzados, en vez de vender zapatos de supermercado. La empresa deberá, además internacionalizarse, asumiendo la distribución del producto en el país comprador, por sí o por un socio local.

 

Un segundo grupo constituido por la petroquímica, plástico y bienes de capital, necesitan una reestructura total para sobrevivir; de lo contrario, los acuerdos comerciales tendrían efectos perversos sobre ellas. Requieren disminuir el número de empresas en los sectores y fortaleciendo a las restantes por alianzas, fusiones y compras. Deberán lograr más financiamiento para actualizarse, renovarse y aprender nuevas técnicas.  En ese caso, los acuerdos deberán ganar tiempo para que se realice esa reconversión.

 

Un tercer grupo integrado por los sectores llamados poco sensibles es el de los cosméticos, cerámica, madera y muebles. En este grupo sólo unas pocas empresas tienen reales oportunidades de exportar y no se verían mayormente afectadas por los acuerdos.

 

El cuarto grupo, que es el más importante,  es el mayoritariamente integrado por empresas transnacionales. Es un grupo heterogéneo, pues hay sectores, como el automovilístico, farmacéutico, informático, telecomunicaciones y electrónica de consumo, unos más competitivos que otros. Todos, sin embargo, tienen la característica común de tener  un importante comercio intrafirma con sus matrices o filiales extranjeras. El futuro de esas empresas requiere una negociación, tal vez difícil con las matrices, para  que éstas inviertan en la transformación de las plantas locales en plataformas de exportación, incentivadas, por ejemplo, por la existencia de capacidad ociosa y por  bajos costos.

 

El segundo es un trabajo, encargado por la Cámara de Comercio Uruguay- Estados Unidos a los Doctores Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky (Blanco, Herminio y otro, 2002). Si bien se trata de una negociación bilateral y no en el ámbito del ALCA, identifica por esa razón más claramente los intereses ofensivos y defensivos propios del Uruguay a la vez que los de los Estados Unidos.

 

Los autores entienden el objetivo más importante del Uruguay sería obtener un acceso libre y permanente en el mercado norteamericano, para sus exportaciones agropecuarias, que representan casi la mitad de su oferta exportable y que enfrentan una tasa promedio de arancel del más del 7% para ingresar a ese mercado. Dentro de los productos agropecuarios, las exportaciones más importantes de Uruguay son  los cárnicos, los lácteos y derivados – entre ellos en especial los quesos- y el arroz, en todos los cuales los Estados Unidos tienen aranceles elevados. En efecto; de los primeros 24 capítulos de la tarifa de importación ( que identifican los productos agropecuarios, 6 tienen aranceles promedio superiores al 10% y en 7 capítulos hay tasas mayores al 100%). Particularmente sensibles son el azúcar, el jugo de naranja congelado, el tabaco y el cacahuete. Estos productos entrarán sin duda en regímenes de excepción severos, como se desprende del texto de la Autoridad para Negociar Tratados Comerciales o TPA, que obliga al Ejecutivo a un complejo mecanismo de consultas para incluir los productos más sensibles en un tratado comercial.

 

En el sector manufacturero, el interés ofensivo del Uruguay se concentra en el sector textil y las prendas de vestir, sobre todo de lana. Dichos productos están gravados en Estados Unidos con aranceles que rondan el 27%, sin contar que en materia textil hay una protección emanada del régimen de cuotas que se aplica a dichos producto, que constituye una barrera muy importante, hasta que se cumpla con el acuerdo Multifibras, que determina la desaparición de las mismas.

 

Los intereses defensivos específicos del Uruguay  son más difíciles de identificar, a causa del Arancel Externo común, que muchas veces es impuesto por los intereses de los socios mayores del MERCOSUR, tanto por su monto, como  por los productos sobre los que recae. Lo cierto es que son aranceles muy elevados, que  para una gran cantidad de productos son superiores al 20% y para 27 de ellos del 15 al 20%. Pero también es cierto que el alto proteccionismo de algunos de esos productos responde a sensibilidades propias del Uruguay, manifestadas en las negociaciones del MERCOSUR, como el azúcar, los automóviles y sus partes, los bienes de capital e informáticos y los de telecomunicaciones; los farmacéuticos, las materias plásticas, los textiles y las prendas de vestir , los lácteos, los duraznos en almíbar y los aceites comestibles. La liberalización de estos productos sería un tema de  difícil abordaje en una negociación con los Estados Unidos

 

Las exportaciones norteamericanas corresponden en un 90% al sector manufacturero, en el que se destacan la industria electrónica y de cómputo, los vehículos automotores y sus autopartes y es, justamente, la importación de productos de  esos sectores que están gravados con altos aranceles, respondiendo  a un interés genuinamente uruguayo, por lo que en estos rubros se colisiona con los intereses ofensivos norteamericanos.

 

En cambio, los productos manufacturados norteamericanos no están especialmente protegidos, por lo que en ese ámbito la negociación es más fácil.

 

Estos estudios no son totalmente coincidentes en sus objetivos, pues el brasileño está enfocado principalmente a estudiar la competitividad de la producción y el uruguayo a identificar los intereses de las partes en una negociación, pero de ellos se pueden deducir algunas conclusiones. La primera es que los intereses brasileños y uruguayos son coincidentes en la perforación del mercado norteamericano en el sector agropecuario, pero muchas veces no se trata de los mismos productos. También son coincidentes en la defensa de ciertos sectores manufactureros sensibles.

 

    

 4.2.3.5.- La estrategia del MERCOSUR en las negociaciones.

 

 La estrategia del MERCOSUR está condicionada por el peso del Brasil en el sistema y en las propias negociaciones del ALCA. En lo principal,  el nuevo gobierno sigue los lineamientos políticos del presidente Cardoso: negociación de bloques a partir del MERCOSUR y en lo posible,  del Área de Libre Comercio Sudamericana, que dicho gobierno se esforzó en poner en marcha, incluso por acuerdos bilaterales, prescindiendo del MERCOSUR, y que podría concretarse, por lo menos en el papel, con las negociaciones MERCOSUR-CAN; mientras que la posición norteamericana es la negociación país con  país y no por bloques. El propósito fundamental es ganar poder de negociación para lograr, por una parte, el acceso más vasto posible de los productos brasileños – y  los de sus socios-  principalmente agrícolas, pero también manufactureros como la  siderurgia,  papel y celulosa, calzados, textil y confecciones al mercado libre incluidos los Estados Unidos y la eliminación de los subsidios norteamericanos a esos mismos productos, así como la modificación de la legislación antidumping norteamericana. Y, por otra parte, un cronograma de desgravaciones que de tiempo a la reconversión de las industrias brasileñas viables, a fin de enfrentar la competencia de las exportaciones norteamericanas.

 

Sin embargo, la diferencia  está en el grado de agresividad con que se prosiguen las negociaciones, por parte de un gobierno con una base política refractaria al acuerdo y que, por lo tanto, tiene que mostrarse más duro y reticente, así como  en el apoyo logrado de parte de la Argentina con el acceso de Kirchner al poder, y el de Venezuela, con un Chávez que emerge  hasta ahora victorioso de la dura confrontación con la oposición interna, en alguna medida con apoyo brasileño.  Esta mayor agresividad se refleja en la reciente posición brasileña de negociar en el ALCA sólo los temas de acceso a mercados y subsidios, de interés del Brasil- MERCOSUR y en la Organización  Mundial de Comercio, lo que atañe a servicios, inversión, derechos de autor y patentes, de interés norteamericano. Esta nueva postura podría llevar a los Estados Unidos a aumentar sus concesiones en temas importantes o a bloquear las negociaciones. Corresponde aquí plantearse la pregunta de quien necesita más la zona de libre comercio. Si postulamos que las oportunidades de crecimiento económico de los países latinoamericanos son mayores y más rápidas en el área del comercio exterior extrarregional, que en el desarrollo de los mercados internos, tenemos la respuesta: los países latinoamericanos excepto México, y por lo tanto, les urge concluir un acuerdo.  Pero no un acuerdo donde expongan sus mercados internos a la competencia norteamericana, sin obtener ventajas claras a cambio; es decir, en ese caso es mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo. Sin embargo, todos los países del NAFTA o TLCAN también están interesados, aunque no en la misma medida, en culminar el proceso y,  deberán mejorar su oferta ante la resistencia de sus contrapartes, en consonancia con su grado de su interés. Por lo tanto, podemos considerar que ambas posturas son transables, pero la asimetría de fuerzas y de necesidades juega a favor de los Estados Unidos.

 

Queda en pie el dilema de los países pequeños: Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, etc. En la negociación país por país, la diferencia abismal de potencial opera en su contra; pero, al mismo tiempo, la pequeñez de sus mercados, como sucedió en las negociaciones Chile- EUA y Chile-UE, permite a la contraparte concederles ventajas diferenciales, que no está dispuesta a extender a los más poderosos. En la negociación por bloques, dichos países corren el riesgo de que sus intereses sólo estén debidamente contemplados cuando coinciden con los de los países más poderosos como Brasil y Argentina, lo que, felizmente, sucede a menudo.

                  

 4.-2.4.- Negociaciones para un acuerdo con la CAN.-

 

Como se recordará, durante las negociaciones realizadas en 1999,  no se había logrado la meta de un acuerdo global entre el MERCOSUR y los países del Pacto Andino, habiéndose optado por prorrogar los acuerdos bilaterales existentes entre los países de ambos bloques, salvo el Brasil, que suscribió unilateralmente un nuevo acuerdo de complementación con el bloque andino en agosto de 1999. Las negociaciones colectivas, no obstante, prosiguieron durante el año 2000 y el 2001.    

 

En enero de 2002, los países del bloque andino acordaron dotarse de un arancel externo común  y se avanzó durante ese año en la negociación del acuerdo entre ambos bloques. En la reunión de Bávaro, República Dominicana  de los presidentes de noviembre de 2002, se realizó paralelamente una reunión de presidentes del MERCOSUR, en la cual el presidente Duhalde, de Argentina, expresó sus esperanzas de que el acuerdo pudiera firmarse antes de fin de año.  

 

En Asunción, julio del 2003, se reitera la necesidad de concluir la negociación conjunta con los países andinos y en especial de acuerdos bilaterales con Ecuador y Venezuela. Como vimos, las negociaciones son muy complejas y ya llevan cinco años de duración. Con este propósito, en Montevideo, el 4 de agosto del mismo año se reunieron en Montevideo, los cancilleres de los países del MERCOSUR y la CAN .  Según el comunicado oficial de la reunión, la Comunidad Andina hizo entrega de una propuesta de trabajo, pautas para las negociaciones, un programa y un cronograma, así como un programa de Cooperación para funcionamiento e inversión e integración física (en el marco de las acciones del IIRSA). Con estos propósitos, los cancilleres se reunirían en ALADI mensualmente para concluir las negociaciones antes del 31 de diciembre de 2003. Se acordó, además, crear un foro permanente de empresarios e insistir en la conclusión de las negociaciones MERCOSUR-Perú, que se encuentran en su etapa final.

 

 

 4.2.5.- Otros Acuerdos.

 4.2.5.1.- Acuerdo de complementación económica MERCOSUR- México.

 

Este acuerdo se suscribió en Buenos Aires el 5 e julio del 2002 entre los Estados Parte del MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos, como un acuerdo de alcance parcial en el Marco del Tratado de Montevideo de 1980 (ALADI) y está abierto  a los demás Estados miembros de este sistema de integración. El acuerdo tiene como objetivo la creación de un área de libre comercio entre las partes. Con ese objeto se propone establecer un marco normativo apropiado que dé seguridad y transparencia a los agentes económicos y promueva la complementación y la cooperación económica y comercial. La administración del mismo estará a cargo de una comisión administradora integrada por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR y la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. El acuerdo ratifica la vigencia de los acuerdos celebrados o que se celebren por las parte al abrigo del Tratado de Montevideo de 1980, comprendido el acuerdo sobre el sector automotor entre el MERCOSUR y México y sus anexos. Estos acuerdos estarán vigentes hasta que se implemente el acuerdo de libre comercio que se firma, para lo cual se desarrollarán negociaciones periódicas y se realizarán acciones tendientes a incrementar los intercambios de bienes y servicios. Como se ve, incluso como acuerdo marco define muy poco, librando todo  a las negociaciones posteriores.

 

El acuerdo sobre productos automotores (bienes nuevos) comprendidos en las posiciones Naladisa (nomenclatura de la ALADI) , tiene por objeto establecer una zona de libre comercio de los mismos en forma gradual, tras un período de transición desde la entrada en vigor del mismo hasta el 30 de junio de 2011. Durante el período de transición seguirán vigentes los acuerdos firmados bilateralmente entre los países del MERCOSUR y México. La administración de tal acuerdo y los acuerdos bilaterales estará a cargo de un Comité Automotor, el cual  entenderá en primera instancia en la resolución de  las controversias que se susciten, y de no alcanzarse solución se recurrirá a los procedimientos de solución de controversias establecidos en dichos tratados bilaterales.   

        

4.2.5.2.-Acuerdo Marco con la India.- Se  firmó un Acuerdo Marco con la India con el objetivo de lograr en breve plazo un acuerdo puntual de libre comercio. Al mismo tiempo, se está negociando un acuerdo de liberalización comercial con la República de Sudáfrica.

 

 

4.3.- LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CON LOS CUALES EL MERCOSUR TIENE INTERÉS PRIORITARIO EN VINCULARSE

4.3.1.- Evolución del acuerdo del TLCAN (NAFTA)

 

El TLCAN  o sea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un tratado libre comercio muy ambicioso, ya que va más allá de la liberalización generalizada del flujo de bienes, para incluir el comercio de servicios y disciplinas para la inversión extranjera, las compras del sector público y la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otras materias.

 

En su momento, esta negociación sirvió para dar el ímpetu final a la Ronda Uruguay, estableciendo precedentes importantes que fueron incorporados posteriormente en los acuerdos multilaterales del acta de Marrakech, y que hoy son parte de toda negociación comercial. Finalmente, el acuerdo trilateral ha servido de referencia obligada en el debate de la política comercial de EUA. Defensores y opositores del libre comercio en EUA han fijado sus posiciones a partir de lo que se negoció con México y Canadá hace diez años. ( Herminio Blanco y otro, 2002).

 

Los principios y aspiraciones que constituyen la esencia del tratado son  la expansión del comercio y la inversión, la reducción de las distorsiones al comercio, y el establecimiento de reglas claras que ofrezcan un marco previsible, así como la creación de empleos que permitan mejorar  las condiciones de vida de la gente. En esta parte se  expresan que el Tratado permitirá aumentar la competitividad de las empresas de los tres países, de manera congruente con la protección al medio ambiente. Asimismo, los países reiteran su obligación de promover el desarrollo sostenible, así como su compromiso con los derechos y las condiciones laborales.

 

En el capítulo inicial del tratado se establecen los objetivos y principios básicos que rigen el TLCAN  y su constitución formal en una zona de libre comercio conforme a los dispuesto en el artículo XXIV del GATT - requisitos para el establecimiento de acuerdos regionales de libre comercio. Igualmente,  se mencionan los principios y reglas fundamentales que gobiernan el tratado: trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia . Son estos principios, las bases para obtener los objetivos del TLCAN: eliminar los obstáculos al comercio de bienes y servicios, promover la competencia leal, aumentar las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer los derechos de propiedad  intelectual, establecer procedimientos para la aplicación y cumplimiento del tratado y la solución de controversias que emanen de éste y fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral.

 

En esta primera parte, los tres países confirman sus derechos y obligaciones en el marco del GATT (hoy OMC) y de otros acuerdos internacionales en los que sean parte. Se establece también que el TLCAN y sus disposiciones prevalecen sobre otros convenios, salvo algunas excepciones mencionadas específicamente (algunas disposiciones en materia comercial de convenios ambientales).

 

Por último, esta sección obliga a la adopción del Tratado en los diferentes niveles de gobierno de cada país: federal, estatal y provincial.

 

En el  capítulo segundo  se definen los conceptos generales que se emplean en el Tratado, a fin de que exista una interpretación común en los tres países. Incluye  conceptos tales como: bienes de una Parte; Código de Valoración Aduanero; comisión, empresa; empresa de una parte; empresa del estado; nacional; originario, persona, persona de una parte;  medida; principios de contabilidad generalmente aceptados; secretariado, sistema armonizado, y territorio. Cada país incluyó anexos definiendo, de acuerdo a su legislación doméstica, los conceptos de territorio y nacional.

 

El capítulo tercero del TLCAN contiene las disposiciones que regulan la liberalización del comercio de bienes en América del Norte y es, por lo tanto, una de las partes centrales del acuerdo. En principio, el contenido del capítulo se aplica a todos los bienes susceptibles de ser comerciados, aunque hay algunos sectores que tienen disposiciones adicionales establecidas en anexos (para los sectores automotriz y textil y de prendas de vestir) o, incluso, en capítulos individuales (energía y petroquímica básica y agricultura).

 

Las principales disciplinas de acceso al mercado de bienes son:

 

Trato Nacional:  EL TLAN incorpora el principio del trato nacional del GATT, que establece que los bienes de un país que es parte del acuerdo, procedente de otro país miembro, no serán objeto de discriminación, salvo lo previsto explícitamente en los anexos.

 

Eliminación de aranceles: El TLCAN establece la eliminación gradual de todos los aranceles sobre bienes considerados de América del Norte, conforme a las reglas de origen. Los aranceles serán desmantelados de manera inmediata, o de manera gradual en cinco o diez etapas anuales iguales. Algunos productos sensibles gozarán de un periodo extraordinario de hasta 15 años. Los calendarios de desgravación se encuentran listados en un anexo que contiene todas las fracciones de las tarifas de importación de los tres países. Se prevé la posibilidad de que los tres países consulten y acuerden una eliminación arancelaria más acelerada a la originalmente prevista. Asimismo, el tratado  establece que ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel aduanero existente ni imponer uno nuevo, sobre bienes originarios (i.e. que cumplen con las reglas de origen).

 

Restricciones a las importaciones y a las exportaciones: Los tres países eliminarán todas las prohibiciones y restricciones cuantitativas, tales como cuotas o permisos de importación, salvo lo previsto en el artículo XI del GATT – prohibiciones y restricciones cuantitativas al comercio de bienes, originadas en una escasez crítica de alimentos, en el respeto de normas y estándares o en la necesidad de controlar déficit o superávits de productos agrícolas y pesqueros- o  explícitamente en un anexo de reservas  del tratado.

 

Devolución de aranceles (drawback). El tratado establece reglas para los programas de devolución o exención de aranceles a los insumos utilizados en la producción de bienes que serán exportados a otro país miembro del TLCAN. Dichos programas fueron eliminados el 1° de enero de 2001 para el comercio con México y el primero de enero de 1996 para los flujos entre EUA y Canadá. A partir de estas fechas, el monto de aranceles que un país puede eximir o devolver no debe de exceder el menor de: a) los aranceles pagados o que se adeuden sobre materiales importados no originarios de la región de América del Norte y empleados en la producción de un bien que después se exporte a otro país miembro del tratado; ó b) los aranceles pagados a ese  país por concepto de la importación de ese bien.

 

Exención de aranceles: El TLCAN prohibe la adopción de nuevos programas de exención de aranceles o devolución de los mismos con base en requisitos de desempeño. Los programas existentes en México se eliminarían a más tardar el 1° de enero de 2001.

 

Derechos de trámite aduanero: Se acordó que los tres países no aplicarían nuevos cargos como los llamados “derechos de procesamiento de mercancías“ de EUA o los “derechos de trámite aduanero” de México. El pago de dichos derechos se eliminaría a más tardar el 30 de junio de 1999 entre México y EUA.

 

Impuestos a la exportación: El tratado prohibe fijar impuestos a la exportación, salvo cuando éstos también se apliquen a los bienes destinados al consumo doméstico y a las exportaciones a terceros países.

 

Otras restricciones a la exportación: Las restricciones a la exportación justificadas al amparo de los artículos XI: 2(a) o XX(g) del GATT- que se refieren  a la posibilidad de los miembros de la OMC de imponer restricciones temporales a la exportación en caso de escasez de productos esenciales o de adoptar medidas destinadas a la conservación de recursos agotables- podrán ser mantenidas o introducidas sólo sí: a) no se reduce la participación que las exportaciones a un país parte representaban del total de la oferta del país que introduzca la restricción, durante los 36 meses previos a la imposición de la medida y b) no se impone un precio de exportación superior al precio doméstico por medio de, por ejemplo, impuestos, licencias, cuotas o precios mínimos de exportación.

 

Bebidas alcohólicas-productos distintivos: Los 3 países acordaron proteger como productos distintivos el tequila, el mezcal, el whiskey canadiense, el Bourbon whiskey, y el Tennessee whiskey.

 

Anexos sectoriales del capítulo de acceso a mercado.

El capítulo de acceso a mercado incluye dos anexos para el sector automotriz y el de textiles y prendas de vestir con disciplinas específicas para estas industrias, que van más allá de la liberalización de los flujos de comercio. Se juzgó conveniente incluir estos anexos debido a las condiciones prevalecientes en estos dos sectores al momento de la negociación del TLCAN.

 

Disposiciones especiales para textiles y prendas de vestir: En el momento de la negociación, se establecieron reglas especiales para el comercio de fibras, hilos, textiles y prendas de vestir. Se contempla la eliminación de los aranceles en un periodo máximo de 10 años. EUA eliminó de manera inmediata las cuotas de importación para los productos mexicanos y de manera gradual para los productos manufacturados en México que no cumplan con la regla de origen, las cuales en su mayoría son de “hilo en adelante”, aunque para algunos productos son más estrictas: “fibra en adelante” (hilos de algodón, y de fibras sintéticas). Para los bienes que no cumplan con la regla de origen, se establecieron cupos de preferencia arancelaria. Un comité sobre etiquetado trabajaría en el desarrollo de requisitos uniformes de etiquetado.

 

Disposiciones especiales para productos automotrices: La importancia económica del sector automotriz en los tres países de América del Norte y la existencia del decreto de promoción de esta industria en México explican, en buena parte, la necesidad de un enfoque integral del tema. Así, el anexo correspondiente incluye disposiciones no sólo de comercio (incluyendo reglas de origen), sino también de inversión.

 

El TLCAN prevé la eliminación de las barreras al comercio de automóviles, camiones, autobuses y autopartes, así como la eliminación de restricciones a la inversión en un periodo de 10 años. EUA eliminó de inmediato sus aranceles a automóviles de pasajeros; redujo de forma inmediata a 10% sus aranceles a camiones ligeros y el residual se comprometió a eliminarlo en cinco años; y en 10 años los otros vehículos. Por su parte, México redujo de inmediato en 50% sus aranceles para automóviles de pasajeros, y se comprometió a eliminarlos en máximo 10 años; redujo en 50% sus aranceles para camiones ligeros y los eliminó en 5 años; y se comprometió a reducir sus aranceles de manera gradual para los demás vehículos en un período de 10 años. En cuanto a autopartes, se acordó la desgravación inmediata para algunas de ellas, mientras que otras en 5 años, y unas pocas en 10 años. En reglas de origen, los productos automotrices deberán ir aumentando gradualmente su contenido regional mínimo para alcanzar 62.5% para automóviles de pasajeros y camiones ligeros, motores y transmisiones para esos vehículos y 60% para los demás vehículos y autopartes. México se comprometió a eliminar, al término del período de transición, el decreto para la promoción de la industria automotriz.

 

El capítulo cuarto del tratado se refiere a las reglas de origen. Los beneficios arancelarios a los bienes de México, EUA y Canadá que otorga el TLCAN se determinan por las reglas de origen.

 

En este sentido el TLCAN dispone que los bienes serán considerados originarios cuando se produzcan en su totalidad en la región. En caso de que los bienes contengan insumos que no provengan de ella, se considerarán originarios siempre y cuando dichos materiales sufran una transformación suficiente, descrita, generalmente, utilizando el método conocido como “brinco arancelario”.  En algunos casos, además de cumplir el requisito de cambio de clasificación arancelaria, los bienes deberán incorporar cierto porcentaje de contenido regional. En otros, se permite considerar a un bien como originario cuando éste se clasifique en la misma subpartida arancelaria que sus componentes y cumpla con el requisito de contenido regional.

 

El Tratado establece dos métodos para calcular el porcentaje de contenido regional: el de valor de transacción y el de costo neto. El primero se basa en el precio pagado o a pagar por un bien. El método de costo neto sustrae del costo total del bien los costos por regalías, promoción de ventas, empaque y embarque. Este último método limita la carga financiera que se puede incluir en el cálculo. El TLCAN dispone que los productores tendrán la opción de cualquiera de los dos métodos, salvo en los casos en que el costo neto deba utilizarse cuando el valor de transacción no sea aceptable conforme al Código de Valoración Aduanera de la OMC o para algunos productos como los de la industria automotriz. Respecto a la acumulación, se establece que todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien deberán sufrir el cambio de partida correspondiente de clasificación arancelaria y cumplir otros requisitos de contenido regional.

 

En el caso de los productos de la industria automotriz, se pactó una transición al final de la cual deberán cumplir con un determinado porcentaje de contenido regional basado en la fórmula de costo neto (62.5% para automóviles de pasajeros, camiones ligeros, motores y transmisiones para este tipo de vehículos; y 60% para los demás vehículos y auto partes).

 

El TLCAN introduce una cláusula de minimis, mediante la cual se evita que ciertos bienes pierdan la posibilidad de beneficiarse de un trato preferencial por el hecho de contener cantidades muy reducidas de insumos no originarios. Así, un bien se considerará originario de la región cuando el valor de los insumos provenientes de países fuera de la región no exceda el 7% del precio o del costo total del bien.

 

El capítulo quinto se refiere a los procedimientos aduaneros para asegurar que sólo se otorgue trato preferencial a los bienes que cumplan con la regla de origen, y para asegurar que los inversionistas cuenten con certidumbre y no enfrenten procesos burocráticos excesivos en la verificación del cumplimiento de las reglas de origen, el TLCAN establece una serie de disposiciones en materia aduanera.

 

En  el TLCAN se adoptan reglamentos que aseguran la aplicación, administración e interpretación congruente de las reglas de origen. Además, se establece un certificado de origen uniforme, así como requisitos de certificación, procedimientos a seguir por los agentes económicos que reclamen trato preferencial, y requisitos comunes para la contabilidad de dichos bienes. El tratado también contempla reglas sobre la verificación del origen de los bienes, tanto para los importadores y exportadores como para las autoridades aduaneras.

 

Los certificados son llenados por los productores o exportadores, aunque  una Parte podría, por conducto de su autoridad aduanera, verificar el origen de un producto mediante cuestionarios escritos dirigidos al exportador o productor en territorio de otra parte, o incluso, mediante visitas a las instalaciones de un exportador o de un productor en territorio de otra parte.

 

El TLCAN prevé que cada una de las Partes debe ofrece, por conducto de su autoridad aduanera, el otorgamiento expedito de resoluciones anticipadas por escrito, previo a la importación de un bien a su territorio, y debe otorgar derechos de revisión e impugnación previstos para los importadores de su territorio.

 

Finalmente, el tratado establece plazos específicos para la pronta solución de controversias entre los tres países en torno a las reglas de origen.

 

El capítulo sexto del TLCAN está dedicado a la energía y petroquímica básica. En este sentido reconoce la importancia de mejorar el comercio de bienes energéticos y petroquímicos básicos en la región, mediante una liberalización gradual y sostenida. El tratado establece que un país no puede imponer precios mínimos o máximos de importación o exportación. Se establece que cada Parte podrá administrar sistemas de permisos de importación o exportación siempre que se manejen de conformidad con las disposiciones del tratado. Además, un país no podrá imponer impuestos, derechos o cargos a la exportación de bienes energéticos o petroquímicos básicos a menos que esos derechos se apliquen también al consumo interno. Cualquier restricción a la importación o exportación de energía se limitará a ciertas circunstancias específicas, como la conservación de los recursos naturales agotables, una situación de escasez, la aplicación de un plan de estabilización de precios, o cuestiones de seguridad nacional y, en todo caso, las proporciones de la oferta total del bien energético o petroquímico en cuestión que se exporte después de introducida la restricción no podrá ser menor a la que prevalecía antes de la medida.

 

Aunque, en principio, el capítulo se le aplica a las tres partes del TLCAN, hay excepciones explícitas de buena parte de las disciplinas para México, a fin de mantener las disposiciones constitucionales que reservan al Estado las actividades de exploración, explotación, refinación y procesamiento  de petróleo y gas natural, la producción de gas artificial y de petroquímicos básicos. También se reserva al Estado mexicano el comercio internacional, la transportación, almacenamiento y distribución de estos productos y el servicio público de electricidad. Sin embargo, el TLCAN reconoce las nuevas oportunidades de inversión privada en México en materia de bienes petroquímicos no básicos y en instalaciones de generación eléctrica para autoconsumo, cogeneración, y producción independiente, al permitir a los inversionistas de EUA y Canadá adquirir, establecer y operar plantas en esas actividades.

 

Éste fue uno de los capítulos más complejos de negociar. El sector energético era uno de los intereses ofensivos más importantes de EUA al tiempo que constituía el tema más sensible para México.

 

El capítulo séptimo, por su parte, se refiere al  Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y  Fitosanitarias. El TLCAN establece compromisos bilaterales entre México y Canadá y entre México y EUA para el comercio de productos agropecuarios. La negociación del TLCAN concluyó antes de la Ronda Uruguay, cuando todavía existían permisos previos de importación, licencias, cuotas y otras restricciones no arancelarias. Como parte de los compromisos del TLCAN,  México y EUA aceptaron eliminar sus barreras no arancelarias mediante su conversión a sistemas de arancel-cuota (las cuotas se incrementarán un 3% anual), o bien a aranceles, los cuales se reducirán gradualmente hasta llegar a cero en un período de 10 ó 15 años, dependiendo del producto (dentro de los productos más sensibles se encuentran el maíz y el fríjol para México y el jugo de naranja y el azúcar para EUA). Asimismo, a la entrada en vigor del tratado, México y EUA eliminaron los aranceles de una amplia gama de productos agropecuarios, cuyo valor equivalía a aproximadamente la mitad del comercio bilateral agropecuario. La liberalización comercial del sector agropecuario entre México y EUA prevista en el TLCAN es universal: al final de los plazos de desgravación todos los productos-sin excepción- estarán exentos de aranceles y barreras no arancelarias.

 

Por su parte, Canadá y México eliminarían las barreras arancelarias y no arancelarias a su comercio agropecuario, con excepción de productos lácteos, avícolas, huevo y azúcar (productos que Canadá y EUA habían exceptuado en su tratado bilateral, cuyos resultados fueron incorporados al TLCAN). Por lo general, los aranceles se eliminarían gradualmente en un período de 10 años.

 

Respecto a apoyos internos, las partes pactaron esforzarse por avanzar hacia políticas de apoyo interno que tengan efectos de distorsión mínimos o inexistentes sobre el comercio o la producción, conforme a las disciplinas multilaterales.

 

El capítulo también establece que no es apropiado otorgar subsidios a la exportación a los mercados de las otras partes, a menos que éstos sean necesarios para competir con productos de terceros países cuyas exportaciones estén subvencionadas.

 

El TLCAN confirma el derecho de cada país para determinar el nivel de protección sanitaria o fitosanitaria que considere adecuado y dispone que se puede alcanzar tal nivel de protección mediante medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en principios científicos y en una evaluación del riesgo, y que no se traduzcan en una discriminación injustificada o encubierta al comercio. El TLCAN alienta a los tres países a utilizar las normas internacionales relevantes para el desarrollo de sus medidas sanitarias y fitosanitarias, pero permite adoptar medidas más estrictas siempre y cuando se justifiquen científicamente. Asimismo, el TLCAN promueve la equivalencia de las medidas de tal forma que cada uno de los países acepte como equivalentes las medidas sanitarias y fitosanitarias de los otros.

 

El capítulo octavo se refiere a las medidas de emergencia.  Prevé el establecimiento de medidas de salvaguardias tanto globales como bilaterales. Los procedimientos disponen que las medidas serán sólo por un lapso limitado, y exige al país que las adopte que otorgue una compensación a la contraparte afectada. Si no logran llegar a un acuerdo sobre el monto de la compensación, el país exportador podrá adoptar una medida con efectos equivalentes para compensar el efecto de la salvaguarda.

 

Salvaguarda bilateral: Durante el periodo de transición, si como resultado de la reducción o eliminación de un arancel estipulada en el tratado, un bien originario de territorio de una Parte se importa al territorio en cantidades tan elevadas que constituyen una amenaza o causa sustancial de daño serio, una industria nacional que produzca un bien, la Parte afectada podrá adoptar medidas de emergencia que suspendan temporalmente la eliminación de los aranceles acordada, o bien, restablecer el arancel anterior a la entrada en vigor del TLCAN. Esta salvaguarda podrá adoptarse por una sola ocasión y máximo por un periodo de 3 años (en bienes extremadamente sensibles se podrá extender a 4 años).

 

Salvaguarda global: El TLCAN dispone que cuando un país adopte una salvaguarda global, de conformidad con el GATT, los países miembros del TLCAN deberán quedar exentos de la aplicación de la medida, a menos que sus exportaciones representen un parte sustancial de las importaciones totales o contribuyan de manera importante al daño o amenaza de daño serio.

 

 

El capítulo noveno  se refiere a  las medidas relativas a la normalización.

El TLCAN confirma los derechos y obligaciones de cada país derivados del Código de Barreras Técnicas al Comercio del GATT (TBT por sus siglas en inglés) y otros tratados internacionales. Asimismo, cada país conserva el derecho de adoptar, aplicar y hacer cumplir sus medidas de normalización, para establecer el nivel de protección que desee alcanzar con ellas aunque deben ser aplicadas con el principio de no discriminación (trato nacional y trato de nación más favorecida).

 

El tratado prevé que cada país use las normas internacionales como base para las suyas. Los países del TLCAN aceptaron trabajar de manera conjunta para incrementar el nivel de seguridad y protección de la salud y el medio ambiente y del consumidor. Así, acordaron procurar hacer compatibles sus medidas de normalización y, para ello, el tratado considera procedimientos de validación de la conformidad a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos o normas.

 

Finalmente, se establece la obligación de notificar con anterioridad a los otros países miembros la adopción o modificación de las medidas de normalización que pudieran afectar el comercio.

 

El capítulo décimo se refiere al importante tema de las compras del sector público. El tratado abre, sobre una base no discriminatoria, una parte significativa del mercado de compras del sector público de cada uno de los países del TLC para los proveedores de los otros países. El TLCAN establece el requisito de trato nacional y más favorable para los países miembros y obliga a las partes a seguir procesos de licitaciones muy exigentes en términos de valoración de los contratos; transparencia (publicación); plazos; especificaciones técnicas; prohibición de condiciones compensatorias especiales; invitación y calificación de proveedores; invitación restringida; presentación, recepción y apertura de ofertas; adjudicación de contratos; y mecanismos de impugnación..

 

El capítulo abarca las compras realizadas por dependencias y empresas del gobierno federal en cada uno de los países y se aplica a las adquisiciones de las dependencias del gobierno federal cuyo monto supera los $50 mil dólares para bienes y servicios, y $6.5 millones de dólares para obra pública. Para las adquisiciones de las empresas públicas, los umbrales son de $250 mil dólares para bienes y servicios, y 8 millones de dólares para obra pública. Para México se acordó una reserva temporal que permite excluir temporalmente una proporción decreciente de las compras públicas de las disciplinas del capítulo y una reserva permanente que le permite al Estado mexicano, asignar directamente, sin obligación de licitar, un monto fijo del valor de los contratos de compra de bienes y servicios de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como del valor de los contratos para la compra de servicios de construcción para el sector no-energético. EUA y Canadá, por su parte, excluyeron sus programas de pequeñas empresas y de empresa manejadas por minorías.

 

El tratado prevé la negociación futura de la cobertura para que ésta se extienda a los gobiernos estaduales o provinciales que acepten voluntariamente estos compromisos.

 

El capítulo décimo-primero se refiere a las normas de inversión y al decir de muchos contiene las disciplinas internacionales en la materia más ambiciosas que se hayan negociado. El tratado elimina barreras importantes a los flujos de capital, otorga garantías básicas a los inversionistas de los tres países y establece un mecanismo de solución de controversias que pudieran surgir entre los inversionistas y un país del TLCAN. Las principales disciplinas del capítulo XI del TLCAN son:

 

Definición de inversión. El concepto de inversión se define de manera amplia ya que abarca todas las formas de propiedad y participación en las empresas, a la propiedad tangible o intangible, y a aquélla que deriva de un contrato.

 

Trato no discriminatorio. Las disciplinas de no discriminación son muy amplias,  pues cada país otorgará a los inversionistas de un país del TLCAN y a las inversiones que ellos realicen, trato no menos favorable que el que otorga a sus propios inversionistas (trato nacional), a los inversionistas de otros países (trato nación más favorecida), el mejor de cualquiera de éstos (estándar de trato) y trato de acuerdo al derecho internacional, incluyendo trato justo y equitativo (estándar mínimo de trato).

 

Requisitos de desempeño. El TLCAN también prohibe la imposición de requisitos de desempeño a las inversiones en su territorio, tales como niveles de exportación, contenido nacional, utilización de bienes y servicios domésticos, transferencia de tecnología, etc.

 

Transferencias. El tratado dispone que los inversionistas de un país podrán convertir la moneda de curso legal en divisas, al tipo de cambio que prevalezca en el mercado, sus ganancias, ingresos derivados de ventas, pago de préstamos, u otras transacciones relacionadas con su inversión.

 

Expropiación. Ningún país del TLCAN podrá expropiar, de manera directa o indirecta, inversiones que realicen empresarios de los países miembros del TLCAN, salvo, por causas de utilidad pública, de manera no discriminatoria, y recibirán sin demora una indemnización conforme al valor de mercado del bien expropiado.

 

Mecanismo de solución de controversias inversionista- Estado. El tratado establece un mecanismo de solución de controversias mediante el cual los inversionistas de los países miembros podrán reclamar el pago de daños pecuniarios por violaciones a las disposiciones del TLCAN por parte del país receptor. Se contemplan procedimientos de arbitraje, o recursos disponibles ante los tribunales nacionales de ese país.

 

Las disciplinas del capítulo se aplican a todas las actividades económicas, a menos de que estén listadas explícitamente en los anexos de reservas al capítulo.

 

 En los ocho años y medio de vigencia de este instrumento se han presentado casos del capítulo 11 del TLCAN que, según algunos observadores, implican una lectura demasiado amplia de las disciplinas del mecanismo inversionista-Estado que, en los hechos, podría significar que los extranjeros cuentan  con un recurso para demandar a los Estados  que no está disponible para los nacionales. Esta preocupación llevó a que los países signatarios del TLCAN negociaran en 2001 una nota interpretativa del capítulo 11 del acuerdo que busca acotar su alcance.

 

El capítulo doce regula el comercio transfronterizo de servicios.

 

El enfoque adoptado para la liberalización de los servicios en el TLCAN es también muy ambicioso. De forma similar al capítulo de inversión y en contraste con las negociaciones multilaterales del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), el tratado norteamericano sigue un enfoque de listas negativas: todos los sectores están sujetos a las disciplinas del capítulo, salvo lo expresamente contenido en los anexos de reserva ( y lo dispuesto en los capítulos específicos para telecomunicaciones y servicios financieros).

 

Las principales disciplinas son:

Trato Nacional: El TLCAN extiende a los servicios la obligación fundamental de otorgar trato nacional, la cual ha sido aplicada a bienes a través del GATT. Cada país socio del TLCAN otorgará a los prestadores de servicios de los otros dos países un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios prestadores de servicios, en circunstancias similares.

 

Trato de Nación más Favorecida: El tratado requiere que cada país miembro otorgue a los proveedores de servicios de los otros dos países trato no menos favorable que el otorgado a prestadores de servicios de cualquier otro país, en circunstancias similares.

 

Nivel de Trato: Las partes se comprometen a dar el mejor  de los tratos nacional y de nación más favorecida.

 

Presencia Local: Conforme al tratado, un prestador de servicios de otro país miembro no estará obligado a residir o establecer en su territorio oficina alguna de representación, sucursal o cualquier otro tipo de empresa como condición para prestar un servicio.

 

A fin de evitar barreras innecesarias al comercio, el TLCAN establece disposiciones relativas a los procedimientos de expedición de licencias y certificación de profesionales. Se prevén mecanismos para el reconocimiento mutuo de licencias y certificaciones. Los países miembros eliminarán los requisitos de nacionalidad y residencia para el otorgamiento de licencias y certificaciones a los prestadores de servicios profesionales dentro de su territorio dos años después de la entrada en vigor del tratado.

 

Las disposiciones sobre servicios no se aplican a rubros cubiertos explícitamente por el tratado, tales como compras de gobierno, subsidios, servicios financieros, energía, servicios aéreos, telecomunicaciones básicas, servicios sociales del gobierno, industria marítima, y aquellos otros reservados al Estado.

 

El capítulo trece regula las telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones fue uno en el cual las partes del TLCAN se reservaron el derecho de establecer o mantener medidas discriminatorias con respecto a la inversión o la prestación del servicio. Sin embargo, en el capítulo correspondiente se incluyeron disciplinas para evitar la discriminación en el acceso y uso de redes o servicios públicos de telecomunicaciones y en el otorgamiento de licencias y concesiones de servicios de valor agregado, así como  para asegurar que las medidas de normalización requeridas sean las necesarias para impedir que se causen daños a la interconexión a las redes.

 

El tratado reconoce que un país signatario puede mantener o designar a un prestador monopólico de redes o servicios públicos. Cada país buscará que un monopolio no abuse de su posición.

 

El capítulo catorce estatuye sobre los servicios financieros. Conforme al tratado, los proveedores de servicios financieros de un país miembro podrán establecerse en otro de los países signatarios. Cada país permitirá a sus residentes adquirir servicios financieros en territorio de otro país, y no podrá imponer restricciones a las operaciones fronterizas en ningún sector financiero, adicionales a las restricciones ya existentes, salvo que el país haya excluido específicamente a algún sector de esta obligación.

 

Cada país deberá otorgar trato nacional, referido como trato a las oportunidades para competir, así como trato de nación más favorecida a los prestadores de servicios financieros. Cada país establecerá sus procedimientos de transparencia.

 

Las autoridades de los países conservarán facultades para expedir regulaciones que tengan el propósito de salvaguardar la integridad y estabilidad del sistema financiero. Los países también podrán adoptar, en circunstancias específicas, medidas que tengan el propósito de proteger la balanza de pagos.

 

México permitió a las empresas financieras organizadas conforme a la ley de otro país miembro del TLCAN, establecer en su territorio instituciones financieras, las que estarán sujetas a ciertos límites de mercado aplicables durante un periodo de transición. El tratado  también establece disposiciones especiales para banca y casas de bolsa, aseguradoras, empresas financieras no bancarias, y otras empresas.

 

El capítulo quince consagra las políticas a seguir en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado. El tratado  incluye disposiciones sobre prácticas comerciales no competitivas, privadas y públicas. Así, cada país del TLCAN adoptará o mantendrá medidas en contra de prácticas comerciales no competitivas y cooperará en al aplicación y ejecución de la ley en materia de competencia.

 

Empresas del Estado: El tratado requiere que las empresas que pertenezcan o sean controladas por los gobiernos federales, provinciales, o estaduales actúen de manera congruente con las obligaciones del país en cuestión cuando ejerzan una función reglamentaria, administrativa o de otra autoridad gubernamental, como en el caso del otorgamiento de licencias.

 

Monopolios: El TLCAN impone algunas disciplinas adicionales aplicables a los monopolios federales propiedad del gobierno, así como a cualquier monopolio privado que un país del TLCAN pueda designar en el futuro. En la compra o venta de un bien o servicio de monopolio, éste no deberá discriminar a bienes o negocios de los otros países del tratado. Cada país deberá asegurarse que los monopolios no se valgan de su posición para involucrarse en prácticas contrarias a la competencia en mercados no-monopólicos en su territorio.

 

Las disposiciones de este capítulo no son, sin embargo, susceptibles de ser sometidas al mecanismo de solución de controversias del tratado, lo que hace que este tema tenga un enfoque eminentemente cooperativo.

 

El capítulo dieciséis regula las  obligaciones en materia de entrada temporal de personas de negocios. E tratado no se establece un mercado común con libre movimiento de personas. Cada uno de los países conserva el derecho de velar por la protección del empleo, y de adoptar la política migratoria que juzgue conveniente. Los países miembros del TLCAN deberán, sin embargo, autorizar la entrada temporal a cuatro categorías de personas de negocios: visitantes de negocios; comerciantes; personal transferido dentro de una compañía, y ciertas categorías de profesionales. El TLCAN contempla definiciones para cada una de las categorías anteriores. EUA limita la entrada temporal de profesionales de México a 5,500 personas.

 

El capítulo diecisiete trata de la propiedad intelectual. Establece obligaciones sustanciales relativas a la propiedad intelectual. Cada país protegerá adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual con base en el principio de trato nacional, y asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras. El tratado  define compromisos específicos para la protección de: derechos de autor; patentes; marcas; derechos de obtentores vegetales; diseños industriales; secretos industriales; circuitos integrados; e indicciones geográficas.

 

Derechos de autor: las obligaciones de los países son: proteger los programas de cómputo como obras literarias, y las bases de datos como compilaciones; conceder derechos de renta para los programas de cómputo y fonogramas; y estipular un plazo de protección de por los menos 50 años para los fonogramas.

 

Patentes: El TLCAN otorga protección a las invenciones, requiriendo a cada país: conceder patentes para productos y procesos en prácticamente todo tipo de inventos, incluidos los farmacéuticos y los agroquímicos; eliminar cualquier régimen especial para categorías especiales de productos, cualquier disposición para la adquisición de los derechos de patentes, y cualquier discriminación en la disponibilidad y goce de los derechos de patentes que se otorguen localmente y en el extranjero; y brindar la oportunidad a los titulares de las patentes, para que obtengan protección en los inventos relativos a los productos farmacéuticos y agroquímicos, que antes no estaban patentados.

 

Además, el tratado establece reglas para proteger otros derechos de propiedad intelectual, tales como: marcas de servicios, señales codificadas por satélites, secretos industriales, circuitos integrados, e indicaciones geográficas.

 

Se incluyen también obligaciones detalladas sobre los procedimientos judiciales para la puesta en práctica de los derechos de propiedad intelectual, y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

 

El capítulo dieciocho del TLCAN se refiere a la publicación, notificación y administración de leyes.  Establece reglas diseñadas para asegurar que las leyes, reglamentaciones y otras medidas que afecten a comerciantes e inversionistas sean accesibles y se administren por funcionarios de los tres países con imparcialidad y de conformidad con los principios de legalidad.

 

Las disposiciones sobre notificación e intercambio de información darán a cada gobierno la oportunidad de consultar cualquier acción adoptada por cualquier país que pudiera afectar la operación del tratado y están diseñadas para apoyar a los países a evitar o reducir las posibles controversias.

 

Cada país designará un punto de enlace para facilitar la comunicación entre los 3 países del TLCAN.

 

 

El capítulo diecinueve se refiere a la  Revisión y solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias. El TLCAN confirma explícitamente el derecho de cada país miembro a conservar la aplicación de su legislación en materia de antidumping y cuotas compensatorias.

 

El Tratado establece un mecanismo para que tribunales arbítrales independientes, de integración binacional, revisen las resoluciones definitivas en materia de antidumping y cuotas compensatorias que hayan dictado las autoridades de los países miembros. Dichos tribunales estarán integrados por 5 individuos calificados, de los países involucrados.

 

Como salvaguarda contra procedimientos incorrectos o errores mayores por parte de los paneles que pudieran comprometer la integridad del proceso, se contempla un "procedimiento para la impugnación extraordinaria". En determinadas circunstancias preestablecidas, una de las Partes interesadas puede apelar la decisión de un panel ante un comité de tres jueces o ex-jueces. El comité llegaría luego a una decisión rápida según la cual afirma, abandona o devuelve la decisión del panel.

 

Se establece también un mecanismo por medio del cual se salvaguarda y se asegura el sistema de revisiones por paneles. En los términos de este capítulo se puede establecer un comité extraordinario compuesto de tres miembros para examinar los alegatos de una de las partes en el sentido de que la aplicación de las leyes nacionales de la otra parte hubiera estorbado el buen funcionamiento del sistema de los paneles.

 

 

El Capítulo veinte  del tratado establece las instituciones responsables de la aplicación del mismo, y busca asegurar su administración conjunta, así como la prevención y solución de controversias.

 

Comisión de Comercio: Es la institución central del tratado y está integrada por ministros o funcionarios a nivel de gabinete de cada país.

 

Secretariado: Su función es apoyar a la Comisión, así como a otros grupos secundarios en la solución de controversias. Dar apoyo técnico y administrativo a la Comisión.

 

Solución de Controversias:

 

Consultas: constituye el primer paso en la búsqueda de la solución de una controversia y favorece la conciliación entre las partes. Así, cuando surja un asunto que pudiera afectar los derechos de un país derivados del el tratado, ese país podrá solicitar consultas a los otros gobiernos involucrados.

 

Funciones de la Comisión de Comercio: Si las consultas no resuelven el asunto en un plazo de 30 a 45 días, cualquier país podrá convocar a la Comisión de Comercio a una reunión plenaria. La Comisión procurará una solución.

 

Inicio de procedimientos ante paneles: Si la Comisión no logra una solución mutuamente satisfactoria, el país involucrado podrá solicitar el establecimiento de un panel que considere la controversia.

 

En caso de que una controversia pueda someterse tanto a instancias previstas por el GATT como a las que instituye el TLCAN, el país demandante podrá elegir entre cualquiera de los dos foros, Una vez seleccionado el foro, éste será excluyente del otro.

 

Procedimientos de los paneles: Una vez solicitado y establecido el panel, éste tendrá a su cargo presentar conclusiones de hechos y determinar si la acción impugnada es incompatible con las obligaciones derivadas del TLCAN, y puede hacer recomendaciones para la solución de la controversia. Los paneles se integraran por cinco miembros, y el TLCAN establece un procedimiento para su selección. El panel deberá presentar un informe preliminar con carácter confidencial a los contendientes dentro de un plazo de 90 días. Éstos, a su vez, tendrán 14 días para comunicar al panel sus comentarios. El panel presentará su informe final en un plazo de 30 días a partir de que se presentó el informe preliminar, y será turnado a la Comisión para su publicación.

 

El capítulo veintiuno de excepciones,  incluye disposiciones que aseguran que éste no afecte la capacidad de cada país para proteger sus intereses nacionales.

 

Excepciones generales: Permiten a un país adoptar medidas que en otras circunstancias serían incompatibles con sus obligaciones: moral pública, seguridad, vida y salud humana, animal o vegetal, tesoros nacionales, preservación de los recursos naturales. Tales medidas no deberán resultar en discriminación arbitraria o en restricciones disfrazadas al comercio.

 

Seguridad nacional: Nada de lo dispuesto en el TLCAN afectará la capacidad de cualquiera de los países para adoptar medidas que considere necesarias para proteger sus intereses esenciales de seguridad.

 

Tributación: El tratado dispone que los asuntos tributarios se regirán por los acuerdos de doble tributación celebrados entre los países miembros.

 

Balanza de pagos: Un país contratante puede adoptar medidas que restrinjan el comercio para proteger su balanza de pagos, sólo en circunstancias limitadas, de acuerdo con las reglas OMC..

 

El capítulo veintitrés de disposiciones finales  establece las fechas para la entrada en vigor del TLCAN, así como lo relativo a la posible admisión de otros países como miembros del mismo. Finalmente, se establecen disposiciones para introducir reformas al tratado, así como denunciar el tratado con notificación previa de seis meses.

 

 

4.3.- Evaluación del  TLCAN

 

Este es un resumen del tratado. Interesa evaluar su  impacto en una economía como la mexicana, que tiene cierta afinidad con las latinoamericanas, para poder sacar conclusiones respecto de lo que podría suceder con estas últimas dentro del ALCA. En este aspecto nos remitimos a las conclusiones de Herminio Blanco, principal negociador del tratado durante el período de su conclusión. Blanco expresa que el principal objetivo de un tratado de libre comercio es generar empleos bien pagos. Dichos acuerdos generan empleos de tres maneras: mediante la eliminación de aranceles obstáculos y barreras al comercio, permite aumentar las exportaciones; luego, el aumento de la competitividad que estimula el desarrollo empresarial; y, finalmente por el incremento de las corrientes de inversión nacionales y extranjeras. El tratado ofrece una estructura institucional que constituye un marco óptimo para  la realización de negocios, por lo que, además de facilitar el acceso a los mercados, incluso las compras del sector público, se establecen mecanismos destinados a la protección de la inversión, apertura de los servicios y reglas de propiedad intelectual. Se determinan reglas para evitar el dumping, para las cuotas compensatorias y la política de competencia. Se estatuye igualmente sobre el régimen de solución de controversias.

       

En los nueve años de vigencia del tratado se eliminaron casi todos los aranceles entre los tres países signatarios. Entre México y Estados Unidos, para el 1º de enero del 2003 se eliminaron los aranceles de todos los productos industriales, con excepción de tres y todos los productos agrícolas, con excepción de cinco, entre los cuales el maíz para México, el  jugo de naranja y el azúcar para Estados Unidos, llegándose al 2008 con una eliminación total de aranceles, así como todos los impedimentos a las exportaciones mutuas. En caso de Canadá la protección continúa para los productos avícolas y cárnicos.

 

El crecimiento del comercio entre los signatarios se incrementó mucho más que el comercio de los mismos con terceros países. Mientras que el comercio de Estados Unidos se incrementó en un 79% entre 1994 y 2001, el comercio con México se incrementó en un 180%. En 1993, México representada un 6,9% de las importaciones de los Estados Unidos y hoy su penetración en ese mercado ha aumentado hasta casi el doble. México exportó en el 2001 a Estados Unidos 130.000 millones de dólares, más que Alemania, el Reino Unido y China juntos, más que Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong juntos y más del doble de toda América Latina(compárese con el total de las exportaciones brasileñas). Por otra parte, México se convirtió en el segundo mercado para las exportaciones de los Estados Unidos con 114.000 millones de dólares. Año a año México tuvo un superávit comercial de alrededor de 20.000 millones de dólares, desmintiendo las previsiones pesimistas. Las exportaciones mexicanas han pasado del ser el 15% del PBI a constituir el 30% hoy y ello se debe fundamentalmente al tratado. Consecuentemente, un número mayor de empresas se ha estado incorporando al sector exportador y esta actividad no se concentra solamente en el norte del país, sino que muchos empresarios se han establecido en el Yucatán y en el sur, en Chiapas y  la frontera con Guatemala en busca de mano de obra menos especializada  y menores salarios, conforme éstos aumentaron en los estados  fronterizos  con los Estados Unidos.

 

En el período del tratado, México ha recibido más de 120.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. En los años anteriores al tratado, esa inversión no pasaba de 4.000 millones de dólares anuales, mientras que en los años de vigencia del mismo se incrementó a un promedio de 14.000 millones de dólares anuales.

      

El aumento de la inversión y las exportaciones generaron en el período alrededor  de un millón y medio de empleos en el sector formal de la economía, con sueldos superiores a los del resto de la economía. El 60% de los sectores que exportan más, pagan salarios 40% más altos que los del resto del país y las maquiladoras o montadoras pagan salarios cinco veces superiores al salario mínimo.

 

Los beneficios de inversión y empleo son consecuencia del aumento de la competitividad de México en los Estados Unidos, como consecuencia de la eliminación de aranceles y barreras comerciales; provienen también del abaratamiento de los insumos y mejoramiento de su calidad.

 

Un tratado de este tipo significa garantir la estabilidad de las reformas estructurales que se producen por y como consecuencia del mismo, reformas estructurales que de todos modos serían necesarias, pero que de un modo u otro fueron aplazadas en el pasado por falta de estímulos o de ambiente político propicio. La política económica ya no se podrá modificar más o menos caprichosamente por los gobiernos de turno en respuesta a las dificultades o a las crisis y ello coloca a los inversores al abrigo de políticas erráticas y estimula los negocios.

    

La influencia del tratado, por último asegura el cumplimiento de las leyes, por ejemplo la que rige los derechos de propiedad intelectual, reduciendo la piratería y la transparencia en las licitaciones públicas, así como en la generación de estándares y normas y en su cumplimiento.

 

Todo ello, así como la certidumbre de que se está entrando en un gran mercado,  ha estimulado la inversión, y la inversión ha dinamizado la producción y ha beneficiado la generación y mejora de las condiciones de empleos y salarios.

      

Estas conclusiones podrían ser demasiado optimistas, ya que las condiciones de la gran masa popular mexicana no han cambiado demasiado y que, posiblemente, la vigencia  del tratado no contribuya a modificarlas en el  mediano plazo, como lo prueba el descontento evidenciado por el electorado con el gobierno de Vicente Fox en las últimas elecciones legislativas y de gobernadores. Tampoco se puede esperar que un tratado de libre comercio transforme la totalidad de una economía aquejada de enormes disfunciones estructurales, sobre todo respecto de los sectores donde el comercio exterior tiene poca o ninguna incidencia. con Sin embargo, la unión jurídica de México a un enorme mercado, al que de hecho estaba unido sin la misma protección legal, es un hecho probado y de significativa importancia, sin que los costos que el país haya pagado por ello sean demasiado importantes. Falta saber si similares procedimientos, aplicados al ALCA producirán efectos propicios netamente superiores a las restricciones y cargas que el proyectado tratado de libre comercio impondrá a las economías latinoamericanas. Una cosa si es cierta: Latinoamérica no podrá desarrollarse convenientemente si no consigue un acceso negociado a los grandes mercados internacionales, no bastando el desarrollo interno nacional, ni aún tratándose del Brasil,  o en los espacios subregionales latinoamericanos para generar un desarrollo productivo acorde con las necesidades de estos pueblos. También es incierto que las metas y objetivos nacionales de desarrollo independiente y socialmente equilibrado, que forzosamente se resignan, al menos en parte, al firmar tratados de esta naturaleza, estén al alcance de los países latinoamericanos sin el conveniente acceso a los grandes mercados mundiales, para lo cual deben abrir sus fronteras a la poderosa competencia externa, cualquiera sea el tipo de gobierno que rija sus destinos.

 

 

4.3.2.- LA EVOLUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.

 

Para los antecedentes de este tema, véase el capítulo segundo del libro “El MERCOSUR y su contexto regional e internacional” (Ginesta, 1998).

 

En este curso hemos presentado a la Unión Europea como el ejemplo práctico que más se ha acercado al modelo teórico de integración que manejan los estudiosos del tema. Es al mismo tiempo el banco de prueba para  el desarrollo futuro del MERCOSUR, si es que se pretende aún ser un mercado común, pero incluso como lo es como una zona de libre comercio eficiente.  El proceso de integración  requeriría en cierta etapa de su maduración,  un grado de integración política que llegaría a culminar en un super-Estado dotado de instituciones federales, con un gobierno supranacional, al lado de los gobiernos nacionales, que conservarían un grado de autonomía originaria. Como lo observa Romano Prodi, actual presidente de la Unión Europea y decidido europeísta ( entrevista del diario Le Monde, 22.10.02), nadie tiene en la Unión la autoridad necesaria para propiciar  su evolución. Es demasiado tarde para retroceder, pero al mismo tiempo no se tienen los suficientes poderes para asegurar el pacto de estabilidad y menos para avanzar en las reformas necesarias, puesto que las menores transformaciones requieren decenios para adoptarse.

 

Habiendo  culminado en lo esencial la formación del mercado único con la adopción de la moneda única, subsisten graves excepciones  en el terreno de la armonización de las políticas. Citando nuevamente a Prodi, rigiendo la moneda única, si hay divergencias económicas entre los países, es imposible modificar las tasas de interés y devaluar la moneda, por lo que la idea de tener políticas económicas diferentes es totalmente loca. Con la misma moneda se pueden tener tasas de inflación diferentes durante un año, pero no por tres o cuatro años. El pacto de estabilidad es la manera de estar juntos en la misma moneda. Prodi está persuadido que la coordinación de las políticas económicas será requerida en breve por los propios estados miembros; mientras tanto, ha sido necesario conceder nuevas flexibilidades, llevando el requisito del equilibrio de las finanzas públicas del 2004 al 2006, pidiendo como contrapartida a los Estados la reducción en un 0.5% anual del PIB, su déficit estructural. El mantenimiento del pacto de estabilidad es el mínimo minimorum del sistema.

 

Otro punto que no satisface los requisitos de un mercado único internamente abierto, es el  de la  desmonopolización y la gestión en libre competencia de los servicios públicos, que se trató en medio de agrias divergencias en la cumbre de Barcelona del 16 de marzo del 2002. En ella los líderes de Europa decidieron permitir a los grandes consumidores industriales y comerciales, abastecerse de  gas y electricidad en los diferentes países de la Unión, a partir del 2004, a efectos de reducir los costos, entre otras medidas para reforzar sus economías,  como aumentar la edad de la jubilación a los 65 años y aumentar la movilidad laboral en la Unión. Esta medida no alcanza al mercado de los consumidores privados , en una concesión a Francia, donde el servicio público permanece en manos del Estado. Sin embargo, este mercado representa sólo el 30% del total de consumos.

 

Europa se encuentra, además del reforzamiento de sus estructuras institucionales, abocada a la  necesidad estratégica y también política, de dar cabida en su seno a los pueblos de Europa del Este, liberados de  la tutela de la Unión Soviética y de las dictaduras comunistas locales, que plantea grandes desafíos en el terreno económico, similares a los que en su momento enfrentó Alemania Federal al incorporar  a   la   Alemania del Este, pero más aún en el terreno de la organización institucional y del balance del poder entre los diversos Estados, apenas resuelto en instancias anteriores. Además de las dificultades inherentes a la consecución de cada meta por separado, es evidente que estos objetivos son en cierta medida antitéticos, ya que la incorporación de muchos más países en distinto grado de desarrollo y con distinta organización interna, no favorece la cohesión del sistema y dificulta el reforzamiento de la autoridad central.

 

La ampliación europea

 

Respecto a la ampliación europea, por encima de la Europa de los 15, ésta reconoce dos etapas: la adopción del tratado de Niza , que aprobó la  entrada de 10 de los países candidatos el 1º. de mayo de 2004 y su ratificación por los países miembros, que culminó con el segundo referéndum de Irlanda –antes hubo un primer referéndum negativo, que paralizó el proceso, ya  que para ampliar la Unión se  requiere el voto unánime de los quince- y  la cumbre de Copenhague del 13 de diciembre de 2002, que concluyó las difíciles negociaciones sobre la financiación de la ampliación  de la Unión con los países candidatos. Estos son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta. El proceso culminará, sin embargo, cuando estos países aprueben por referéndum su adhesión a la UE. Los costos de la adhesión serán cubiertos por una oferta financiera de los quince que asciende a 40.400 millones de euros. Quedan afuera, por el momento Bulgaria, Rumania y Turquía – país que cuenta con la oposición más fuerte del lado europeo- por no responder a los criterios mínimos de adhesión.