La Comunidad Sudamericana de Naciones: evolución y contratiempos

 

 

Alberto J. Sosa

Agosto de 2005

 

En comparación con la situación que detentaban durante la guerra fría o durante los tiempos de hegemonía del Consenso de Washington,  actualmente algunos países de América del Sur disfrutan de una cierta e inédita capacidad de maniobra respecto de EUA. Las razones de dicha capacidad de decisión, pueden explicarse tanto por “la negligencia de EUA hacia la Región”, dado su casi exclusivo interés en su guerra preventiva contra el terrorismo, su lucha contra el narcotráfico y su propósito de control y disposición de las principales fuentes de provisión de energía y de ciertos recursos naturales, como por la existencia de gobiernos sudamericanos contrarios al recetario neoliberal.

Sin embargo, durante su segundo y actual mandato, el Presidente Bush ha vuelto a prestar atención a sus vecinos meridionales. Las políticas de EUA hacia la Región se tradujeron recientemente en diversos reveses. Primero, la derrota de sus candidatos a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA); segundo, su fallida tentativa de imponer un instrumento que permitiese a la citada entidad hemisférica monitorear la marcha de las democracias; tercero, en las crisis de Bolivia y de Ecuador, la OEA y detrás de ella EUA, no propusieron soluciones satisfactorias para los intereses en disputa. Sí hubieron propuestas de actores de la Región: Venezuela, conjuntamente con Brasil y con Argentina en el caso boliviano y Brasil en el caso ecuatoriano.

La América del Sur de raigambre ibérica ha dado sus primeros pasos para configurar la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), a través de la convergencia del MERCOSUR, de la Comunidad Andina de Naciones y de Chile. La República de Bolivia, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Ecuador, la República de Perú y la República Bolivariana de Venezuela devinieron Estados Asociados al MERCOSUR y se comprometieron a adherir a la Declaración de Potrero de Funes[1] y al Protocolo de Ushuaia que instituyeron la “cláusula democrática[2]”.  Recientemente en la Cumbre de Asunción (18/20 Junio 2005), los Presidentes firmaron el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados[3] que perfecciona y complementa el Protocolo de Ushuaia.

Asimismo, los Estados Parte crearon el Fondo para la Convergencia Estructural y el Fortalecimiento de la Estructura Institucional del MERCOSUR ( FOCEM[4]). Tendrá un presupuesto de U$S 100 millones de dólares anuales acumulativos. Así, está previsto que, hasta el año 2015 dispondrá de U$S 925 millones de dólares. Los aportes de cada Estado Parte son proporcionales a su PBI. Brasil aportará el 70% de los recursos; Argentina el 27%; Uruguay el 2%; y Paraguay el 1%[5]. El dinero del FOCEM se destinará preferentemente a financiar iniciativas y programas para promover la competitividad de los Estados Parte -en particular de las economías menores-y la convergencia estructural en el MERCOSUR[6]. Por otro lado, se sentaron las bases para establecer la integración energética del MERCOSUR y algunos Estados Asociados, a través del “anillo energético Regional”. A su vez, el Gobierno de Venezuela presentó dos iniciativas: Petrosur vinculada también a la integración energética de América del Sur y Telesur, el canal de TV latinoamericano financiado por Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba. El presupuesto de ésta emisora será de U$S 2,5 millones de dólares y Venezuela aportará el 51% del mismo, mientras que los restantes socios aportarán el 49%.

 

No obstante, no todas son buenas noticias para la marcha del proceso de integración. EUA ha logrado que el Gobierno del Paraguay adhiera a un Tratado bilateral que otorga inmunidad a sus tropas, mientras permanezcan en territorio de este último país. Así, si soldados de EUA cometieran delitos en territorio paraguayo no podrían ser juzgados por los tribunales del Estado anfitrión[7].

En Uruguay, el ex Presidente Batlle dejó como presente griego a las nuevas autoridades el Tratado Bilateral de inversiones firmado con EUA. Este tipo de tratado es lesivo de la soberanía nacional uruguaya. Argentina ya lo sabe: está pagando las consecuencias por su irresponsable aprobación en la década pasada de cincuenta y seis (56) Tratados[8] de este tipo y defendiéndose ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (CIADI)[9].

Por otra parte, el MERCOSUR permanece en una impasse, debido a los desacuerdos de sus Estados Partes. Dichas diferencias se relacionan con el futuro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[10]; con las candidaturas a organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC)[11] o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[12]; con las negociaciones internacionales con la República Popular China[13]; con el destino productivo de un MERCOSUR con cadenas de valor sin división “ricardiana” del trabajo, que tienda a disminuir y no a consolidar las asimetrías vigentes en el interior del Bloque; con la probable ampliación hacia un alcance sudamericano, etc.

El Canciller Bielsa ha expresado recientemente que debemos negociar con EUA un ALCA con principios, olvidando que este proyecto no es un simple Tratado de Libre Comercio como ingenuamente parece creer, sino una Constitución Global que prevalecería sobre nuestra propia Carta Magna, con detrimento de nuestra soberanía y de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en ella a favor de nuestra población, cuando no de nuestro derecho al desarrollo. Estos “TLC” prohíben que el Estado anfitrión (por ej. Argentina) exija a un inversor extranjero (por ej. de EUA) que agregue valor a su inversión, que contrate o capacite mano de obra nacional, que transfiera tecnología; que registre un balance positivo de divisas; etc. Disposiciones de este tipo sólo admiten derechos y garantías para el inversor, no para la población del país receptor de la inversión.

Asimismo, se repite desde ciertas altas esferas gubernamentales que estamos a favor de un MERCOSUR más equilibrado, pero no de una CSN. Esto último nos lleva a interrogarnos si tememos más a la oferta exportable de Ecuador, Perú o Colombia que a la de EUA? El problema colombiano no es nuestro problema? De quién es:  de EUA? de la UE?

No podemos comportarnos irresponsablemente en estas cuestiones. Aquí no hay que cometer “ingenuidades”: primero MERCOSUR (y “el ALCA con principios”, según el Canciller Bielsa) y después la CSN. La realidad es única y debemos abordarla en conjunto y simultáneamente, por supuesto que con cursos de acción de corto, mediano y largo plazo. El MERCOSUR y América del Sur deben ser nuestras prioridades. ¿Cuándo construiremos poder político? ¿Cuándo esbozaremos políticas conjuntas en (y desde) el MERCOSUR ante organismos como la OMC, el BID o el FMI, en materia de candidaturas y también de otros temas relacionados con el funcionamiento de los mismos? ¿Cuándo abordaremos el problema de Colombia? Cuando el poder del narcotráfico y de otros grupos esté aún más consolidado? El orden de América del Sur es un asunto de nuestra incumbencia y competencia.

Estos y otros temas debemos discutir y saldar con nuestros vecinos con grandeza y no con mezquindades coyunturales que nos conducirían a una encrucijada.

La desarticulación y la falta de coordinación y  de convergencia de las elites de los países sudamericanos en torno de políticas y de estrategias que den más gravitación y autonomía a la Región -y a los países miembros- frente a los grandes grupos hegemónicos transnacionales constituye uno de los principales problemas que entorpece la construcción de la CSN.