POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO RADICAL (1983/86)

 

 

 

 

Alberto  J. Sosa

 

Septiembre de 1987

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN

 

      La Argentina anglófila y anti-estadounidense dentro del sistema panamericano y aislacionista respecto de América Latina, había perdido en 1930, no sólo su estabilidad institucional sino la inserción internacional que le imprimieron sus sectores dominantes alrededor de la década del 80 del siglo XIX.  Desde aquél momento, comenzó su declinación según las estadísticas que reflejan el ranking de los Estados del mundo.

 

      Recurrentes golpes militares, con sus secuelas de proscripciones populares y lecturas simplistas y regresivas del sistema mundial agravaron el zigzagueo de las relaciones exteriores del país.

 

      A partir de los 60’ (siglo XX), los sucesivos gobiernos, casi sin excepción, adhirieron a lecturas obsoletas de la realidad internacional. A pesar del proceso de descolonización y la coexistencia entre las grandes potencias, los sectores dirigentes argentinos- en modo especial sus Fuerzas Armadas (FFAA)- se abrevaron en esquemas tipo “doctrina de la seguridad nacional” (DSN) y en políticas de poder subRegionales que las condujeron a sustantivar problemas de seguridad doméstica y también de carácter territorial.

 

      Durante sus siete años de gestión, el último gobierno militar llevó al país al descrédito y aislamiento internacionales. Los criterios geopolíticos que guiaron su actuación en Cono Sur, la violación de los derechos humanos y la fallida acción malvinense fueron los datos que emblematizaron la erraticidad y  parroquialidad de sus relaciones exteriores.

 

      El contexto internacional en el que desenvuelve su gestión internacional el Gobierno Radical es complejo. Del conjunto de conflictos existentes, aquí consideramos aquellos tres que se nos ocurren de mayor entidad.

 

      El primero es el que involucra a Estados Unidos de América (EUA) y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en el nivel diplomático estratégico global. Dicho conflicto ha recrudecido debido a la política militarista desplegada por la Administración Reagan, a través de la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE), que pretende militarizar el espacio ultraterrestre, a pesar de la legislación vigente en la materia a escala internacional global.

 

     Un segundo grupo de contradicciones es el que experimenta el mundo capitalista en su interior, ya que la superioridad económica, financiera y tecnológica de EUA ha sido sometida a prueba por los países de Europa Occidental (CEE) y por Japón.

 

      Por último, el núcleo de contradicciones que enfrenta a países y pueblos del Tercer Mundo con el conjunto de países desarrollados de economía de mercado, que diseñaron el orden mundial de la segunda posguerra, en momentos en que los primeros estaban sujetos, en su mayoría, a una dominación de carácter colonial.

 

      Dentro de este marco internacional intentamos analizar las relaciones exteriores argentinas, durante la primera mitad de la gestión del Gobierno Constitucional.

 

      Si bien las relaciones exteriores argentinas involucran una enorme cantidad de temas, problemas y países, optamos en este primer abordaje por algunos de ellos. Así es que sistematizamos las acciones desarrolladas con relación a Europa Occidental, EUA , la URSS, participación argentina en el Movimiento de No Alineados (MONOAL), el Grupo de los Seis, Contadora y Grupo de Apoyo, Atlántico Sur, Acuerdos Argentina – Brasil y Consenso de Cartagena.

 

      Al referirnos a las relaciones exteriores, consideramos únicamente las estrategias diseñadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que no nos ocupamos de las acciones desplegadas en este ámbito por actores privados u otros de carácter estatal.

 

      Concluimos el trabajo formulando consideraciones sobre la inserción internacional del país y en relación con los Estados, entidades, problemas y temas aquí abordados.

 

 

2.- RELACIONES CON EUROPA OCCIDENTAL

 

      El Gobierno Radical puso sus expectativas en una relación satisfactoria con los países de Europa Occidental, que le permitiera balancear sus vínculos con EUA y encontrar un contexto favorable para el encauzamiento de sus problemas económicos.

 

      El restablecimiento de la democracia y la política de promoción de los derechos humanos, pronosticaron una recomposición de la relación, que se había deteriorado durante la última dictadura militar.

 

      El enjuiciamiento de las tres primeras juntas militares de la última dictadura -responsables del terrorismo de Estado- y la adhesión argentina a una serie de convenciones internacionales -que garantizan un estándar mínimo de protección y respeto de los derechos humanos-, constituyeron el núcleo de la recomposición de la relación.

 

       En una primera etapa de su gestión, el Gobierno Radical confió en la “comprensión” de algunos países de Europa Occidental (Francia, Italia, España, etc) como forma de apoyo y solidaridad operativa hacia la restablecida democracia. Sin embargo, el resultado de la primera gira efectuada por el Presidente Alfonsín a Europa Occidental y el consejo del entonces Ministro francés  de Relaciones Exteriores (Cheysson): “antes que nada, Uds. deben negociar con el FMI”, desvaneció la esperanza de que se produjese una fisura dentro del universo acreedor, que pudiese ser aprovechada por el Gobierno argentino1.

 

      La “alternativa europea” resultó, en el tema deuda externa, un mito, ya que no pudo utilizarse para hacer frente a exigencias de la banca privada transnacional.

 

      La unidad y homogeneidad del universo acreedor devolvió al Gobierno argentino a la realidad de tener que negociar, en condiciones asimétricas, con la banca privada, previo paso por el FMI.

 

      Por otra parte, en el comercio agrícola, no se produjo cambio alguno a favor de los intereses argentinos, a pesar de su recuperación institucional.

 

 Desde hace años la Comunidad Económica Europea (CEE) mantiene una política agrícola de subsidios y discriminación hacia la Argentina. La misma se agudizó recientemente, ya que dicha política comunitaria a través del dumping conquista terceros mercados en perjuicio de nuestro país.

 

      A pesar de la complicidad de los gobiernos de los países europeos -miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- con la política de militarización desarrollada por el gobierno británico en el Atlántico Sur (v.g. fortaleza Falkland), el Gobierno argentino mantuvo una relación amistosa con ellos, dada la comunidad ideológica existente. Respecto al tema Malvinas logro que países que callaron ante la política de poder del Reino Unido en el Atlántico Sur, modificaran el sentido de su voto en la Asamblea General de Naciones Unidas (v.g. Francia). Quizás contribuyó a ello el menor nivel de reclamos de Argentina en este tema y el prestigio de su democracia.

 

      Las posturas asumidas en relación con otra conflictiva zona de América Latina, la centroamericana, fue lugar de coincidencias entre el Gobierno argentino y algunos gobiernos de Europa Occidental. Por lo menos, en aspectos relacionados con una solución político- diplomática del problema.

 

      Otro tema que relacionó a Argentina con Europa Occidental es su eventual participación en el Plan Eureka2, en proyectos que involucran a los sectores de biotecnología, telecomunicaciones, tecnología de la información, robótica y técnicas avanzadas de fabricación industrial, nuevos materiales, tecnologías marinas y técnicas de control del medio ambiente.

 

 

3.- RELACIONES CON EUA

 

      A diferencia de los 60’, en que EUA hizo de la díada “desarrollo- seguridad” el eje de su política exterior hacia América Latina, en los 80’ transformó su discurso poniendo el acento en la “democracia y la seguridad”3.

 

      La Administración Republicana simula desvincular a EUA de los conflictos de América Latina y resto del  Tercer Mundo, a través de la concepción y aplicación de la doctrina de los conflictos de baja intensidad (CBI)4.

 

      La estrategia de los CBI, se implementa a través de distintas modalidades. La primera es a través del apoyo financiero, logístico, armamentista, etc. que el Gobierno de EUA suministra a grupos armados restauracionistas5. La segunda, es la utilización de fuerzas de rápido despliegue 6 y la tercera, la contrainsurgencia clásica7.

 

      Con relación a las democracias, recientemente instaladas en América Latina, la derecha estadounidense mixtura un discurso “anticomunista” con otro apologético de la “democracia”, de modo que las únicas “democracias posibles” son aquellas que no colisionen con los intereses de EUA, manteniéndose dentro de las líneas de borde que les impone la política imperial. Conforme a este enfoque, la crisis ya no se resuelve a través del “desarrollo económico”, sino por medio del “ajuste estructural” (Plan Baker) y de “democracias controladas”, que garanticen la gobernabilidad y el pago del servicio de la deuda externa.

 

      Coincidiendo con la primera visita oficial del Presidente Alfonsín a EUA (Septiembre 1984) y fracasada la “alternativa europea”, el Gobierno argentino emprendió el “giro realista” de su política exterior. El Presidente argentino, dejó en claro que las dos áreas geográficas prioritarias de la política exterior eran EUA y América Latina. De estos dos ejes la relación con EUA constituía el continente de sus relaciones exteriores ya que se desechaban posturas que  confrontasen al país con la potencia imperial. Al tomar esta decisión -de alineamiento no automático-, el Gobierno argentino evaluó que ninguna democracia latinoamericana puede sobrevivir, si confronta con EUA. Por lo tanto, los márgenes autonómicos de las relaciones exteriores argentinas debían procurarse dentro, pero nunca fuera, del sistema impuesto por el hegemón.

 

      El Gobierno Constitucional se propuso obtener una “relación madura” con la potencia hegemónica, garantizando a sus sectores dominantes una conducta previsible ante determinados temas y problemas. Esta conducta excluía la erraticidad del último Gobierno militar. Para caracterizar el perfil de este tipo de vinculación se ha dicho que “con EUA hay coincidencias ideológicas y discrepancias metodológicas”. Existe un nivel de coincidencias ideológicas (defensa de la democracia pluralista, respeto de los derechos humanos, protección a la propiedad privada) y un nivel de discrepancias en la metodología, cuando se instrumentan decisiones para implementar valores compartidos.8

 

      Sin embargo, temas como endeudamiento externo, usos pacíficos de la energía nuclear, comercio con la URSS, los subsidios agrícolas, Malvinas y el Atlántico Sur, el conflicto centroamericano y el Operativo Unitas, puntos sobresalientes de la agenda bilateral, parecieran, por lo menos en el corto y mediano plazo, no favorecer un mayor acercamiento en  las posiciones.

 

 

4.- RELACIONES CON LA URSS

 

      La complementariedad de los exportables agrarios argentinos con las necesidades de la economía soviética se manifestó ya en los 70’. El Presidente Lanusse suscribió un convenio comercial con la URSS (cfr. Ley 19.549); el Gobierno Justicialista, a su vez, firmó (13  Febrero 1974) un acuerdo sobre el desarrollo de la cooperación económico- comercial y científico- técnica que fue aprobado y promulgado por la última dictadura militar  (cfr. Ley 21.614).

 

      El gobierno militar, efectuó a la URSS ventas significativas de commodities agrícolas (1980), con  un balance comercial  superavitario para la  Argentina.

 

      Durante la gestión radical, esta situación se mantuvo. Las ventas que la URSS efectuó a gobiernos de provincias  no  modificaron el saldo favorable a la Argentina (v.g. Chaco).9

 

      A pesar de que las prioridades del Gobierno Radical en materia de relaciones exteriores son EUA y América Latina, el Dr. Caputo (1985) y el Dr. Alfonsín (1986) se convirtieron, respectivamente, en el primer Canciller y el primer Presidente argentinos que visitaron oficialmente la URSS.

 

      Durante el viaje del Canciller Caputo a la URSS se suscribieron, entre ambos países, convenios sobre cooperación cultural y científica; sobre venta de cereales argentinos para el periodo 1986/1990; y se intercambiaron cartas reversales sobre suministro de máquinas y equipos soviéticos a la Argentina,  en igual lapso.

 

      El convenio sobre cooperación pesquera con la URSS suscripto (y aprobado) por el gobierno argentino10 colisionó con la decisión británica de decretar una “zona de conservación y protección pesquera”, alrededor de las Malvinas. Dicho convenio, tiene como objetivos recoger el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y reactivar la producción y el trabajo pesquero domésticos. La instrumentación del mismo se realizará mediante asociaciones empresariales binacionales, que operaran bajo la forma de joint ventures. La URSS aportará tecnología y capitales para la promoción de la producción y de las exportaciones pesqueras.

 

     En este último tema, como en los más importantes de la agenda de la política exterior argentina -deuda externa, Atlántico Sur, conflicto centroamericano, estabilidad institucional, búsqueda y resguardo de la paz y seguridad internacional, Acuerdo Argentina-Brasil-, no existen intereses contradictorios con la URSS.

 

     La relación argentino- soviética, mantuvo una continuidad que manifiesta la existencia de intereses complementarios, al margen de las diferencias ideológicas.

 

 

5.- PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL MONOAL

 

      Desde sus orígenes, el MONOAL, actúa como foro de los países y pueblos del Tercer Mundo, en el sistema internacional. Asimismo, contribuye a que formulen un diagnóstico y plan de acción propios de y para los asuntos mundiales para  alcanzar la distensión, el establecimiento de un Nuevo Orden Internacional y el respaldo a los Movimientos de Liberación Nacional y Social.11

 

      El Gobierno, a través de diversos discursos del Ministro de Relaciones Exteriores, reivindicó el carácter de país occidental, no alineado y en vías de desarrollo de la Argentina.12

 

      El no alineamiento argentino se define a partir de la no pertenencia del país a ninguna de las dos grandes alianzas militares existentes en el mundo (OTAN y Pacto de Varsovia), omitiendo toda referencia a su condición de Estado Miembro del Trabajo Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), primer pacto militar de la guerra fría y a las ligazones que vinculan a las FFAA argentinas con las de EUA, a través del Memoradum de Entendimiento de 1964, que se inscribe dentro del clima de guerra fría.13

 

      Según el discurso oficial, la “occidentalidad” ideológica del país se morigera con su pertenencia al MONOAL (no alineado) y al Grupo de los Setenta y Siete (Foro Económico-Comercial de países en vías de desarrollo).

 

      El papel desempeñado por los sucesivos gobiernos argentinos en el MONOAL fue desdibujado (1964: Observador y 1973: Miembro Pleno), ya que su participación se orientó hacia temas puntuales que hacían a su particular interés (v.g. Malvinas, alto Paraná, Antártida)15. Por su parte, la errática conducta de la última dictadura militar desacreditó a la República Argentina dentro del MONOAL.16

 

      El debut del Gobierno Radical en el MONOAL se produjo en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Luanda (Septiembre 1985), a la que concurrió el Canciller Caputo. Su agenda de trabajo reivindicó los contenidos fundacionales del Movimiento y el rol “moderado”, racional y previsible de la política exterior argentina. De este modo, contribuyó a relajar el aislamiento en que la dictadura militar había dejado sumido al país, involucrándose en problemas que otrora se consideraban extraños al interés nacional. Los problemas del Africa Austral (Namibia, Apartheid, etc.) y de América Central dejaron de percibirse como propios del conflicto Este- Oeste, para  abordarse desde una óptica distinta de la Doctrina de la  Seguridad Nacional y de las “fronteras ideológicas”.

 

     Si bien el tema Malvinas fue prioritario para Argentina en este Organismo, se lo desvinculó de la problemática global del Atlántico Sur.17

 

     El endeudamiento externo fue propuesto como tema de debate. A pesar de los reparos opuestos por algunos países miembros18, se celebró en Lima (Noviembre 1986) una Reunión de Ministros de Países del MONOAL, en la que se intercambiaron ideas y experiencias sobre la deuda externa en diversos países del Tercer Mundo.

 

      El Gobierno Argentino declinó un ofrecimiento para ser país sede de la próxima Cumbre de MONOAL (1989) y ocupar su Presidencia, en el turno siguiente, con el no declarado propósito de no romper el “delicado equilibrio”, derivado de su doble condición de “occidental y no alineado”.19

 

      En la 8ª. Cumbre de Jefes de Estado y de  Gobierno del MONOAL, realizada en Harare (1986), el Gobierno Argentino, que ya había roto relaciones diplomáticas con el régimen racista sudafricano, se comprometió a brindar asistencia alimentaria y financiera a los países de la “Línea del Frente” y a los Movimientos de Liberación de Sudáfrica y Namibia, mediante su participación en el “Fondo Africano”.20 En esta Cumbre, el Gobierno Argentino se opuso a la candidatura de Nicaragua para la Presidencia de la Cumbre de 1989, evitando “discusiones prematuras”.21

 

     El Ministerio de Relaciones Exteriores jerarquizó el nivel otorgado al MONOAL ya que la “Oficina” que funcionaba en la Cancillería se transformó en “Dirección”.

 

 

6.- PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL GRUPO DE LOS SEIS.

 

      Dentro de su política de búsqueda y resguardo de la paz y seguridad internacional, el Gobierno Argentino se incorporó, en carácter de miembro pleno, a una serie de reuniones internacionales, junto a los jefes de Estados o de Gobiernos de México, la India, Tanzania, Suecia, y Grecia, en la “Iniciativa de los Cinco Continentes para la Paz y el Desarme”.

 

      El Presidente Argentino definió al Grupo de los Seis (G-6) “como un movimiento de opinión en contra de la carrera armamentista ... no como terceros mediadores del problema, sino como defensores de nuestros propios derechos...”22.

 

      La Iniciativa del G-6 tiene dos objetivos, en el corto y mediano plazo. Uno de ellos está relacionado con la inmediata suspensión de los ensayos, producción y emplazamiento de armas nucleares y de sus sistemas de lanzamiento23. Dicha moratoria “no debe ser un fin en sí mismo ya que debe seguirse inmediatamente de reducciones sustanciales de las fuerzas nucleares que permitan alcanzar un desarme general y completo”24. Para ello se propone un sistema de inspección y vigilancia - en caso de una hipotética moratoria conjunta de URSS y EUA - como medio verificación de la suspensión de los ensayos.25

 

      El otro objetivo, está vinculado a la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, ya que éste “pertenece a la humanidad y como beneficiarios de esta herencia común a todos los hombres, nos oponemos al mal uso del espacio ultraterrestre de nuestro planeta para fines destructivos”.26

 

      En respuesta al llamamiento del G-6, la URSS suspendió unilateralmente los ensayos nucleares. Mientras tanto el Gobierno de EUA, prosiguió con dichas pruebas.

 

      También fueron distintas las actitudes de las superpotencias con respecto a la militarización del espacio ultraterrestre. Mientras el Gobierno de EUA insiste con su IDE, el Gobierno de la URSS se opone a este proyecto.

 

      Los documentos emitidos por el G-6, reivindican el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el respeto al orden jurídico vigente, el fortalecimiento del Sistema de Naciones Unidas, el derecho a la paz, a la vida y al desarrollo. Se considera que un mundo libre de amenazas nucleares y de armamentos, permitirá un racional aprovechamiento de los “recursos de la tierra, de modo tal que cada pueblo pueda gozar de una vida segura y digna en un sistema internacional libre de guerras y basado en la paz y en la justicia”.27

 

 

7.- PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL CONSENSO DE CARTAGENA

 

      El orden financiero- monetario internacional establecido en Bretton Woods -por los Estados capitalistas desarrollados- experimentó cambios en los 60’ y 70’ a través de la acción desplegada por la banca privada, que complementa a los organismos multilaterales de crédito (BM- FMI), en su rol de proveedora de fondos a los países del Tercer Mundo.28

 

      La crisis en las economías de los países capitalistas desarrollados, divorció a los instrumentos de producción de los de financiamiento, poniendo término al ciclo de crecimiento y bienestar de la segunda posguerra.

 

      En el Tercer Mundo la crisis se tradujo en recesión económica, declinación de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares y un abultado endeudamiento externo que opera como obstáculo principal a su recuperación y desarrollo.

 

      El incumplimiento en la amortización de la deuda, por parte de los países subdesarrollados, llevó a que los gobiernos de los países capitalistas desarrollados, la banca privada internacional y el FMI- BM, diseñaran una estrategia de negociación, caso por caso, previo acuerdo y auditoria del FMI, que evidencia un tratamiento técnico- financiero del problema.

 

      El endeudamiento externo fue uno de los ejes de la campaña electoral del Partido Radical. Durante la misma, vaticinó que discriminaría entre deuda legítima e ilegítima y que sólo reconocería a la primera.

 

      Durante la gestión del  Ministro de Economía Grinspun, el Gobierno se mostró reacio a subordinarse a las pautas y criterios de condicionalidad que el FMI impone a los países del Tercer Mundo. Consideró que un Acuerdo con el FMI no debía subordinar el crecimiento económico del mercado doméstico y el ingreso de los asalariados.

 

      El Canciller Caputo (Enero 1984) concurrió a la Conferencia Económica Latinoamericana (CELA), en la que se emitieron la Declaración y el Plan de Acción de Quito29 en los que se puntualizó la necesidad de dedicar al pago del servicio de la deuda un porcentaje del ingreso por exportaciones, siempre que no perjudicase la reproducción y crecimiento de la economías nacionales.

 

     El Gobierno Argentino se convirtió en uno de los mentores de la Reunión que -sobre el tema endeudamiento- se celebraría en Cartagena de Indias (Julio 1984). En la misma buscó infructuosamente respaldo para su proyecto de convocatoria de una Cumbre Presidencial, que se abocase al tratamiento del tema y formulase propuestas operativas.

 

      La Reunión de Cartagena culminó con una Declaración que hizo hincapié en el carácter político de la deuda externa, en la necesidad de abandonar su exclusivo tratamiento técnico- financiero; en la corresponsabilidad acreedor- deudor; y en la conveniencia de que el tema se abordase en una Reunión de Estados deudores y Estados acreedores, banca privada transnacional y entidades multilaterales de crédito.

 

 Asimismo, se formularon críticas al alza de las tasas de interés; al proteccionismo y dumping de los países industrializados de economía de mercado; al deterioro de los términos del intercambio; y al drenaje financiero soportado por los países de la Región.30

 

      Cartagena, continuadora de la Conferencia de Quito, congregó sólo a nueve países latinoamericanos, en su mayoría, los más endeudados, excluyendo a países que se consideraron “irritativos” para las altas finanzas internacionales (Cuba y Nicaragua). El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), organismo idóneo, por sus antecedentes y objetivos, para el manejo de la cuestión de la deuda, fue dejado de lado al crearse una instancia paralela.

 

      Reuniones sucesivas realizadas en Mar del Plata, Montevideo y Santo Domingo no lograron dar operatividad a las metas del Consenso de Cartagena.

 

     “Los Siete” países industrializados de economía de mercado, en sus reuniones cimeras, desconocieron los reclamos y la personería económico- diplomática del nuevo actor latinoamericano.

 

     Las dificultades fiscales y financieras del plan Grinspun, añadido a su rechazo a las tradicionales recetas del FMI, produjeron su desplazamiento. Así fue que (Junio 1985), se inició otra etapa en la que, por medio de llamado “Plan Austral”, se intenta poner coto a la inflación y al déficit fiscal modificando la estrategia de negociación y de entendimiento con el FMI y la banca privada transnacional.

 

      El fracaso de la “conexión europea” -en el tema endeudamiento- produjo el acercamiento a EUA y el abandono de los planteos de politización de la deuda. En este tema hay que discriminar tres niveles de negociación. El primero, referido al manejo de la deuda propia, en el que corresponde tener en claro que entre la declaración unilateral de la moratoria y el pago puntual del servicio existe un espacio de maniobra política que podría utilizarse, con la seriedad que el caso requiere. Nuestro país ostenta una situación atípica, con relación a la generalidad de los deudores del Tercer Mundo, ya que sus acreedores se domicilian en los países industrializados de economía de mercado, mientras que la URSS es su principal proveedora de divisas. Este divorcio existente entre el universo acreedor y el proveedor de divisas, ofrece un espacio de maniobra política que entendemos no ha sido aprovechado.

 

      En un segundo nivel, el latinoamericano, podrían intensificarse las acciones tendientes a transitar la ruta de la negociación colectiva, homogeneizando pautas y criterios, para debatir el tema con el FMI- BM, con la banca privada transnacional y con los Gobiernos de los países industrializados de economía de mercado.

 

      El último nivel, el internacional global, en el que el Gobierno podría perseguir la materialización de los objetivos consagrados en los principales documentos económicos del MONOAL, del G-77 y de la Asamblea General de Naciones Unidas, relacionados con la participación del Tercer Mundo en la reestructuración del sistema monetario- financiero internacional. Por otra parte, estimamos que dicha reestructuración sólo es viable si se realizan concomitantemente transformaciones políticas y sociales en las múltiples y diversas unidades estatales del Tercer Mundo.

 

 

8.- PARTICIPACION ARGENTINA EN CONTADORA Y GRUPO DE APOYO

 

      Los sucesos centroamericanos de fines de los 70’, produjeron un cambio en la relación de los actores -estatales y no estatales- de la zona con  EUA.

 

      La influencia de la superpotencia occidental experimentó un enervamiento en una zona situada en su ámbito hegemónico. Debe tolerar las acciones diplomáticas de las Cancillerías de los Gobiernos de la Europa Comunitaria, del Gobierno de Canadá y de los Gobiernos de los dos cuadriláteros diplomáticos latinoamericanos (Contadora y Apoyo), en resguardo de la paz y seguridad zonal.

 

      Una situación que en los 60’ hubiese resultado casi impensable, hoy evidencia una relativa pérdida de influencia de EUA, respecto de otros actores estatales occidentales.

 

      La XVII reunión del Órgano de Consulta del Sistema Interamericano (1979), que debatió la cuestión de la violación -por parte del Gobierno de Somoza-, a la obligación internacional de respetar los derechos humanos, significó una derrota diplomática de EUA ya que, en aquella Reunión, se resolvió reconocer la autoridad del Frente Sandinista en Nicaragua y desconocer la del somocismo por ilegítima31. La “Declaración franco- mexicana” (1981) significó el reconocimiento del status político- diplomático de la alianza del Frente Democrático Revolucionario- Frente Farabundo Martí Liberación Nacional (FDR- FMLN) en El Salvador y la “ingerencia francesa en el patio trasero de EUA”32. Finalmente, la XX Reunión del Órgano de Consulta que debatió el tema Malvinas (1982) resquebrajó, aún más, el Sistema Interamericano.

 

     La Administración Republicana, esbozó un plan de acción para América Latina y el Caribe (Documento de Santa Fe), tendiente a restablecer la hegemonía de  EUA en el hemisferio americano.

 

      A partir de 1981, se instrumenta en Nicaragua, por parte de sectores gubernamentales estadounidenses, la estrategia de los Conflictos de Baja Intensidad. Sectores somocistas, desplazados del poder por la “revolución sandinista”, situados en el sur de territorio hondureño y en el norte de Costa Rica, emprendieron ataques relámpagos y sabotajes en el interior de Nicaragua, con el patrocinio del Gobierno de EUA.

 

      A fin de paliar la crisis descripta, los Gobiernos de México, Panamá, Colombia y Venezuela -reunidos en la isla de Contadora (Enero 1983)- emiten, por intermedio de sus Ministros de Relaciones Exteriores, un documento en el que ofrecen sus buenos oficios a los países de América Central. Este mismo año el Grupo de Contadora desarrolla un cronograma de actividades que comprende la realización de un trabajo de campo que sirva de diagnóstico de situación, al definir los principales temas de controversia33.

 

      Las dificultades del Gobierno Conservador colombiano a nivel doméstico; la agudización de las condiciones del endeudamiento de México y de Venezuela, por la caída de los valores de los exportables petroleros y las presiones de EUA -en su carácter de acreedor-; así como la presidencia de Barletta en Panamá, desdibujaron el perfil de Contadora como un modelo latinoamericano de solución de controversias.

 

      Simultáneamente la Administración Republicana profundizó su intervencionismo en Nicaragua, minó los puertos de Corinto y Bluffield; decretó un embargo comercial sobre las exportaciones de Nicaragua hacia EUA; y desacató las Resoluciones de la Corte Internacional de La Haya que la conminaban a cesar en los citados comportamientos, violatorios de la normativa internacional34.

 

      En general, América Central no fue área de interés para Argentina. Situaciones límites como la invasión de la Administración Wilson a México o el problema cubano obligaron a un compromiso diplomático. No obstante, la crítica al intervencionismo estadounidense no excedió el terreno de la retórica.

 

      Las relaciones exteriores de la Argentina hacia América Central se caracterizaron por un relativo interés, salvo el caso de conflictos que impactaron en el interior de la sociedad civil. En este tipo de situaciones se verificaron tres momentos. El primero, en que se manifestó un interés, invocando los principios de autodeterminación y de no intervención. Una segunda etapa, en la que, ante la exacerbación del conflicto, se degrada el nivel de condena. Finalmente, consumada la intervención militar, un manto de olvido encubre la agresión de EUA35.

 

      Las autoridades elegidas a fines de 1983, debieron remontar una difícil situación en el área, debido al negativo desempeño de la dictadura militar en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua36. Así es que decidieron instrumentar una política en América Central que restañara el intervencionismo de la dictadura a la par que le permitiera colaborar en la solución de la crisis.

 

      El Gobierno Argentino -a principios de 1984- desarrolla algún tipo de colaboración con el Grupo de Contadora, incorporándose al cuadrilátero diplomático. El Gobierno mexicano, considerando que el ingreso argentino podía constituir un precedente que permitiera la futura participación de países en el Grupo que pudieran actuar como “caballo de Troya” estadounidense, se opuso a ello.

 

      A partir del viaje del Presidente Alfonsín a EUA (Septiembre 1984), decayó temporariamente el nivel de interés del gobierno por denunciar la agresión estadounidense en la zona. El “giro realista” del Gobierno Radical, explica su silencio ante el embargo decretado por EUA contra Nicaragua.

 

      La escalada del conflicto y el debilitamiento de Contadora suscitaron preocupación en algunos Gobiernos sudamericanos que creyeron necesario articular un Grupo de Apoyo a Contadora, auxiliándolo en sus gestiones de paz ante los países centroamericanos, ante los países con intereses y vínculos en la zona (EUA y Cuba) y ante los Gobiernos de países occidentales interesados en la paz.

 

      El Grupo de Lima o de Apoyo a Contadora, se constituyó (Julio- Agosto 1985) con la participación de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

 

      El Gobierno de Nicaragua consideró que la Administración Republicana debía comprometerse a respetar la paz y la seguridad de la zona, suscribiendo un Protocolo que integrase el Acta de Paz y Cooperación de Contadora. El planteo sandinista era que  “la contra” se mantiene en operaciones por el respaldo militar, logístico y financiero del Gobierno de EUA y que éste y no aquélla, es su interlocutor para alcanzar la paz.

 

      El Grupo de Lima trató de brindar una respuesta parcial a las inquietudes del Gobierno de Nicaragua, a fin de alcanzar la paz. El Gobierno Argentino, dentro del citado Grupo, cooperó en el encauzamiento y regulación del conflicto dentro de la normativa internacional.

 

      Así es que, en un momento de gravedad (Enero 1986), se formularon en Caraballeda las bases permanentes y las acciones para la paz. En dichas bases se insistió en la necesidad de una solución latinoamericana del problema y en la vigencia de los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, integridad territorial y democracia pluralista.

 

      El activismo diplomático argentino es explicable, en el cuadro del agravamiento de la situación centroamericana y de las objeciones formuladas a lo que se consideró lectura maniquea de la crisis, por parte del Gobierno de EUA.

 

      Para el Gobierno Argentino, el problema radica en el impacto negativo que el escalamiento de la situación puede tener sobre su régimen democrático. Una profundización de la intervención estadounidense, podría desencadenar una guerra civil en toda América Central, limitando los márgenes de maniobra del Gobierno Argentino en el ámbito intencional. Además, están presentes las consecuencias que se derivaron de las acciones emprendidas oportunamente contra la Revolución Cubana (Bahía de Cochinos, bloqueo, exclusión del sistema interamericano, etc.): Gobiernos militares que abrazaron las Doctrinas de la Seguridad Nacional y de las “fronteras ideológicas”, para enfrentar la “subversión doméstica y la exportación de la guerra de guerrillas”.

 

      Un mayor intervencionismo estadounidense tensa la “relación madura” con el Gobierno Republicano, si la Argentina mantiene o profundiza su nivel de críticas. Si se alinea detrás de la política exterior Republicana facilita el resurgimiento, a nivel doméstico, de enfoques reivindicatorios de la DSN. Si condena u obstaculiza el intervencionismo, mediante acciones de solidaridad respecto de Nicaragua, se expone a penalizaciones en los temas endeudamiento externo y Malvinas.

 

      Los últimos acontecimientos de la crisis centroamericana revelan las falencias de Contadora y su Grupo de Apoyo, en la búsqueda de la paz y seguridad zonal. A pesar de los esfuerzos desplegados, no lograron comprometer a EUA en las negociaciones. Su incorporación a las mismas es conditio sine que non para la vigencia de las normas internacionales.

 

      Ninguno de los dos Grupos propagó -ante la opinión pública latinoamericana y/o ante sectores de la sociedad civil estadounidense-, su “desobediencia” a las Resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

 

      Los Grupos de Contadora y  de Lima, con el patrocinio de la Secretaria General de las Naciones Unidas deberían constituir comisiones de prevención e inspección integradas por observadores civiles (frontera Costa Rica- Nicaragua) y/o por fuerzas militares (v.g. Canadá) en la frontera Honduras- Nicaragua.

 

      El Gobierno Argentino podría contribuir a paliar la crisis alimentaria de un país agredido como Nicaragua, en el contexto de la Decisión 113 (1982) del SELA.

 

 

9.- MALVINAS Y ATLANTICO SUR

 

     Cuando el Gobierno Constitucional reivindicó el procedimiento diplomático como único medio idóneo para recuperar el irredento archipiélago, se produjo un cambio en la gestión del conflicto.

 

     La Administración Conservadora británica endureció su propuesta y desplegó una política de poder, desobedeciendo Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La comunidad internacional brindó respaldo al Gobierno democrático argentino en las negociaciones sobre la soberanía, sin expedirse acerca de la titularidad.

 

      La Argentina, en estos años, utilizó Foros como ONU, OEA, MONOAL, etc. para su reclamo de negociaciones sobre la soberanía. Además, hubo un fallido acercamiento bilateral, gracias a los buenos oficios suizo- brasileños, que se clausuraron ante la negativa británica a incluir la cuestión de la soberanía en la agenda de debate.

 

      La acción multilateral argentina rebajó -a partir del 40° periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Gral. de Naciones Unidas-, el nivel de los reclamos al consentir el debate de una agenda amplia que incluyera, entre otros temas, el de la soberanía. Pero así posibilitó el respaldo de una serie de países vinculados al Reino Unido que modificaron el sentido de su voto, en las sesiones ordinarias de 1985 y 1986 del citado órgano de Naciones Unidas (v.g. Francia, Canadá, Australia, EUA, etc.).

 

      Complementando su acción multilateral, el Gobierno Argentino instrumentó estrategias para operar sobre el frente político doméstico británico, a fin de debilitar a la Administración Conservadora en este tema. Fruto de las mismas fueron los encuentros- y sus respectivos Comunicados- del Presidente Alfonsín con el líder de la oposición Laborista (Kinnock, Mayo 1985) y con el jefe de la oposición Liberal (Steel, Junio 1985) del Reino Unido37.

 

      No obstante los esfuerzos desplegados por la diplomacia argentina, dentro de la normativa internacional, el Gobierno del Reino Unido respondió con una política de poder que se tradujo en la instalación de la “ Fortaleza Falkland” y de una zona de “conservación pesquera”, que añadieron nuevos elementos de tensión en el Atlántico Sur.

 

      El conflicto argentino- británico, en esta cuestión, admite más de un abordaje. Uno, es el que circunscribe el tema a la disputa por la soberanía de Malvinas; otro es aquél en el que el foco de la atención se amplia y atiende a la situación del Atlántico Sur y en el que el primero se incluye38.

 

      La ocupación de Namibia por el régimen racista sudafricano, sus sistemáticos ataques al gobierno y pueblo de Angola y a los países de la “Línea del Frente”, evidencian que África austral se convirtió en una de las áreas más conflictivas del mundo y que dicha situación podría exacerbarse.

 

      Otro ingrediente lo constituye el hecho de que buques pesqueros soviéticos, de otros países socialistas, japoneses y surcoreanos operan desde hace tiempo en la zona del Atlántico sudoccidental, sin someterse a regulación alguna.

 

      El Gobierno Conservador británico y la Administración Republicana estadounidense se convirtieron en los principales avales del régimen sudafricano, por intermedio de la política del “compromiso constructivo”, que apuntala el apartheid, la ocupación del territorio de Namibia y a la agresión contra los países de la “Línea del Frente”.

 

      El Gobierno Constitucional formuló e instrumentó para los problemas vigentes en el área nombrada, una política que involucró un cambio respecto de administraciones que le precedieron. Reencauzó la disputa de soberanía sobre Malvinas por procedimientos diplomáticos; rompió relaciones con el régimen sudafricano; apoyó la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que declaró al Atlántico Sur Zona de Paz y Cooperación; y se incorporó al “Fondo Africano” del MONOAL.

 

      No obstante, el Gobierno Argentino, en su accionar en el tema Malvinas consideró que en el Atlántico Sur hay dos cuestiones distintas: la de los pueblos del Africa austral y la de Malvinas. Esta desvinculación de problemas explica que rebaje el nivel de sus reclamos en Malvinas con la esperanza de que aliados influyentes del Reino Unido (v.g. EUA) persuadan a su Gobierno para que se siente a negociar, a fin de que no se produzcan nuevos incidentes y/o escaramuzas que agraven el resquebrajamiento del sistema interamericano (TIAR, OEA, etc.).

 

      El problema del Atlántico Sur podría abordarse -por nuestra diplomacia- como un problema único e indivisible, en el que los temas desmilitarización y cooperación (afro- latinoamericana) sean sus prioridades.

 

      Por otra parte, resultaría necesario priorizar la latinoamericanización e incluso la tercer- mundización de la cuestión y simultáneamente profundizar las acciones tendientes a crear fisuras en el frente doméstico británico, como dos elementos claves para compeler a Reino Unido a negociar la soberanía del archipiélago en disputa.

 

      No debe cometerse el “error” de delegar autoridad y responsabilidad en un tercer país (EUA), aliado del Reino Unido, con el propósito de que éste se siente a negociar sobre la soberanía, primero pero no único objetivo de nuestro país, ya que una hipotética reiniciación de las negociaciones no garantiza que el Gobierno Británico se comporte de manera distinta de cómo lo hiciera en el pasado. EUA, además de su estrecha sociedad con el Reino Unido, es un país con el cual el nuestro mantiene divergencias en asuntos prioritarios, circunstancia que le permitiría, en caso de una eventual gestión de buenos oficios, ejercer presiones que pueden devenir irresistibles.

 

 

10.- ACUERDOS ARGENTINA-BRASIL

 

     Históricamente, la relación Argentina- Brasil se caracterizó por su nivel de conflictividad. Dichos países heredaron en el Nuevo Mundo la rivalidad luso- hispana y salvo excepciones, la relación bilateral estuvo signada por el conflicto y la competencia por la hegemonía Regional (América del Sur).

 

      Los años 70’ fueron testigos de un recrudecimiento de la conflictiva relación bilateral, aunque no por la hegemonía Regional[1], sino por las represas del Alto Paraná. Dicha disputa culminó con un acuerdo trinacional (Brasil, Paraguay, Argentina), sobre la compatibilización de Corpus e Itaipú (Octubre 1979). Asimismo, se firmaron notas reversales (Junio de 1980) sobre este tema y se realizaron acuerdos sobre intercambio comercial y cooperación nuclear. A partir de estos acuerdos la relación bilateral adquirió un sesgo cada vez más cooperativo.

 

      Recuperada la institucionalidad democrática en ambos países, se profundizó el compromiso en favor de la cooperación y de la integración. Así fue que en la localidad de Foz de Iguazú (Diciembre 1985), se realizaron las tareas preparatorias de los Acuerdos que se firmaron en 1986. Las citadas actividades se vieron estimuladas por análogas percepciones y comportamientos de los dos Gobiernos en problemas de carácter mundial y Regional, que involucran a América Latina.

 

      El cuadrilátero de la isla de Contadora encontró respaldo a su gestión pacificadora  en el Grupo de Lima integrado, entre otros, por los Gobiernos de Brasil y Argentina.

 

       En la cuestión endeudamiento externo -abordado en la Reunión de Cartagena de Indias- se fijaron pautas y criterios comunes entre los Gobiernos de los países deudores de América Latina. Las representaciones de Argentina y de Brasil participaron activamente.

 

      Un tercer problema de alcance Regional, es la militarización del Atlántico Sur. Ambos Estados exhibieron una solidaridad operativa, sea en la representación política que inviste el Gobierno de Brasil de los derechos e intereses argentinos en el asunto Malvinas, sea en el proyecto del Gobierno de Brasil que declaró al Atlántico Sur Zona de Paz y Cooperación, con respaldo del Gobierno argentino.

 

      Los respectivos planes económicos (Austral y Cruzado) guardaron, cierta similitud39. A pesar de las analogías, debe reconocerse que el Cruzado se aplicó a una economía que, si bien con alta tasa de inflación, en contraste con la Argentina, se hallaba en crecimiento. Dicha circunstancia, añadido a vocación autonómica de la coalición social gobernante en Brasil, se tradujo en una conducta más defensiva del interés nacional, en el tema endeudamiento externo. El Gobierno del Presidente  Sarney rehusó someterse al “régimen de condicionalidad” del FMI. En los debates en el seno del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT), Montevideo, se opuso a que los servicios se incluyeran en la Rueda de negociaciones del citado Organismo.

 

      En Julio 1986 se suscribió el Acta de Cooperación e Integración y doce (12) Protocolos, los que fueron complementados por la firma de otros cinco (5) en Brasilia (Diciembre 1986). Los presupuestos sobre los que se asientan estos acuerdos son “la consolidación de la democracia” y la “paz  y seguridad Regional” (América Central y Atlántico Sur). El principal objetivo integracionista es “potenciar la autonomía” de los dos países; y los instrumentos que se utilizarán para el logro de ese objetivo son la modernización tecnológica y las asociaciones productivas binacionales (crecer juntos)40.

 

       Un caso distinto, pero complementario del Acuerdo reseñado, es el de Latinequip SA. Esta multilatina financiera fue creada por el Banco del Estado de San Pablo, la Nacional Financiera de México y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Las nombradas entidades son accionistas, por partes iguales, de esta financiera que se constituyó de acuerdo a los lineamientos de la ley de sociedades anónimas de Panamá.

 

      El objetivo de la financiera es contribuir al fortalecimiento de la producción y exportación de bienes de capital y servicios latinoamericanos, sustituyendo bienes y servicios extra-Regionales. Otra meta es procurar una mayor participación doméstica en el flujo intralatinoamericano de tecnología.

 

      En el ámbito de la cooperación e integración latinoamericana, la acción más importante fue el Acta de Cooperación e Integración Económica con Brasil. Este Acuerdo constituye un marco o continente que aún no permite abrir juicio definitivo acerca de él. Sin embargo, se nos ocurren tres reflexiones. La primera de ellas es verificar, a través de su instrumentación, qué actores sociales se convertirán en usufructuarios del Acuerdo. La segunda, es advertir que el sector asalariado (a diferencia del empresario) no ha sido invitado a participar  en las negociaciones. En un proceso que promueve una integración productiva intrasectorial, sin división ricardiana del trabajo, es decisivo el papel que puede desempeñar el sector sindical de ambos países ya que es el que puede garantizar que las fusiones y/o asociaciones empresariales públicas y/o privadas no se realicen en desmedro de los asalariados y que la integración dé cumplimiento al propósito de lograr “el bienestar de los pueblos”41. Tercero, debe estar abierto a la adhesión de otros países de América del Sur, sobre la base de los principios de cooperación y de solidaridad, rechazando el establecimiento de hegemonías, por parte de los países de mayor desarrollo relativo, en detrimento de los de menor desarrollo económico relativo.

 

 

11.- CONSIDERACIONES FINALES

 

      El Gobierno Constitucional instrumentó una política exterior que recompuso la imagen externa del país a que lo condujo el errático comportamiento internacional de la dictadura militar.

 

      La Cancillería recuperó su rol de formuladora y ejecutora de las relaciones exteriores, reivindicando funciones que había usurpado la “diplomacia militar”.

 

      Analizando las relaciones con países o áreas geográficas, el Gobierno Radical estableció el siguiente orden de precedencia diplomática: América Latina, Europa Occidental, EUA, Japón, otros países del Tercer Mundo y por último la URSS y demás países socialistas.

 

      La realidad se encargó de trastrocar el citado orden de precedencia.

 

      Los núcleos alrededor de los cuales se articularon las acciones del Gobierno, fueron la búsqueda y resguardo de la paz y seguridad internacional, la politización de la deuda y la inserción de América Latina. Asimismo, el fortalecimiento de la democracia y la promoción y la protección de los derechos humanos guiaron su conducta.

 

      Las acciones tendientes a la búsqueda de la paz y seguridad internacional se desarrollaron en el MONOAL; el G-6; en Contadora y Grupo de Apoyo;  y en el  Atlántico Sur.

 

      Los Grupos de Contadora y Lima pudieron, a pesar de sus vacilaciones y del condicionamiento del Gobierno de EUA, desarrollar acciones tendientes a morigerar la agresión de la superpotencia.

 

      El Atlántico Sur se plantea -para la Cancillería argentina- como un problema vinculado a la reivindicación de soberanía sobre el archipiélago malvinense. Si nos atenemos al estado de la cuestión, el estudio de casos análogos (Canal de Panamá, Hong Kong, Gibraltar, etc.) no fue abordado o quizás se los desestimó como probables paradigmas de negociación.

 

      El Atlántico Sur es una zona de guerra o una zona de paz? Para los Gobiernos del Reino Unido y de EUA es lo primero, mientras que para los países y pueblos de América del Sur y de Africa, con litoral e intereses en aquél, es una zona de paz y de cooperación Sur- Sur.

 

      El MONOAL y el Consenso de Cartagena fueron los ámbitos utilizados por nuestra Cancillería para debatir el endeudamiento externo, abandonando el análisis estrictamente técnico- financiero. Sin embargo, los Gobiernos de los países industrializados de economía de mercado, se movilizaron neutralizando las acciones tendientes a politizar la deuda del Tercer Mundo. El Gobierno de EUA desempeñó un rol decisivo, tanto en las negociaciones con el FMI como apoyando  los criterios de la banca privada acreedora.

 

      El Gobierno Argentino desarrolló -en una primera etapa de su gestión internacional- acciones exploratorias, considerando que podía hallar respaldo, en relación al tema deuda externa, en Gobiernos afines de Europa Occidental.

 

      Una falsa lectura sobre los intereses y alineamientos de estos países en la cuestión endeudamiento lo llevó a desarrollar una política de ensayo y error, que le demostró que el mundo capitalista industrializado se comporta homogéneamente. A partir de esta toma de conciencia, se produjo la implementación del “Plan Austral” y el “giro realista” hacía EUA, admitiendo los condicionamientos del FMI-BM y de la banca privada transnacional.

 

      Al no encontrar intersticios dentro del bloque acreedor, el Gobierno Argentino no atinó a seguir comportamientos heterodoxos como el de Brasil, Perú o Nigeria, aprovechando su relación comercial con la URSS o insistiendo con acciones dirigidas a crear un club de deudores.

 

      América Latina (con base en el Cono Sur), es el área de concentración y de proyección de las relaciones exteriores argentinas. Allí se encuentran radicados los principales problemas, sus probables marcos de solución y las perspectivas de proyección internacional.

 

      El Grupo de los Ocho (G-8) o  Grupo de Río puede representar un cambio cualitativo para la Región, dadas las potencialidades que encierra. Este Grupo, a diferencia de los de Contadora y Lima, no sólo opera como un mecanismo informal para la solución pacífica de los conflictos sino que puede devenir en un embrión de Órgano de Consulta Latinoamericano que planifique un futuro autonómico para la Región.

 

      El abordaje por el Órgano de Consulta de problemas como cooperación e integración Regional, conflicto centroamericano, deuda externa, Atlántico Sur, creación de un club tecnológico, estabilidad institucional de los procesos de democratización, institucionalización del Parlamento Latinoamericano, etc. pueden otorgarle a América Latina una capacidad de maniobra inédita.

 

      El Acuerdo Alfonsín-Sarney es el más importante que ambos Estados han celebrado con propósitos cooperativos e integrativos, en toda su historia. Las negociaciones Vargas- Perón o la Declaración Quadros- Frondizi, son los antecedentes de esta respuesta  a la crisis compartida. La estrategia diseñada excede el ámbito comercialista ya que en el Acta y los Protocolos se esboza una integración productiva.

 

      La creación de un mercado ampliado abre perspectivas promisorias para ciento sesenta (160) millones de habitantes a través de un flujo mercantil recíproco que sustituya  importaciones extra-Regionales por las binacionales. Los recursos técnicos, naturales y humanos de ambos países otorgan viabilidad al proyecto, si se persigue el bienestar de los pueblos y la proyección brasileño- argentina, a partir de visiones similares sobre los problemas que los afectan y sobre sus probables soluciones.

 

      Las eventuales vinculaciones afro-argentinas están condicionadas por la situación en el Atlántico Sur y por el desenvolvimiento de los Acuerdos Argentina- Brasil, complementados por la acción de Latinequip S.A.

 

      Los rasgos autonómicos exhibidos por las relaciones exteriores argentina, en los ejes inserción en América Latina y búsqueda y resguardo de la paz y seguridad internacional, tuvieron como contrapartida y condicionante la subordinación a las pautas y criterios de los gobiernos de los países industrializados de economía de mercado, de organismos como el FMI-BM  y de la banca privada acreedora, en materia de endeudamiento externo.

 

      Nuestro país sólo participa en unos de los tres grandes núcleos de contradicciones que sobrecogen al sistema mundial  - que es el que confronta a países y pueblos del Tercer Mundo con los países industrializados de economía de mercado -, por ello debe procurar una inserción internacional, a partir de una plataforma conosudamericana, arraigada en la alianza Argentina-Brasil, acorde con sus intereses.

 

     Las prioridades de sus relaciones exteriores- en el marco de una política No Alineada- son el fortalecimiento de su inserción en América Latina (a partir de la consolidación de la alianza brasileño-argentina); la intensificación de los lazos que la vinculan a nivel comercial con la URSS; la exploración de las posibilidades de cooperación e intercambio con la CEE, EUA, Asia y Africa.

 

      La reorientación de las relaciones exteriores -que se propone- involucra  profundizar lazos con Brasil y Estados de la vecindad geográfica, así como diversificar las relaciones existentes para tener más puntos de apoyo que contribuyan a garantizar una autonomía de desempeño para el manejo y solución de la crisis. No obstante, debe tenerse en cuenta que ninguna política exterior puede suplir -sino complementar- una política de desarrollo y justicia social basada en un proyecto integrativo conosudamericano.