EL FMI Y EL COLAPSO ARGENTINO

 

Luiz Alberto Moniz Bandeira

Abril de 2005

 

Hegel tuvo razón cuando dijo que, aunque se recomiende a los gobernantes, estadistas y pueblos que aprendan, preferiblemente, a través de la experiencia de la historia, lo que la experiencia y la historia enseñan es que los gobernantes y los pueblos nunca aprendieron nada de la historia ni se comportan de acuerdo con sus lecciones.  Este es el caso de la Argentina, donde la convulsión social y política era perfectamente previsible y se presumía inevitable, como consecuencia de la crisis económica y financiera en la que se sumergió. 

La Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón (1946/1955), nunca ratificó la Carta de la OEA y el Tratado de Bretton Woods, ni adhirió al Fondo Monetario Internacional ni ratificó el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio.  Fue el Gobierno Provisorio,  encabezado por el general Pedro Aramburu, que, en 1956, tomó todas esas y otras iniciativas, inclusive la de firmar una serie de acuerdos militares con los EUA, mediante los cuales la Argentina aceptó el funcionamiento permanente de una misión militar norteamericana, en el ámbito del Ministerio de Defensa, con el objetivo de coordinar la uniformización de los armamentos que serían utilizados en la defensa del hemisferio, y las escuadras de ambos países pasaron a realizar maniobras conjuntas en el Atlántico Sur.  El general Pedro Aramburu, jefe del gobierno provisorio (1955/1958), recibió inmediatamente después un crédito de U$S 100 millones del Eximbank, U$S 75 millones del FMI, U$S 50 millones de bancos americanos y U$S 30 millones más de la Standard Oil Co.1.  Y llevó a cabo una serie de medidas liberales, a fin de contener la inflación, restaurar la agricultura y garantizar el ingreso de capitales extranjeros. 

Desde entonces, después de la caída de Perón en 1955, la Argentina también estuvo siempre sometida, con breves intervalos, a políticas económicas liberales y planes de estabilización, recomendados por el FMI y por los gobiernos de los EUA.  Electo presidente en 1958, Arturo Frondizi, en vista del deterioro de la balanza de pagos, terminó por ceder a las exigencias del FMI, para obtener nuevos préstamos, así como de los militares, colocando al liberal Alvaro Alsogaray en el Ministerio de Economía, y sometió a la Argentina a un drástico plan de estabilización monetaria, que implicaba poner fin a las restricciones a las importaciones y ejecutar un programa de austeridad.  En aquella ocasión, en el Brasil, el presidente Juscelino Kubitschek se rebeló y rompió los acuerdos cuando el FMI (10/06/1959) exigió la reducción de los gastos públicos (inversiones públicas, especialmente en el Petrobrás), acusándolo de intentar forzar al Brasil a una “capitulación nacional”, a fin de que su “industria cayese en manos extranjeras”2.  “Los americanos” – dijo Kubitschek – “no sólo no ayudaron sino que entorpecieron las negociaciones con el FMI”3. 

El plan de estabilización, que Kubitschek se rehusó a aplicar en el Brasil, Frondizi lo llevó a cabo, reprimiendo el desarrollo económico de la Argentina y profundizando la crisis social.  Las Fuerzas Armadas lo derrocaron en 1962.  Y, no obstante la experiencia negativa del plan de estabilización monetaria aplicado por Frondizi, José María Guido, que lo sucedió, se dispuso aún a ejecutar, con el aval del FMI, otros dos shocks económicos, que afectaron seriamente a la industria, transfiriendo renta para el sector agropecuario, esto es, para la oligarquía rural, solidaria con los intereses del capital financiero.  La instrumentación de medidas restrictivas del crédito perjudicaron, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas, sobre las cuales se asentaba el importante núcleo manufacturero de la Argentina, al imposibilitarles el acceso a los financiamientos bancarios, una vez que los grupos oligopólicos no sólo disponían de mayores recursos propios para el capital de giro, sino que conseguían mayor capitalización del excedente económico, mediante el incremento de la productividad.  La antinomia entre los intereses del sector agroexportador y las necesidades de la industria, que no se resolvieron, más bien se agudizaron, durante el Gobierno de Perón, recrudecieron, entonces, con la disputa por los escasos recursos disponibles, dentro de un marco de estancamiento económico, en que los sindicatos, fuertemente organizados y conducidos por la CGT, reaccionaban, por su lado, y estorbaban la eficacia del congelamiento salarial.  La consecuencia fue el prolongamiento de las tensiones sociales, que debilitaron al Estado e impidieron la formulación de una voluntad nacional, en la medida que ningún sector de las clases dominantes tenía fuerza suficiente para afirmar su hegemonía, sino por la violencia, y establecer un consenso, a fin de implementar un proyecto consecuente de desarrollo económico, a largo plazo.  La turbulencia de las Fuerzas Armadas, cuyas facciones siempre estaban en disputa, reflejaba, sobre un telón de fondo de la resistencia sindical y de la  oposición peronista, el estancamiento económico y o la impasse social que producían la inestabilidad político-institucional en la Argentina.  Y la baja de su PBI per cápita continuó, con un índice de 0,3%, entre 1961 y 1963, mientras azules (legalistas) y colorados del Ejército, se batían a duelo en los cuarteles y en las calles de Buenos Aires. 

Arturo Illia, un moderado de centro-izquierda, cuya campaña, con énfasis en las críticas a las imposiciones del FMI y a los contratos petrolíferos firmados por la administración Frondizi, asumiera un carácter nacionalista, ganó las elecciones, en 1964, como candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), curiosamente el único aliado civil con el que los militares de la línea dura, los colorados, habían contado.  Y a los azules, que dominaban el Ejército, no les quedó alternativa, en aquellas condiciones internas y externas, sino de asegurarle la asunción al Gobierno de la Argentina.  Sin embargo, en 1966, Arturo Illia fue derrocado y los militares asumieron directamente el poder.  La consecuencia fue el prolongamiento de las tensiones sociales y el país no superó el círculo vicioso en el que el estancamiento económico y la inestabilidad político-institucional recíprocamente se realimentaban.  La tendencia estructural al estancamiento no se revirtió.  Por el contrario, se agravó, como resultado de la política económica del Gobierno encabezado por el general Juan Carlos Onganía (1966/1970), cuyo ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, suspendió casi todas las trabas a las importaciones de manufacturados, llevando a centenas de empresas argentinas a la bancarrota y agudizando los conflictos sociales, cuyo punto culminante fue en 1969, con la eclosión del Cordobazo, el primero de una serie de levantamientos obreros en varias ciudades, y de la guerrilla urbana. La deuda externa de la Argentina ya alcanzaba entonces un monto aproximado de U$S 4 billones4. 

Frente a tal situación, las Fuerzas Armadas, en 1970, destituyeron al general Onganía.  En Marzo de 1971, el comandante en jefe del Ejército, general Alejandro Lanusse, asumió el Gobierno y procuró superar la impasse política, mediante la restauración de las instituciones democráticas, permitiendo que Perón retornara al poder, a través de elecciones, en Septiembre de 1973, con el 62% de los sufragios.  En aquella época, el propio Perón denunció que “el imperialismo y sus agentes vernáculos siguen sosteniendo la necesidad de que nos reduzcamos a continuar siendo un país de pastores y de agricultores”, aclarando que “no obedece a otra cosa la verdadera destrucción que sobre nuestra industria se viene realizando desde 1955 (...)”.  Y, luego subrayó que “los Estados Unidos no sólo no nos ayudaron sino que nos sabotearon sin solución de continuidad e hicieron todo lo posible por impedir nuestro progreso”, declaró: 

“Si consideramos que el mal de nuestros países radica expresamente en su descapitalización y su endeudamiento del que jamás se logra salir, podemos apreciar las ventajas que pueden acarrearnos las ayudas prometidas que, además, nos obligan a menudo a someternos a exigencias sociales y políticas que, por intermedio del Fondo Monetario Internacional, llegan por el conducto económico, que en manera alguna, puede justificar una entrega ignominiosa o una subordinación que raya en la infamia”5. 

Perón, mientras tanto, falleció antes de cumplir un año de asumir el gobierno (01/07/1974).  Su viuda y vice-presidente, Isabel Perón (María Estela Martínez), lo sucedió.  Pero las condiciones económicas de la Argentina enseguida volvieron a deteriorarse, al mismo tiempo en que las organizaciones de derecha y de izquierda (peronistas montoneros y trotskistas) volvieron a promover actos de terror, secuestros, ataques a cuarteles y osadas operaciones de guerrillas en Tucumán.  El gobierno de Isabel Perón, confuso y sin cohesión, fue, en tales circunstancias, derrocado por las Fuerzas Armadas (1976).  El general Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar, nombró a José Alfredo Martínez de Hoz (de la misma corriente doctrinaria de Alvaro Alsogaray y Krieger Vasena), ministro de Economía y, en medio de una sangrienta represión política, llevó adelante otro radical programa de liberalización económica, en los términos pactados con el FMI, con el objetivo, entre otros, de liquidar la base social de la CGT y del peronismo, mediante la desindustrialización de la Argentina, destinada, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, a exportar carne y cereales que podía producir con eficiencia e importar las manufacturas que necesitaba.  Sus medidas de shock, que contaron con la previa aprobación del consenso de las Fuerzas Armadas, consistieron en el congelamiento de salarios, extinción de los subsidios, reducción de los gastos públicos, privatización de las empresas estatales, liberación del crédito, de los precios, de los alquileres urbanos y arrendamientos rurales, así como de una completa apertura del mercado interno a las importaciones, con la eliminación de las tarifas aduaneras y la valorización de la tasa de cambio.  No tardaron en darse los resultados de ese programa de liberalización económica, cuya ejecución el embajador de los EUA, Robert Hill, juzgara propicia para los intereses norteamericanos y anunciara al Departamento de Estado, cerca de un mes después del golpe militar de 1976, proponiendo el apoyo del Eximbak y el respaldo para programar la deuda argentina.  En efecto,  la inflación cayó de 386% en 1976, a 150% en 1977, pero la Argentina creció apenas 1,5% y la participación de los salarios en la renta nacional, bajó, en el mismo período, a 31%, el índice más bajo desde 1935.  La junta militar, bajo la orientación de Martínez de Hoz, transfirió al sector privado, entre 1976 y 1980, cerca de 120 empresas industriales y comerciales, mientras que el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, vendieron las acciones de otras 207 empresas y redujeron su participación en más de 2976.  Y la apertura del mercado devastó, al final, a las industrias nacionales, que no pudieron competir con las mercaderías importadas del Japón y de otros países de Asia, así como de Europa y de los EUA, a bajo precio, y la participación de la industria en el PBI en la Argentina, del orden de casi 30% en 1974, decayó para 25%, en 1980, mientras la deuda externa saltaba de U$S 7,8 billones en 1975, a cerca de U$S 27,1 billones en 1980.  Ese endeudamiento, sustentado en las reservas monetarias que posibilitaban la apertura de la economía, serviría solamente, tanto para estimular formas de consumo suntuario (importaciones de artículos superfluos y de aquellos que la propia Argentina producía), así como para financiar viajes turísticos al exterior.  El incremento de acumulación de capital, a través de la compresión de los salarios, no significó, sin embargo, una mejora en las inversiones productivas, que alimentaran un nuevo ciclo de expansión de la economía.  Los excedentes, de los cuales los grandes empresarios y banqueros se apropiaran, se evadieron del país, en medio de una incontrolable especulación financiera y de la recesión industrial, dejando al pueblo argentino con la mayor deuda externa per cápita del mundo.  La industria se transformó en chatarra, el desempleo aumentó y los conflictos sociales y políticos se agudizaron.  La crisis de la deuda externa, deflagrada por Méjico en 1982, disipó la expectativa de la oligarquía rural, alimentada por Martínez de Hoz, de restaurar la Argentina bucólica e idílica, sin crisis de energía, sin falta de alimentos, sin exceso de población, sin agitación social, exportando carne y cereales e importando todo aquello que necesitaba, como a fines del siglo XIX, en la belle époque de Buenos Aires.  Pero, como bien observó Rogelio Frigerio, la Argentina quizás era “el único país que ha caminado en el sentido inverso al que sigue la historia de la humanidad: se ha desindustrializado”7.  El general Leopoldo Galtieri, intentando entonces salvar el régimen militar, invadió el archipiélago de las Malvinas.  Y al desastre económico, social y político, sumó el desastre militar.  La Argentina perdió la guerra contra Gran Bretaña, que recibió el apoyo de los EUA, no recuperó las Malvinas y el régimen militar se desmoronó.  En tales circunstancias, sin restaurar la Argentina bucólica e idílica, sin agitación social, como a fines del siglo XX, (ilusión que la crisis financiera de México a fines de 1982 terminó por disipar), las Fuerzas Armadas debieron convocar a elecciones, realizadas en 1983.

Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, venció la elección a la presidencia.  Pero, sin poder controlar la hiperinflación, pasó el Gobierno al peronista Carlos Menen, en 1989, pocos meses antes de finalizar su mandato.  Menen nombró a Domingo Cavallo ministro de Economía y trató de reestructurar la economía argentina, según el modelo neoliberal.  Su política económica, contrariando toda la doctrina de Perón, fue esencialmente la misma defendida por los liberales Alvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena y José Martínez de Hoy.  Y, a pesar del éxito inicial en el control de la inflación, dejó a la Argentina, al cabo de diez años, con una distribución de la renta igual o peor que en 1989, cuando la hiperinflación pulverizaba los salarios de los trabajadores.  Los índices de pobreza, que crecieron durante la hiperinflación de 1989, no disminuyeron a los niveles mínimos anteriores, a pesar de la estabilidad monetaria.  Y la situación financiera de Argentina también se tornó extremadamente crítica.  Su deuda externa, del orden de U$S 144,6 billones, a fines de 1999, equivalía a cerca del 50% de su PBI, estimado en U$S 271,9 billones (1998), y el progresivo y rápido agravamiento de los “déficit-gemelos” – el déficit en las cuentas externas (balanza comercial y de servicios) y el déficit en las cuentas internas del gobierno – comenzó a generar desconfianza en los inversores, tanto argentinos como extranjeros, llevándolos a suspender las inversiones directas, en portafolio o préstamos. 

La expectativa de un default en las obligaciones externas, o sea, que la Argentina dejase de cumplir sus compromisos, se volvió cierta, desde 1998, aunque obtuviese del FMI un préstamo stand-by del orden de U$S 7.4 billones.  El presidente Fernando de la Rúa, que sucedió a Menen en 1999, mostró, mientras tanto, que nada había aprendido con la experiencia ni con la historia.  Convocó a Domingo Cavallo para sacar a la Argentina del pantano en el que él mismo la hundiera.  El aumento de impuestos y los cortes presupuestarios, exigidos por el FMI, no redujeron, sin embargo, a cero el déficit fiscal, y la insistencia en la sobrevaloración del peso, enganchado al dólar por la Ley de Convertibilidad, provocarían necesariamente la explosión social y la inestabilidad política.  La crisis se agravó dramáticamente en Diciembre de 2001, cuando el FMI negó a la Argentina un nuevo financiamiento, del orden de los U$S 1.264 millones.  En medio de una violenta explosión social, con las masas en la calle, Domingo Cavallo, el artífice de la crisis, cayó del Ministerio de Economía, Fernando de la Rúa renunció a la presidencia, el poder político implotó y el esperado default aconteció.  “La esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad” – declaró Duhalde, considerando “agotado” el liberalismo que llevó a la Argentina a la bancarrota, al caos, y tornara inevitable la pesificación, o sea, el fin del currency board, que vinculara artificialmente el peso al dólar, dando a los argentinos la ilusión de que estaban viviendo en el Primer Mundo.

En Agosto de 2000, Fernando Henrique Cardoso, presidente del Brasil, diría a la prensa que no era posible dejar a la Argentina en crisis sin darle condiciones de supervivencia.  Y, haciendo alusión al FMI y al gobierno de los EUA, agregó: “La Argentina hizo todo lo que le pidieron.  Ahora será castigada?”8.  Sí.  La Argentina fue castigada exactamente porque casi todos sus gobiernos, desde la caída de Juan Perón en 1955, hicieron siempre todo lo que el FMI y el Departamento del Tesoro norteamericano determinaron, aunque la currency board (vinculación del peso al dólar) fuese una decisión de la dupla Carlos Menem – Domingo Cavallo, sin embargo aplaudida en Washington. 

De hecho, como escribió el periodista Paul Krugman, el “catastrófico fracaso” (catastrophic failure) resultó de las políticas económicas aplicadas en la Argentina con el sello – “made in Washington”. Y, no sin razón, el economista americano Jeffrey Sachs, advirtió que el país, que sigue la receta del FMI ciegamente, corre el riesgo de acabar en un abismo”.  “Lo que quiero decir es que, algunas veces, eso significa no obedecer totalmente a lo que determina el FMI” – enfatizó Jeffrey Sachs, destacando: “Basta mirar a la Argentina para ver lo que sucede”. 

Al contrario de la Argentina, sin embargo, el Brasil, nunca cumplió totalmente las recomendaciones del FMI.  Siempre resistió a las imposiciones del FMI y, por esto mismo, se desarrolló, a pesar de sus graves problemas.  Como honestamente reconoció el profesor Arthur Schelesinger Jr., que fue uno de los principales asesores del presidente Kennedy (1961/1963), “si los criterios económicos del FMI hubiesen predominado en los EUA en el siglo XIX, nuestro desarrollo económico habría sido más lento”11.  Y agregó: “Al empecinarnos en la ortodoxia fiscal de las naciones en desarrollo, quedábamos en la posición de la prostituta, que, habiéndose jubilado mediante sus economías, pasa a creer que la virtud pública exige el cierre de todos los burdeles”12.

NOTAS

1 Peterson, Harold F. La Argentina y los Estados Unidos – 1810/1960. Buenos Aires: Editora Universitaria de Buenos Aires, 1970, p. 577.

2 Discursos do presidente Juscelino Kubitschek no Palácio do Catete e no Clube Militar, in Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 18/06/1959 e 27/06/1959.

3 Entrevista do ex-presidente Juscelino Kubitshek ao Autor, Rio de Janeiro, 1971.

4 Perón, Juan D.  La Hora de los Pueblos. Buenos Aires: Pleamar, 1973, p. 27.

5 Id., ibid., p. 110.

6 Martínez de Hoz, José. Bases para una Argentina Moderna – 1976/80. Buenos Aires: s/ed., 1981, p. 51.

7 Frigerio, Rogelio. Diez Años de la Crisis Argentina. Diagnóstico y programa del desarrollo. Buenos Aires: Sudamericana-Planeta, 1983, pp. 47/48.

8 Entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso in  O Globo, Rio de Janeiro, 9 de Agosto de 2001.

9 Krugman,  Paul -  “Crying with Argentina”. The New York Times, NY, 1/1/2002^.

¹⁰http://www.bbc.co.uk/portuguese/economia/020920_sachsecors.shtml

¹¹Schlesinger Jr., Arthur – Mil dias (John Fitzgerald Kennedy na Casa Branca), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, vol. I, p. 177.