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Colombia:
guerra, conflicto histórico y solución política Miguel
Eduardo Cárdenas Rivera(*) Septiembre 2009 En la actual etapa histórica
colombiana aparecen, entre muchas otras, dos explicaciones sobre la guerra como
expresión del conflicto interno: 1) la visión de la elite sobre el peligro del
comunismo y 2) la aceptación consuetudinaria del método de la violencia,
aplicado con la intención de liquidar los conflictos sociales que amenazan
rebasar la institucionalidad. Como es sabido, en Colombia pervive
el orden con la violencia. Los métodos de control y de dominación política
persuasivos/disipativos ante su (in)eficacia dan paso o se combinan con los
coercitivos/represivos, para mantener el statu quo. (1). La derrota militar de una de las dos
partes en conflicto conduciría necesariamente a una forma de dictadura; por
tanto, la negociación política es la alternativa que podría permitir la
construcción de una democracia real. Lo evidente es que el orden impuesto sólo
favorece a una ínfima minoría; no obstante, los privilegiados no pueden gozar
del sistema que han constituido para preservar sus intereses: su orden genera
veinte mil muertos al año, y condena a la postración moral y económica a más de
las dos terceras partes de la población, estimada en 43 millones. (2). La inercia histórica de la guerra La violencia represiva opera
históricamente como un mecanismo racional y planificado para contener cualquier
intento de revolución, regular los cambios estructurales funcionales al régimen
hegemónico, y gestionar el modelo de desarrollo forzado colombiano. En efecto, la invasión española
ocasionó un genocidio de tres millones de indígenas que provocó la importación,
como esclavos, de un millón de hombres capturados en África. La «Guerra de los
mil días», entre 1899 y 1902, causó 180.000 muertos (4,3% de la población); la
guerra civil de mediados del siglo XX conocida como « La intervención imperialista por
parte del gobierno de los Estados Unidos se expresa en la «ayuda militar» al
gobierno para solucionar el conflicto interno mediante el llamado Plan
Colombia. Si bien oficialmente se declara que no se trata de un plan de guerra,
lo cierto es que procura implementar una acción contundente contra la
insurgencia en el sur del territorio, y otra fase complementaria para pacificar
el país. Por más discurso pacifista que lo sustente, el Plan Colombia es en
verdad un plan de guerra, que se ejecuta en el marco de la «doctrina Bush» de
lucha contra el terrorismo.(3). La opinión constata que el gobierno
no tiene la capacidad de orientarse en medio de la complicada situación, ni
puede, motu proprio, adelantar las reformas que se necesitan. Estas se
viabilizarían so pretexto de la negociación con la insurgencia y se
concretarían como resultado de un supuesto y futuro «acuerdo de paz». ¿Cuáles
son esas reformas? En la medida en que internamente no se tiene la capacidad
para definirlas y ejecutarlas, estas vendrán por cuenta y riesgo de la
«comunidad internacional». Así como en materia económica el Fondo Monetario
Internacional ya se hizo cargo de estos asuntos, en materia política y militar
cada día se incrementa el «intervencionismo multilateral», bajo la batuta del
Departamento de Estado norteamericano. En tanto se considera que el gobierno de
Colombia no está en capacidad de propinar una derrota a las fuerzas insurgentes
de las FARC, la ayuda militar no se le entrega sino que se ejecuta de manera
directa. (4). La mayoría de la población no está
involucrada como combatiente en el conflicto bélico, más bien trata de escapar
de la guerra. No hay conexión entre los cuerpos armados y el grueso de la
población; no hay identidad ni simpatía con sus propuestas; no se piensa que la
solución a la crisis nacional pueda provenir del triunfo de alguno de los
bandos enfrentados. Las múltiples violencias se conectan unas con otras: la
generada por las organizaciones armadas que manejan sus propias estructuras
financieras y captan ingentes recursos provenientes de diversas fuentes y
actividades según su propia naturaleza guerrillera o paramilitar, y su
intencionalidad, ya sea revolucionaria o contrainsurgente., con la urbana, la
juvenil, las milicias, los ajustes de cuentas, la producción y distribución de
narcóticos .que equivale a casi 20% de la economía., (5) la de la pobreza,
etc., conformando una espiral cada día más vertiginosa y abismal, a la que se
suma la actividad económica expresada en un incremento de 6% del Producto
Nacional anual, pero que se centraliza en pocas manos: se trata de un
crecimiento concentrador, insostenible e inequitativo. (6). Las instituciones colombianas se han
creado en un ambiente de desconfianza: sus mandatos son cortos e no re-elegibles. Por encima del Estado se
encuentran múltiples grupos que piensan que tienen más legitimidad para
defender los intereses del conjunto de la sociedad colombiana. La ilegitimidad
del Estado colombiano también se mide por el terrorismo, al que apela de manera
encubierta su aparato represivo, (7) al punto de considerar que la mejor manera
de acabar con los paramilitares es permitir que los militares atropellen los
derechos civiles. En lo estratégico, las
organizaciones armadas han conquistado territorios en los que la ley del Estado
no se aplica. No hay gobierno que pueda proyectar una política si no tiene
algún apoyo de la opinión pública. Y para ello tiene que definir principios de
largo alcance; no puede intentar aplicar modelos de pequeñas transacciones o
acuerdos. El gobierno colombiano no debería depender de lo que opina la
guerrilla, tendría que mostrar, con gestos simbólicos y medidas concretas, que
tiene una orientación estratégica, independiente de lo que acontece en la
confrontación militar; pero no ha definido principios que no se negocian, ni ha
contado con una política que no dependa de la actitud de la guerrilla. Es preciso
separar el plano de los principios del plano de lo pragmático. Por otra parte, la política
presupuestal de los sucesivos gobiernos, tal como se expresa en los gastos
militares anuales, es incongruente con un proceso genuino de paz. (8). El pago
a la deuda externa e interna equivale a siete veces lo que se destina a la
salud y la educación. Ha sido advertida la dificultad para
impulsar una negociación con el principal grupo insurgente (las FARC), dada la contradictoria
orientación de los gobiernos, en lo que se refiere a establecer una agenda para
transformar el país, y sobre esa base discutir a fondo lo que pudiera ser un
nuevo Estado social para definir el futuro del cambio. Los gobiernos, sin
excepción, hacen una política social de contenido regresivo en contravía a una
propuesta democratizadora. Es la acción gubernamental la que
termina por destruir en su confrontación con el movimiento obrero, sus
conquistas, y agrava el problema de la educación, de la salud, etc. Pero lo más
preocupante es que es la misma institucionalidad vigente la que coloca en
serías dificultades a sectores medios y populares de la población para resolver
su problema económico, en tanto incentiva a los ricos, a los poderosos; de tal
manera que resulta incongruente en términos absolutos. Que mientras se aplica
una política social regresiva, se pretenda sentar las bases para una eventual
iniciativa acordada para que el país se transforme a través de una negociación.
(9). Viabilidad estructural de un proceso de paz Es preciso interrogarse acerca de la
viabilidad estructural de un proceso de paz. La pobreza no es la explicación
absoluta de la violencia que azota a Colombia desde hace más de seis décadas.
Tampoco lo es una cierta condición cultural acompañada de una predisposición genética
al uso irracional de la fuerza. Entre los dos extremos
interpretativos hay un hecho irrefutable: el crecimiento y concentración de la
riqueza, el aumento de la pobreza y la mayor violencia contra las poblaciones
más vulnerables socialmente, conforman el retrato de la sociedad colombiana. En Colombia se profundiza una
tendencia histórica a la desigualdad social. El país ostenta uno de los coeficientes Gini más altos de 2.428 propietarios públicos y
privados poseen 53,3% del territorio registrado catastralmente, es decir, 44
millones de hectáreas, para un promedio de 18.093 por propietario, un
territorio seis mil veces más grande que el minifundio de tres hectáreas en el
que viven 2,2 millones de colombianos. En los inicios de la década de los
80 (XX), el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el
PIB era de 44%; actualmente viene cayendo de manera acelerada: en el año 2000
esta participación fue de 36,5% y en 2006 alcanzó su nivel más bajo, 32,5%. Ello significa que en las dos
últimas décadas los asalariados perdieron 11,5 puntos en la apropiación de la
riqueza anual, generada por ellos mismos. El gobierno argumenta que el
promedio de crecimiento económico ha tenido efectos significativos en la
reducción de la pobreza, en casi 10 puntos porcentuales, en lo que va del siglo
XXI (de 58% a 49%). Más de dos millones de personas
habrían salido de la pobreza. Pero la verdadera causa de este descenso debe
buscarse en los impactos de la guerra, esto es, en la eliminación y la
desaparición física de cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría
pobre, y en la diáspora de aproximadamente cinco millones de colombianos
dispersos por el planeta.(11). Estos trabajadores envían a sus familias remesas
por más de cuatro mil millones de dólares anuales, el segundo renglón en
ingreso de divisas al país. Este dinero, una vez descontados los costos
financieros, es utilizado para aliviar las necesidades básicas de sus familias. En las zonas rurales, la población
sufre la peor parte del enfrentamiento bélico. Durante el período analizado,
perdió diez puntos porcentuales en su participación en el total nacional: según
el censo de 1985, representaba 35%; en el de 2005 cayó a 25%. Todo esto, resultado
del destierro y expropiación asociados a la guerra, a la consolidación de
poderes regionales-paramilitares, a la presencia directa de empresas
transnacionales y la invasión de tropas estadounidenses, a la ejecución de
megaproyectos en marcha y a la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del
campo. Actualmente, el destierro y la expropiación afectan a alrededor de
cuatro millones de personas. De la mano de esta guerra en contra de los pobres
del campo, la concentración de la propiedad rural es alarmante. El vuelco en la
distribución de la tierra, según datos de las autoridades catastrales, ha sido
abrumador: en el último cuarto de siglo la gran propiedad (más de Para apreciar la distancia entre
ricos y pobres habría que anotar que los colombianos más ricos tienen 46 veces
más que los más pobres. En Japón, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Reino
Unido y Alemania, esa relación es de sólo seis veces, entre unos y otros.
América Latina es En la distribución del ingreso, 38%
va a los asalariados y el 62% restante está constituido por las ganancias del
capital e ingresos del Estado. El gobierno controla 36% del PIB y ocupa 10% de
la fuerza laboral, o sea, 1,3 millones de empleados. Su acción redistributiva,
a través del gasto social, es inferior a 15% del PIB. La mayor parte de ese
gasto corresponde a la burocracia del nivel central y menos de 15% a la
inversión. La estructura impositiva en Colombia es bastante regresiva (más
concentrada en impuestos indirectos –IVA- que en los directos a la propiedad y
el ingreso); los niveles de evasión y elusión de los grandes grupos económicos
alcanzan 3% del PIB. Por lo anterior, la función redistributiva del Estado es
mínima y no logra afectar los altos niveles de pobreza. Actualmente, la pobreza presenta un
perfil distinto al de hace treinta años. Es más urbana, con niveles de
educación más altos y con mayores expectativas. Colombia, al igual que todas las
sociedades capitalistas, genera amplias expectativas consumistas en sectores
populares, sobre todo en los jóvenes, que no pueden satisfacer debido a la
injusticia social y la desigualdad en la distribución de las oportunidades, lo
que se convierte en un caldo de cultivo para la violencia. La historia colombiana demuestra que
el mayor gasto en la guerra no soluciona la violencia. Ésta se volvió una forma
de funcionamiento de la sociedad colombiana, y ha propiciado redes diversas de
influencia y presión sobre la población. La violencia es parte de los negocios
en el país, de los cuales participan no sólo los directamente vinculados con
ella, sino empresarios, comerciantes, terratenientes y políticos. Mueve, por lo
menos, 8% del Producto Nacional (sumando el gasto público y privado) y emplea a
5% de la fuerza laboral, entre los distintos mercaderes de la guerra,
profesionales de la seguridad nacional, diversidad de ejércitos y cuerpos de
seguridad privada. El país tendría que preguntarse, si alcanzamos la paz, dónde
ubicará a los más de 600.000 empleados de la guerra. Existe además un nexo entre
clientelismo, corrupción y mafia, que fungen como fermentos de la violencia. La
corrupción resulta ser otra relación de intercambio, como el clientelismo, y
ambos representan una privatización de la política claramente contraria a los
principios y a las reglas de la democracia, que se constata en los fenómenos de
corrupción en el alto gobierno, y en el tráfico de influencias que caracteriza,
por ejemplo, el uso de los fondos públicos destinados a obras y servicios
sociales en los municipios y regiones y la red de asistencia social, que maneja
un considerable presupuesto para hacer inversiones. Más allá de la consonancia de las
cifras de pobreza y de violencia, y de los factores coadyuvantes referidos
anteriormente, hay un matiz que escapa a los analistas: la pobreza es, en sí
misma, violencia. Y su presencia resulta tan ominosa que en buena parte de
nosotros actúa como freno a las iniciativas para construir un país que supere
el atraso productivo, la concentración de la riqueza, la iniquidad y la
injusticia social. El sistema societal colombiano se
levanta y reproduce mediante la exclusión y la existencia de un Estado
patrimonial al servicio de las elites y grupos de poder. Una organización
social de estas características requiere, para mantenerse, de una alta dosis de
violencia y represión. La pobreza no genera la violencia, la pobreza es, en sí
misma, violencia. Violencia social. El violento es un sistema que excluye,
oprime y reprime. El gasto militar es parte de las
condiciones de producción y de reproducción, la esencia del «ambiente de los
negocios», el instrumento para crear las condiciones y mantener el «clima para
la inversión». No afecta, sino que es condición estructural para el
funcionamiento del oprobioso sistema vigente y de sostenimiento del inaceptable
statu quo. Por eso, mientras se habla de paz, la guerra se agudiza. La situación actual es muy
complicada. Hay más gente combatiendo y dispone de mejores equipos. Se ha
derramado más sangre y hay aún más sangre en juego. El aumento de la ayuda norteamericana
le ha infundido al ejército un ánimo triunfalista, por primera vez en muchos
años, y en esas condiciones los militares querrán más victorias armadas que
estarán a su alcance por los nuevos equipos de alta tecnología y los asesores. Por otra parte, el fortalecimiento
del ejército podría obligar a la guerrilla a reconsiderar sus opciones y a
optar por una negociación con el gobierno. Colombia sigue siendo uno de los
países incapaces de elaborar una historia común, en lo que se refiere a los episodios
violentos. No existe todavía una historia integrada por los colombianos de « Lo que dificulta todo es la profunda
desconfianza en el Estado enraizada en el legado decimonónico, por lo cual Todos los actores con poder
(territorial, financiero, armado) son, de alguna manera, actores políticos
reconocidos. Pero no basta tener poder para ser plenamente un actor político en
sentido democrático. En este caso, se necesita, además,
un esfuerzo de «desprivatización»; es decir, aprender que no se puede ser
reconocido como tal en tanto se piensa tener derecho a aplicar la justicia en
nombre de todos, bajo intereses ocultos y crímenes atroces. Es un problema de principios y
también de circunstancias. No se debe olvidar que, para lograr mayor peso en la
negociación, el gobierno tiene que conseguir apoyo internacional, pues la
opinión mundial cuenta hoy y acude mucho más a la idea de un deber de
intervención internacional. Los casos de Kosovo e Irak han creado un precedente
que no deja de influir en las márgenes de maniobra del gobierno colombiano. Lo
más probable, para orientar el proceso, es que se busque cómo concebir
responsabilidades políticas, bajo el control de las normas democráticas de la
sociedad en su conjunto. La ilusoria solución política por vía constituyenteEl propósito del constitucionalismo
es administrar la polémica material de la vida cotidiana, a fin de imponer un
orden racional, un esquema normativo que despliegue principios y procedimientos
de asignación de recursos y de solución de conflictos, a través de múltiples
niveles y sectores de la sociedad. Las Cartas constitucionales o Leyes
fundamentales bien pueden resultar obras de la razón, y su lenguaje aparece con
frecuencia como el ejemplo arquetípico del discurso racional que describe las
cosas como deben ser y no como son. Pero su dinamismo central, su energía, es
el conflicto civil, la batalla social, mucho más que el contrato social. Y el
Derecho mismo, a causa de su textura abierta, (12) debe ser visto en lo
sucesivo dentro de una perspectiva estratégica opuesta a los enfoques
contractualistas y funcionalistas, aún dominantes en el reino de la jurística.
De lo contrario, no es posible dar cuenta del carácter complejo, heterogéneo,
rebelde, de las relaciones sociales que el Derecho pretende concertar. Sólo mediante una nueva concepción
del Derecho y del constitucionalismo, que se abre paso ya en el ancho mundo de
las ciencias humanas, parece factible captar la naturaleza intrínsecamente
estratégica, o sea, esencial y relacional de lo social. (13). Contra la creencia subyacente de
muchas escuelas de pensamiento jurídico, el Derecho no es la paz sino la
guerra, la guerra ritual. Y el dominio del Derecho es el de un saber polémico,
una retórica estratégica, una gramática de y para la guerra civil, que es la
vida cotidiana. El culto al orden, al apelar sin tregua y sin pausa al círculo
vicioso del reformismo constitucional, y bloquear así el acceso del pueblo y de
terceras fuerzas al Estado, ha transformado a Colombia en una sociedad
violenta, que recurre una y otra vez a la guerra política (lucha bipartidista,
bandidaje popular, guerrilla ideológica) en busca de participación en la
distribución de poder, recursos, oportunidades y responsabilidades para todos.
Y sin embargo, esta dinámica ayuda a comprender por qué el país no ha tenido
una tradición significativa de caudillismo y militarismo, a diferencia del
resto de Hispanoamérica, a menos que se acepte que el formalismo jurídico es
tan solo una forma subliminal de caudillismo.(14). En una sociedad como la
colombiana, En los prolegómenos de la reforma
constitucional de 1991, se advirtió cómo en Colombia la necesaria ruptura entre
la realidad y los principios de la «democracia burguesa», llevó a consagrar los
artículos constitucionales y las normas que permiten vivir en un régimen de
excepción, como los pilares de la vida jurídica. Por consiguiente, La imposibilidad de cumplir su
propia Constitución y de respetar las conquistas populares que ha asimilado y
neutralizado, reduciéndolas a la categoría de norma, coloca al gobierno ante la
inevitable pérdida de legitimidad. Es un desgaste que tiene importantes
repercusiones políticas, pues ayuda a desnudar la verdadera naturaleza de la
opresión, y favorece el fortalecimiento de una alternativa popular. Colombia
sigue teniendo una Constitución que no se cumple, que no se puede cumplir, pero
que si se cumpliera lo único que lograría sería solidificar una sociedad sin
perspectivas para los que actualmente no las tienen. A pesar de ello y como una
paradoja, el hecho de su incumplimiento abre un terreno de lucha, al enfrentar
el poder con sus propias incongruencias. No hay cambios sustanciales en cuanto
al papel del constitucionalismo en la realidad institucional y material
colombiana. La «construcción del posconflicto»: una
salida institucional El debate sobre el post-conflicto
(16) tiene una gran pertinencia en los momentos actuales por la situación
frente a los mecanismos y procedimientos para dar terminación al conflicto, de
acuerdo con las expresiones y programas de acción presentados por el Estado
colombiano. Tal situación está ratificada por el hecho de que este carece del
monopolio de la coerción y de la recaudación tributaria. Esta situación provoca
la incapacidad de construir un orden y, con ello, de hacer cumplir las leyes de
manera efectiva. El conflicto en Colombia es tanto un
problema práctico como conceptual, y por ello hay quien asevera que necesita
madurar y llegar a una situación estratégica en la que las posturas sean claras
y las posibilidades de encontrar una salida negociada estén en posición de
facilitar una negociación directa. El problema se agrava ante el unanimismo en
las relaciones internacionales de apoyar la lucha antiterrorista, lo que
implica enfatizar la búsqueda de la seguridad dejando de lado los derechos
humanos. Este enfoque es contrario a la búsqueda de alternativas como las que
propone el Foro Social Mundial. En Colombia se ha presentado un
rebrote de la necesidad de repensar la paz, dada la política gubernamental de
acabar con la insurgencia sin solucionar las causas efectivas del conflicto.
Esto lo ratifica el criterio del presidente Álvaro Uribe (2002/2010) quien
sostiene que en el país no existe ningún conflicto armado. Una primera salida del conflicto se
puede buscar a través del «fortalecimiento institucional», propinando una
derrota a los Señores de la guerra, (17) y apostar por la ampliación de la
institucionalidad de la sociedad colombiana. Este procedimiento tiene como
objetivo lograr la estabilidad política del Estado y crear los mecanismos para
mantener la seguridad, como principio del libre ejercicio de la ciudadanía. En
ese sentido, se argumenta que no pueden existir derechos ni garantías
políticas, sociales, económicas o culturales, sin una estructura que aporte los
elementos mínimos de la seguridad, para que todos puedan vivir sin el temor a
ser secuestrados, asesinados o asaltados. Una segunda variante puede
denominarse «el post-conflicto como ampliación de la democracia», y acude a una
idea muy importante en el contexto de la lucha antiterrorista, expuesta por
Fareed Zakaria,(18) que consiste en que la única forma de mantener las
libertades y las garantías institucionales para las sociedades amenazadas por
el terrorismo es fortalecer y ampliar la democracia, pues sólo en la medida en
que las responsabilidades colectivas crezcan, crecerán los mecanismos
institucionales y se cercará el espacio para la violencia y el desorden social.
No es posible un post-conflicto pensado sin una democracia fuerte y activa, y
para tal efecto el camino del fortalecimiento institucional es ineludible. La
ampliación de la democracia y la construcción de una institucionalidad fuerte
implica que las negociaciones sobre el conflicto en las «elites dirigentes y
las de los grupos alzados en armas, sean agendas realistas». Una tercera se puede calificar como
de «llamado al realismo». Esta variante está compuesta por dos partes: una que
muestra que el Estado colombiano es el producto de una larga experiencia
histórica de fragmentación territorial e institucional, y de una extensa
división social donde la inexistencia de una sociedad nacional es amortiguada
por una gran red de islas de legitimidad. Tales islas son territorios
claramente delimitados, más identificados con zonas urbanas, y que han
convertido al Estado en una entidad básicamente urbana, imposibilitado para una
integración nacional en todo sentido. La otra parte de este argumento se dirige
a plantear que el Estado colombiano debería evaluar las posibilidades militares
reales de conducir el conflicto dentro de sus propios planes y la forma en que
puede llevar a los grupos alzados en armas a la aceptación de una negociación
de paz y la consecuente desmovilización. Este aspecto implica que el Estado
debe hacer evaluaciones reales de las condiciones del conflicto y en qué medida
le son favorables o desfavorables, para imponer una institucionalidad y un
orden posibles. Tales demandas de evaluación traen tareas adicionales con
respecto a los efectos de las relaciones entre economías ilícitas y grupos
armados, y el espectro de la política internacional que coadyuve al desarrollo
de un proceso de paz y estabilización real del país. Una cuarta es la «tradicional», que
insiste en una solución radical a las «causas que originan el conflicto». Está construida sobre dos
argumentos: la pobreza y los desajustes estructurales, que muestran la
posibilidad de que la violencia sea perpetua, y en cierta medida justificada,
por esta misma naturaleza. Esto hace insostenible cualquier proceso de
negociación de la paz y de creación de una situación de post-conflicto. Uno de
los elementos más sorprendentes entre los argumentos tradicionales es que
resurja el «problema agrario» cuando el país, en la actualidad, es urbano en
más de 76%. Es preciso abordar tres temas
adicionales, determinantes para la comprensión del problema del post-conflicto.
Uno es el de las economías ilícitas, en especial aquellas relacionadas con el
narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y el de servicios sexuales, tres
actividades altamente florecientes en Colombia. Un segundo tema de alta
sensibilidad es la incapacidad de los grupos armados para reconocer el apego de
la mayoría de la sociedad a una cierta institucionalidad, haciendo que la
violencia se justifique en sí misma. Y un tercer asunto es la dimensión
internacional de las transformaciones internas de Colombia, tanto con respecto
a los países más desarrollados, como a los más pobres, y los que la rodean. Igualmente es importante el tema de
la economía, junto con el de la estructura empresarial existente en Colombia,
justificado en sí mismo por la necesidad de generar riqueza y modelos de
transformación social auto-sostenidos. En conclusión, el asunto del
post-conflicto aún se manifiesta como un tema teórico y no como una opción
política precisa. Para llegar a una situación definida de post-conflicto es
necesario reconocer las realidades del cambio político e institucional del
Estado y la sociedad colombianos. Y también reconocer que la violencia es parte
de una profunda tradición anti-institucional que impide llegar a acuerdos y
procedimientos políticos determinados, y afinca las posiciones de los grupos
armados ilegales en una trinchera de interpretación «verdadera» de la realidad. La rasgada hoja de ruta ¿Cuáles son los elementos que están
en la base de la construcción del post-conflicto en Colombia? El primero se
centra en el carácter del conflicto armado -cómo está estructurado-, para
evidenciar las exigencias y condicionamientos de la construcción de una paz
estable. Existen limitaciones de los procesos de paz que determinan que deriven
en post-conflictos parciales. No se pueden desconocer los retos de las fuerzas
sociales en un proceso de paz, tratando de responder a uno de los déficit más
evidente de aquéllas hasta hoy, el de la participación: definir lo que podría
ser el objeto del conflicto armado y, por ende, el de la negociación (el
poder), y bosquejar los núcleos de las transformaciones y las reformas que
posibilitarían las bases de una paz estable. Usualmente, la idea de
post-conflicto se utiliza para hacer referencia a la situación resultante o
posterior a las etapas de resolución de los conflictos armados. Se entiende
como un proceso que tiene sus raíces en las mismas dinámicas del enfrentamiento
armado, con base en un método de transformación de conflictos. (19). Es un
concepto que permite hacer explícitos los intereses en juego de los distintos
actores y sectores de la sociedad, y la naturaleza de los cambios en las
relaciones de poder que conlleva la paz. En el proceso de construcción del
post-conflicto se evidencian distintas etapas; una, que encuentra sus orígenes
en la misma negociación, observando en la historia política del país el
desarrollo de distintos modelos, sin que ninguno logre constituirse en un
escenario de consolidación de una paz estable; otra, que para el caso
colombiano se propone como una transición dentro de la democracia restringida
(o régimen semi-represivo), entendida como democratización; y finalmente, la
reconstrucción, período de materialización de los acuerdos, que incluyen la
implementación de una serie de reformas políticas y socioeconómicas, los
procesos de justicia, verdad y reparación, y la concreción de los apoyos
económicos y de asistencia de origen internacional. El ejercicio pendiente es el de un
proceso de paz que supere el modelo restringido (cese al fuego y
desmovilización) y se proponga uno abierto, que incluya junto a lo anterior un
conjunto de reformas y transformaciones. Esta concepción de un proceso de paz
exige un modelo de negociación ampliado, donde el aspecto militar se negocia
entre el gobierno y la insurgencia, y las reformas las decide el conjunto de la
sociedad. La fase actual muestra las dinámicas
de degradación del conflicto y deja en cuestión las estrategias de
posicionamiento para una negociación vía correlación de fuerzas, restringidas
al campo militar. Una lectura de la estructura del enfrentamiento armado
colombiano muestra la confluencia de tres factores: los estructurales (régimen
semi-represivo, iniquidad y problema agrario), los externos (orden
internacional: «guerra contra el terrorismo» y políticas de lucha antidrogas),
y un factor contingente, el narcotráfico. Una mirada a los límites de procesos
de paz sucedidos en Colombia y a las características de sus acuerdos, conforma
otro campo temático. Las experiencias han sido parciales, restringidas y
fragmentarias en razón de que no han significado la consolidación de una paz
estable y prolongada, y en sus procedimientos se hallan resultados de
negociaciones poco significativos respecto a los conflictos sociales y
políticos que están en su base. En tales circunstancias, los acuerdos de paz a
los que han llegado distintos gobiernos y grupos rebeldes se caracterizan por
la poca o nula remoción del statu quo, en cuanto la dejación de armas por parte
de los grupos alzados, la amnistía, etc., y, en consecuencia, por la
ausencia de repercusiones sustanciales en el conjunto de la sociedad, situación
que, por su parcialidad, da origen a lo que se denomina post-conflicto
subjetivo. Para reflexionar sobre las fuerzas
sociales y una paz estable es necesario reconocer que la participación del
conjunto de la sociedad se desestima como alternativa de consensos amplios y de
legitimación hacia la transición post-conflicto. La falta de participación
social en las negociaciones de paz se convierte en un elemento de exclusión y
de conservación del poder constituido. El camino de las fuerzas sociales en
medio del conflicto enfrentaría los siguientes retos: a) lograr su
estructuración en actor político, con autonomía frente a las partes armadas e
imponiendo la negociación como la vía más equilibrada y digna de solución a la
guerra; b) promover un modelo de negociación ampliada que garantice la
participación y decisión sociales; c) construir agendas supra-sectoriales que
coadyuven a definir acuerdos nacionales no regresivos, y reforzables en el
tiempo; d) estructurar su fuerza política en un proyecto capaz de garantizar
las reformas conducentes a la transición post-conflicto. El punto central sobre el objeto de
la negociación parte de aceptar el carácter político del conflicto que, en
últimas, remite al poder (entendido en una concepción relacional que supere la
mirada instrumental). Esta manera de abordar el problema lleva a una dicotomía
en la resolución del conflicto: un nuevo contrato social o la instauración de
un nuevo poder político al que obedece; que es lo mismo que la clásica
polaridad entre lo que podría ser un nuevo Estado y un nuevo acuerdo de poder político;
sin embargo, es saludable tomar distancia de esta lectura, en cuanto ella no
reconoce la dinámica que implica la relación entre la sociedad y el Estado. Una
mejor alternativa nace de una comprensión relacional y dinámica del poder
político, en la que éste no se sitúa sólo en la institucionalidad estatal, ni
tampoco se ubica plenamente en un actor determinado, sino en un conjunto de
prácticas, escenarios y regulaciones de los órdenes político-culturales y
económico-sociales: transformaciones en el sistema de intercambios entre Estado
y sociedad. Esta lectura del poder reconoce el universo político como el que
atraviesa el espacio de la economía, la cultura, la ecología, etc. De lo
anterior se colige que es fundamental no sólo reformar el Estado, sino generar
las garantías necesarias para el tránsito del formalismo democrático a las
prácticas democráticas. (20). El objeto y la naturaleza del
conflicto armado deberían definir las agendas; sin embargo, la correlación de
fuerzas de los actores armados tiende a tornarse el mecanismo fundamental. Por
ello se debe esbozar otra manera de abordar la definición de agendas que parta
del conflicto armado como «crisis» (recurrente y no resuelta) que se manifiesta
en la relación Estado-sociedad. La definición de paz se construye
teniendo como problema central la dinámica y la interacción crisis y guerra, lo
cual implica que la agenda la defina el conjunto de la sociedad y su alcance no
se circunscriba exclusivamente a la confrontación político-militar bilateral -correlación
de fuerzas-, sino al marco de relaciones sociopolíticas multilaterales. Esta
visión asume los referentes de una paz estructural articulada con una paz
cultural. Por último, se deberían resaltar las
dimensiones prioritarias de la transformación, conducentes a la construcción
del post-conflicto en Colombia: la naturaleza del Estado y el régimen político,
el sistema de gobierno, las condiciones económicas y los derechos humanos,
estrechamente ligados con la desmilitarización de la sociedad. La naturaleza
del Estado es una dimensión relevante en cuanto comprende su carácter
interventor en temas relacionados con la distribución de la riqueza producida
por la sociedad, regulación de mercados, etc., y que aborda los problemas de
concreción material entre Estado liberal, Estado social de derecho y Estado
social. Respecto del régimen político, se trata de recomponer las estructuras y
canales permanentes de acceso a los escenarios de toma de decisiones de
repercusión general: gobierno, sistema electoral y de justicia, procedimientos
de participación, fuerza pública, entre otros. El sistema de gobierno debe
preguntarse sobre los límites del presidencialismo, no respecto al
parlamentarismo o al semi-presidencialismo, sino sobre la comprensión del
carácter incluyente y plural, requerido en una eventual transición
post-conflicto en Colombia, en función de no repetir los defectos de procesos
anteriores y consolidar una paz estable, sin debilidades. Las condiciones económicas remiten,
sin ambages, a la desaparición de los niveles de iniquidad que están en la
génesis del conflicto, y que históricamente han ido renovando y reforzando las
apariencias de la confrontación. En estrecha relación con lo anterior, la
dimensión de los derechos humanos es uno de los aspectos más sensibles que
tocan nuestra dignidad. En el caso colombiano, además de su violación
estructural, se adicionan los excesos (premeditados y no intencionados) de la
guerra -si es que la guerra per se no es ya un exceso- a manos de los grupos
para-estatales, la insurgencia y las fuerzas armadas oficiales. Esta
circunstancia también incluye, de antemano, comenzar a abordar los temas de la
justicia, la verdad y la reparación, en la empresa de disminuir ahora y evitar
luego la repetición de la tragedia humanitaria. El conflicto militar, la guerra como
proceso social y humano, no ha terminado; en Colombia la guerra no ha perdido
sus horizontes como eventual salida del conflicto. Y, a la vez, hay un consenso
nacional por la paz. En síntesis, es un proceso que se está desarrollando como
bélico y, por otra parte, hay circunstancias concretas que permiten luchar por
la paz. (*) Jurista. Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo (CEPA),
Colombia Notas (1). Medófilo Medina, «Las
continuidades de la guerra, las intermitencias de la paz», 2007, mimeo. (2). Ángel Libardo Herreño
Hernández, «El debate de la medición de la pobreza», 11 de Julio de 2007, www.voltairenet.org/ article149922.html. (3). Grupo Cruz del Sur, «América
del Sur y la doctrina Bush», http:/
/politicayactualidad.com/textos.asp?id_texto=1308 &id_seccion=11. (4). G. A. de A., «Clima ideal para
la intervención de EUA.», www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-29372-2007-
10-04.html, 4 de Octubre de 2007. (5). Gustavo Duncan, «¿El
narcotráfico, un obstáculo a la paz?», Fundación Seguridad & Democracia,
Bogotá, 2007, www.seguridadydemocracia.org. (6). Ricardo Bonilla González y
Jorge Iván González, «Bienestar y macro-economía 2002/2006: el crecimiento
iniquitativo no es sostenible», http://econpapers.repec.org/paper/col000121/
002064.htm, 30 de Junio de 2006. (7). Véase Vladimir Carrillo y Tom
Kucharz, Colombia: terrrorismo de Estado. Testimonios de la guerra sucia contra
los movimientos populares, Icaria, Barcelona, 2006. (8). Carlos Caballero Argáez, «La
estrategia de seguridad democrática y la economía colombiana: un ensayo sobre
la macroeconomía de la seguridad», www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra234.pdf,
2002. (9). Boris Salazar y María del Pilar
Castillo, La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia,
CIDSE-CEREC, Bogotá, 2001. (10). El coeficiente de Gini es una
medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini.
Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero sirve
para medir cualquier forma de distribución desigual, incluso la riqueza. Es un
número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos
tienen los mismos ingresos) y 1 con la perfecta desigualdad (una persona tiene
todos los ingresos y las demás ninguno), www.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini. (11). Según el Centro Estratégico de
Pensamiento Alternativo (CEPA), «entre 1993 y 2005 fueron asesinadas y/o
desaparecieron en el país 3,9 millones de personas; 6,3 veces más de lo que las
cifras oficiales registran por homicidios. Para el año 2005, las proyecciones
demográficas estimaban el número de habitantes de Colombia en 46 millones de
habitantes; el último Censo Nacional de Población contabilizó tan solo 42,1
millones. Fenómeno que no se explica por la diáspora colombiana -superior a
tres millones de personas-, dado que fue contada en el Censo». Véase Revista
CEPA, n.4, Bogotá, Julio-Septiembre de 2007. (12).
Herbert L. A. Hart, The Concept of Law, (13). Hernando Valencia Villa,
Cartas de batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano, CEREC,
Bogotá, 1997, pp. 19/20. (14). Íbidem, pp. 170/3. (15). Biblioteca L. A. Arango, «El
Frente Nacional», www.lablaa.org/
blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli60.htm, 2005. (16). Véase Miguel Eduardo Cárdenas
Rivera, coord., La construcción del post-conflicto en Colombia. Enfoques desde
la pluralidad, Cerec-Fescol, Bogotá, 2003. (17). Gustavo Duncan, Los señores de
la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia, Bogotá,
Planeta, 2006. (18).
Fareed Zakaria, «The Politics of Rage: Why Do They Hate Us?»,
www.fareedzakaria.com/ARTICLES/newsweek/101501_why.html. (19). Véase Eduardo Posada Carbó,
«Sobre modelos negociadores de paz», Bogotá, Fundación Ideas para (20). Véase Miguel Eduardo Cárdenas
Rivera, coord., La reforma política del Estado en Colombia, Cerec-Fescol,
Bogotá, 2005. |